La Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) se unió al rechazo de la resolución radicada por Jorge “Georgie” Navarro, que obligaría a los patronos que ofrecen servicios a la ciudadanía durante la emergencia por la pandemia de COVID-19, a pagar tiempo y medio a sus empleados.
Felipe Hernández, presidente de la APT, manifestó que el impacto de dicha resolución sería imponer una nueva carga a las empresas, poniendo en peligro su estabilidad y por ende, los empleos que generan.
PUBLICIDAD
“En el caso de las empresas de telecomunicaciones, hemos continuado operando e invirtiendo en infraestructura para suplir la demanda de servicios de internet, que ha aumentado vertiginosamente, desde que se inició esta emergencia. Elevar los costos de nómina sería letal para muchas de ellas en momentos de fragilidad económica y pone en riesgo su salud financiera”, explicó Hernández.
La industria de telecomunicaciones se considera uno de los sectores esenciales, que están excluidos de la prohibición de operar de la orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced.
“Es imposible que se les imponga a las empresas la obligación de aumentar el pago a los empleados, pues pone en peligro la estabilidad de éstas y de los empleos que la medida pretende proteger”, expresó Hernández.
PUBLICIDAD
Hernández destacó que las empresas proveedoras de internet se han unido al llamado de la FCC para apoyar el consumidor, darle un servicio sin interrupción y ayudar al cliente en situaciones económicas difíciles, por lo que sus recaudos han disminuido.
“Desde que comenzó la emergencia hemos tenido que luchar contra medidas y proyectos de ley que claramente tienen un interés populista y no consideran que hay sectores trabajando para mantener el país a flote, que no tenemos ninguna ayuda para enfrentar la emergencia. Los líderes de nuestra industria deberíamos estar dedicando todo nuestro esfuerzo a mantener y mejorar el servicio, y no a estar luchando contra ideas absurdas, que no tienen lógica económica y que sólo retrasarán la estabilidad de la empresa privada. De aprobarse esta resolución, las consecuencias serán nefastas para las empresas y para los trabajadores que se pretende proteger”, concluyó.
