El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, sostuvo hoy que está en manos de la gobernadora Wanda Vázquez determinar la liberación de un sector de la población correccional ante el aumento de contagios por el coronavirus en la isla.
Las expresiones del funcionario surgen tras una propuesta del senador novoprogresista Héctor Martínez para liberar a un grupo de confinados para minimizar los riesgos de contagios en las cárceles del país.
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“No estoy en posición de ofrecer una opinión al respecto porque esto es una determinación de política pública. Sí te puedo afirmar que mi Departamento está preparado para realizar cualquier tipo de análisis de la población si alguna, que se quiera impactar. Sin embargo, en momentos de emergencia el estado tiene que funcionar al unísono”, dijo Rivera Juanatey en entrevista con Metro.
Ayer el senador Martínez propuso que el gobierno puede otorgar el privilegio de libertad condicional a aquellos confinados que están en custodia mínima; los que no representen riesgo para la comunidad; aquellos que no tengan querellas de disciplina; a los que le reste poco tiempo para cumplir su sentencia; casos encarcelados por incumplimiento de ASUME; reclusos mayores de 65 años; con problemas del pulmón, con prognosis de vida de un año o enfermedades terminales, y que sean referidos mediante certificación de un médico del Departamento de Corrección.
Este medio también intentó obtener reacción de La Fortaleza, pero al momento no han respondido nuestra petición.
No obstante, el titular de Corrección señaló que el análisis para determinar qué población sería elegible podría demorarse.
“Es un trabajo exhaustivo de que tengo que examinar cada uno de los expedientes de los confinados, tengo que calcularles todas las bonificaciones que tienen, dependiendo de la fecha que pueda haber que quieran cualificar fechas de salida de confinados”, mencionó. Agregó que también deben evaluar el comportamiento del confinado y si cuentan con alguna persona que los vaya a recibir en la libre comunidad ya que serían colocados bajo el sistema de restricción domiciliaria y monitoreo electrónico.
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“No solo se puede hablar de dejar salir confinados, hay que ver ese plan de salida cuál va a ser para cada uno de ellos”, indicó, al tiempo que subrayó que la población correccional totaliza unos 8,960 confinados y confinadas y unos 102 en las instituciones juveniles.
Delinean protocolo en las cárceles
Martínez, por su parte, también mostró preocupación con el protocolo en las cárceles y cuestionó si las habitaciones de aislamiento serían suficientes para soportar un brote del Covid-19. Ante esto, Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional —entidad que administra Salud Correccional— señaló que el Centro Médico Correccional en Bayamón cuenta con ocho cuartos de aislamiento con presión negativa. Comentó, además, que dicha institución cuenta con unas 189 camas para atender a la población correccional.
Expuso que a cada empleado y confinado de nuevo ingreso se le realiza una prueba de cernimiento antes de acceder a una instalación carcelaria. Añadió que hasta el momento han realizado dos pruebas para detectar Covid-19 a dos confinados y ambas han salido negativa.
“Ahora mismo, sí [son suficientes los ochos cuartos de aislamiento]…Estamos siendo bien exigentes de cernir a los empleados y a los nuevos confinados para evitar que ese virus entre al sistema”, dijo.
Villalobos además puntualizó que en caso de que carezcan de espacio en los servicios médicos correccionales, la agencia coordinará con el Departamento de Salud para trasladar a un reo al Centro Médico ya que el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA) en Bayamón aún no está listo.
Rivera Juanatey, por su parte, indicó que en caso de que exista un caso positivo con un oficial correccional se procederá a remover a todo el personal asignado a un módulo de vivienda y la Unidad de Rápida Intervención toma control de esa área para dirigir el proceso de limpieza y desinfección del área. Luego, detalló que se identificarán oficiales correccionales de la misma región para trasladarlos a esa institución carcelaria. Sostuvo que, a diferencia de los cuarteles policiacos, no puede clausurar una unidad correccional.
El periodista Manuel Guillama colaboró en esta historia.
