La iniciativa de cinco municipios que han decidido poner límites a sus fronteras podría incidir en los derechos individuales de la población y podrían resultar ser inconstitucionales.
Así opinaron dos expertos consultados por Metro a raíz de la determinación de municipios que buscan restringir la entrada a sus ciudades en medio de la emergencia salubrista por la pandemia del Covid-19. Al momento, los municipios de Arecibo, Lajas, San Lorenzo, Santa Isabel y Villalba han tomado medidas para establecer puntos de cotejo o para cerrar carreteras.
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Para el profesor y abogado Carlos Ramos, el cierre de carreteras en algunos municipios podría traducirse en una violación a derechos constitucionales como el derecho a la libertad de expresión, asociación, intimidad y de propiedad.
“Los municipios, igual que los territorios y los estados, tienen una obligación de proteger la salud y bienestar de sus ciudadanos. Pero lo que hagan tiene que estar autorizado por ley o por la Constitución y lo que hagan, si incide en los derechos fundamentales de las personas, tienen que ser proporcional para el problema que quiere resolver porque de lo contrario, podría ser ilegal o inconstitucional”, dijo el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
A juicio de Ramos, si en algún momento algún ciudadano o entidad impugna dichos decretos de los ejecutivos municipales, estos deberán probar ante un tribunal que restringir el acceso a sus municipios era la única alternativa para proteger a la población. “Si alguien va a al tribunal a cuestionarlo más vale que [los municipios] le puedan probar al tribunal, no solo que van a ser motivados evidentemente por intereses de salud, pero que la única alternativa que tienen para proteger a los ciudadanos de su municipio es cerrando esos accesos. Porque se trata de un issue de proporcionalidad porque si no pueden probar eso, créeme que va a ser bien difícil porque todavía faltan muchas cosas qué hacer antes de llegar a una cosa tan extrema como esa”, opinó el jurista. Ramos, asimismo, planteó que el cierre de carreteras también podría levantar una disputa en torno a la autoridad que tienen los municipios de cerrar carreteras estatales sin el aval del gobierno central.
Agregó que estos cierres podrían poner riesgo la vida y seguridad de algunas personas ya que —dependiendo en donde residan— les dificultaría el acceso a sus hogares o a buscar alimentos.
Mientras que para Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, los municipios no cuentan con una autoridad para cerrar sus municipios. “Estamos ante un área novedosa y difícil de manejar…Nunca habíamos tenido una situación de esta naturaleza. A mí me parece que los municipios no tienen autoridad alguna para cerrar los municipios”, sentenció el abogado.
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Sin embargo, estimó que los ejecutivos municipales sí cuentan con el poder de establecer puntos de cotejo similares a los bloqueos que realizan para revisar conductores que transitan bajo los efectos del alcohol.
“Si hay posibilidades de establecer bloqueos para personas que guían en estado de embriaguez, no vería grandes problemas para establecer bloqueos razonables para asegurarnos que las personas que están transitando lo hace conforme a los términos de la orden ejecutiva”, comentó.
Ayer, en entrevista con Metro, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, defendió su directriz de restringir el acceso a su pueblo y cerrar carreteras.
“Soy abogado de profesión… Y esta situación que estamos enfrentando no tiene comparación. Te puedo decir que el derecho a la vida va por encima al derecho a la libertad y que las personas tienen que comprender que cada gestión que estamos haciendo la estamos ejecutando poniendo la vida por encima de cualquier otro derecho”, indicó el alcalde.
“Si en algún momento alguien lo quiere impedir, que lo intente”, continuó.
Municipios deben pedirle permiso a DTOP
Aunque el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, no mostró objeciones a que los alcaldes decidan restringir el acceso a sus municipios, sostuvo que estos deben solicitar autorización de la agencia antes de cerrar las vías.
“En principio, este servidor apoya este tipo de iniciativas. Sin embargo, ningún alcalde puede cerrar una carretera estatal, a menos que cumpla con la aprobación o endoso del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues, para tomar una decisión como esa se requiere un análisis y la ejecución de medidas para garantizar la seguridad y el acceso a los servicios de emergencias de la ciudadanía”, comentó el funcionario mediante declaraciones escritas.
Mencionó que, hasta ayer, solo el alcalde de San Lorenzo, José Román, solicitó autorización de la agencia. Indicó además que los cierres deberán cumplir con unas guías que incluyen que los sistemas que implementan no representen un peligro para los transeúntes, que la barrera que utilicen pueda ser removida con facilidad y no se coloquen aquellas de hormigón y que establezca un espacio razonable para que transiten policías, bomberos y oficiales de emergencia. Asimismo, según Contreras, estos municipios deberán consultar con los alcaldes aledaños para asegurarse que no tienen objeción con el cierre de carreteras.
Manuel Guillama y Juan Marrero colaboraron en esta historia.
