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Junta de Control Fiscal lanza ultimátum al secretario de Educación

La Junta de Supervisión Fiscal emplazó a la gobernadora, Wanda Vázquez, a reabrir los comedores escolares

José Carrión III Dennis Jones

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a reabrir los comedores escolares y así cumplir con la ley establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Escribimos hoy para expresar una profunda preocupación por el mal manejo del Departamento de Educación de Puerto Rico en llevar a cabo el servicio de de comidas a los estudiantes”, expresó José Carrión en una carta enviada a Vázquez.

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De acuerdo con las Órdenes Ejecutivas implementadas por Vázquez, se ha requerido que el DE cierre las escuelas y suspender todos los servicios estudiantiles, incluyendo el servicio de comidas estudiantiles.

Sin embargo, el presidente Trump firmó la ley Families First Coronavirus Response Act, que permite a los estudiantes acceder a las comidas que sirven en las escuelas y destinó fondos para cumplir con esta orden.

El pasado 30 de marzo de 2020, la JSF envió una carta al secretario del DE, Eliegio Hernández Pérez ,pidiéndole que reanude los servicios de alimentos para estudiantes lo antes posible e hicieron claro la disponibilidad de los fondos federales.

“De manera decepcionante, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Educación nos envió una comunicación oficial de que el DE no pudo y no quiso reanudar los servicios de alimentos”, expresó Carrión.

Según Carrión, el secretario de Educación alegó que “el Departamento optó por garantizar la seguridad de todos los empleados y gestionar las necesidades de los niños a través de varios bancos de alimentos a través de Puerto Rico”.

“Esta respuesta es inaceptable y, francamente, busca traspasar las responsabilidades a las entidades no gubernamentales sin ninguna garantía de una provisión consistente y completa de desayuno y almuerzo a los niños calificados. La JSF le recuerda que garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños es la máxima prioridad, pero también reconoce la disponibilidad de regulaciones federales de seguridad”, respondió Carrión.

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