En medio de la emergencia por el Covid-19, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó hoy una nueva versión de su Plan Fiscal, que incluye un aumento en los costos de matrícula a los estudiantes de la escuelas laboratorio de la institución como la escuela elemental de la UPR y University High School (UHS). Por su parte, el organismo rector suspendió por el momento los cambios al sistema de retiro de los empleados de la institución.
De acuerdo con el documento avalado por cinco miembros del ente rector, se le impondrá a los estudiantes —elemental y superior— una matrícula mensual de $300 y una cuota anual de $500, lo cual elevaría el costo a unos $3,500 anuales. Actualmente, según el documento fiscal, los estudiantes de esta escuela laboratorio no pagan matrícula mensual. Sin embargo, bajo el sistema corriente, los estudiantes de grados elementales pagan una cuota de $200 mientras que los estudiantes de la secundaria pagan $100 anuales.
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La representante claustral, Mayra Olavarria, se opuso al aumento debido a que no se consultó a la comunidad estudiantil sobre estos cambios en los costos. “[La propuesta] no trae ningún aval de ningún lugar del Recinto [de Río Piedras], no trae aval de la Junta Administrativa, nada de Senado Aacadémico, ningún anejo que nos pudiera evidenciar que eso se habló en la comunidad”, señaló la profesora durante la reunión ordinaria.
Por su parte, Walter Alomar, presidente de la JG defendió el aumento y comentó que la propuesta se originó en la propia comunidad universitaria. Sin embargo, más adelante, el propio presidente de la UPR, Jorge Haddock, reconoció que en todo caso la propuesta surgió de la administración escolar.
Alomar, asimismo, sostuvo que los incrementos en matrícula podrían ser mitigados con un fondo de becas al cual podrían tener acceso el 40% del estudiantado ya que el otro 60% tendría capacidad económica para costear el alza.
Mientras se transmitía la reunión, la presidenta del Consejo de Estudiantes de la UHS, Daniella Gibson, tronó contra los aumentos propuestos y exigió la participación estudiantil. “Exigimos un cese y desista de dicha propuesta, que además de inconstitucional, por ser una escuela pública adscrita a la Universidad de Puerto Rico, se ha llevado a cabo sin la participación de quienes recibirán el impacto de estos costos”, indicó la estudiante por medio de declaraciones escritas. La estudiante indicó que la comunidad estudiantil también aporta —por medio de la Asociación de Padres y Maestros— unos $100,000 anuales, cuotas deportivas, cuota de graduación y costos de libros y uniformes.
El Plan Fiscal ahora pasa a evaluación de la Junta de Control Fiscal (JCF). La representación estudiantil y docente de la JG intentó que se solicitara una prórroga en la entrega del documento, pero esta propuesta fue rechazada por los integrantes nombrados por el gobierno.
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Paralizan cambios al sistema de retiro
De igual manera, la Junta de Gobierno propuso cambiar el sistema de retiro de los empleados de la UPR a un plan de contribución definida y aumentar la edad de jubilación de 58 años a 65 años.
Sin embargo, detuvieron la inclusión de estos cambios debido a que el sábado pasado la Legislatura ordenó frenar cualquier enmienda al actual sistema de retiro que se rige por un plan de beneficios definidos. La medida está en espera por la firma de la gobernadora Wanda Vázquez.
Zoraida Buxó, vicepresidenta de la JG, cuestionó la suspensión de dicho cambios y aseguró que si no realizan cambios al sistema de retiro este podría quedar insolvente en 13 años. De igual forma, Alomar negó que haya un intento de destruir el sistema de retiro de los empleados de la UPR.
Los representantes del claustro y estudiantiles tampoco favorecieron los cambios al retiro y reclamaron que se convoque a la comunidad universitaria para que participe en cualquier proceso que busque reformar las pensiones.
La JCF favorece que se congele el actual sistema de retiro de la UPR y que se convierta en uno de contribuciones definidas y una reducción en los beneficios acumulados, lo cual equivaldría a que los empleados de la institución pasen a un sistema similar al de los empleados del gobierno y maestros.
Sin embargo, Alomar subrayó que los cambios no afectarían a los empleados que ya son elegibles a retirarse.
En días recientes, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) denunciaron los cambios que propone el liderato de la JG y plantearon que esto podría destruir el sistema de retiro de la institución y que no estas reformas no han sido discutidas con la comunidad universitaria.
Otras propuestas que incorpora el Plan Fiscal incluye un aumento en la aportación a la deuda con el sistema de retiro de unos $80 millones a $120 millones. Asimismo, dispone la creación de un fondo de becas que, según directrices de la JCF, deberá ser administrado por un ente privado el cual aún no ha sido seleccionado. En el 2021, de acuerdo con el documento, el fondo contaría con unos $43 millones.
Por su parte, el Plan Fiscal mantuvo el aumento de matrícula de los estudiantes subgraduados, el cual en agosto incrementará a $134 el costo del crédito hasta alcanzar a $157 el precio del crédito para el 2023 en adelante.
