Exigen cambios en el protocolo de Corrección ante situación por coronavirus

La Clínica de Asistencia Legal – Discrimen por Orientación Sexual, Identidad de Género y Género de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), hizo una serie de señalamientos ante la situación que se vive en las instituciones correccionales de Puerto Rico en medio de la crisis provocada por el coronavirus (COVID-19).

“En respuesta a la crisis a nivel mundial causada por COVID-19, la higiene y protección de nuestras poblaciones más vulnerables es urgente. Entre ellas, las personas privadas de libertad, para quienes el distanciamiento social es prácticamente imposible. Las personas confinadas tienen menos alternativas de protección que el resto de la población. No cuentan con la opción de alejarse de otras personas cuando están enfermas, con la atención médica adecuada para atender este tipo de virus, la disponibilidad de camas, ni los cuartos para el aislamiento requerido. A su vez, viven en cercana proximidad, comparten celdas, duchas, baños y otras áreas. Además, la población encarcelada tiene una gran cantidad de personas con condiciones de salud preexistentes que las coloca en mayor riesgo de sufrir consecuencias fatales de adquirir el COVID-19”, explicó la Clínica de Asistencia Legal-Discrimen por Orientación Sexual, Identidad de Género y Género de la Escuela de Derecho de la UPR a través de declaraciones escritas.

“Al tomar en consideración las clasificaciones de niveles de custodia, la cantidad de personas mayores encarceladas y aquellas personas con condiciones de salud preexistentes y/o inmunológicamente comprometidas, tenemos dentro de una población ya marginada, un grupo de personas en mayor riesgo de contagio. Según data provista por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en su más reciente informe publicado de noviembre 2019, “Perfil de la Población Confinada 2019” (en adelante, “Informe”), hay cerca de 8,000 personas confinadas en las instituciones penales del país, hombres (7663) y mujeres (263)”, detallaron.

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“El informe refleja que hay 68 mujeres en clasificación mínima y 83 en mediana, para un total de 151 mujeres confinadas que están en alto riesgo de contagio por su nivel de clasificación. Por su parte, a los hombres, el Informe refleja que hay 2,610 hombres en clasificación mínima y 2,999 en mediana para un total de 5,609 hombres confinados con mayor riesgo a contagiarse. Es decir que mas del 67 % de las mujeres confinadas y el 75 % de los hombres confinados están en nivel de custodia mediana y mínima, están en alto riesgo de ser contagio por su nivel de clasificación que corresponde a su vivienda. En cuanto al perfil de edad de la población según el Informe, hay sobre 280 personas confinadas en instituciones carcelarias del país con 60 años o más. El informe no provee data sobre condiciones médicas o personas inmunológicamente comprometidas”, indicaron.

“Sin embargo la población de confinadas históricamente ha sufrido de limitado acceso a servicios de salud y las denuncias han sido objeto de atención ante los tribunales. Ante esta epidemia es vital que el DCR identifique quiénes y cuántas mujeres y hombres bajo su custodia tienen condiciones de salud que los hacen más vulnerables ante COVID-19 como lo son la diabetes, condiciones cardiovasculares, asma y las que afectan el sistema inmunológico. El DCR debe, además, tomar las medidas de protección indicadas por las autoridades en el tema. De igual manera, deberá identificar a quienes en su población tengan 60 años o más y tomar las medidas de protección contra el contagio”, denunciaron a través de un comunicado de prensa.

“Ha circulado información preocupante y persistente a través de las redes sociales señalando múltiples denuncias sobre condiciones que impactan el contagio de COVID-19. Entre ellas: 1) no hay suficientes guantes ni mascarillas en las instituciones; 2) no hay suficientes productos desinfectantes; 3) que no están sirviendo la comida en recipientes desechables como establece el protocolo (esto afecta particularmente a la institución de mujeres); y 4) las bandejas no están siendo desinfectadas como corresponde. Las condiciones descritas no solo serían contrarias al Protocolo de Respuesta Coronavirus 2019 (COVID-19) sino que además demuestran un alarmante y negligente manejo de la crisis de la epidemia”, añadieron.

Del mismo modo Clínica de Asistencia Legal – Discrimen por Orientación Sexual, Identidad de Género y Género de la Escuela de Derecho de la (UPR), exigió al Departamento de Corrección que reexamine su protocolo para enfrentar el COVID-19 en las instituciones penales del país.

“El Protocolo de Respuesta al COVID-19 del DCR requiere ser reexaminado para que atienda información y áreas esenciales sobre los siguientes asuntos: (1) circunstancias en que se harán las pruebas a las personas confinadas, (2) protocolo en caso de que algún personal médico se contagie con el virus, (3) pasos para no violentar los derechos constitucionales de las personas confinadas, (4) protocolos con personas asintomáticas, y (5) datos y acciones a tomar con personas más susceptibles al contagio ya sea por edad o condiciones de salud preexistentes y otras preguntas guías establecidas por la American Civil Liberties Union (ACLU) para atender la población confinada”, sentenciaron.

“El DCR deberá establecer con carácter de urgencia evaluaciones para la salida temprana de aquellas personas confinadas que estén próximas a salir por haber cumplido su termino, considerando bonificaciones adicionales ante la crisis existente. También, se debe evaluar la salida temprana justificada por condiciones de salud o por su edad, circunstancias provistas por política publica existente. En cuanto a los alimentos, el Protocolo establece que se podrán servir en recipientes desechables según disponibilidad y autorización del Superintendente. Esto debe examinarse ante la importancia de higiene en estos momentos y la poca garantía que se ofrece con el manejo y limpieza de las bandejas de alimentos. El uso de recipientes desechables deberá ser obligatorio durante la crisis y hasta tanto no se pueda garantizar las condiciones de higiene que requiere el manejo de alimentos. El cuidado de la salud de las personas confinadas y de los empleados no puede condicionarse a una falta de presupuesto. En la alternativa, se debe establecer, exigir y velar por que se cumpla con la desinfección de las bandejas rigurosamente. El adiestramiento sobre el COVID-19 y las formas de protegerse deberá ofrecerse tanto a las personas confinadas como a los empleados. Durante este periodo de urgencia por COVID-19, el DCR deberá proveer facilidades y teléfonos que funcionen y libre de costo para que las personas confinadas puedan comunicarse con mas frecuencia tanto con familiares como con sus representantes legales considerando que las visitas están restringidas”, indicaron.

Finalmente, el grupo también exigió a las autoridades que detengan los “arrestos excesivos” que se han realizado como parte del protocolo del Toque de Queda ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez desde el pasado 14 de marzo como parte de los esfuerzos para mitigar el impacto del coronavirus en la isla.

“Exigimos la paralización de arrestos excesivos por delitos no violentos ya que la Policía de Puerto Rico puede citar sin necesidad de arrestar. Esto permitiría que se atiendan debidamente el grave aumento de querellas por violencia de género luego del establecimiento del toque de queda, y cualquier querella anterior que haya pendiente. A su vez, urgimos acción en cuanto a la población sumariada en las instituciones carcelarias. En cuanto a lo anterior, los funcionarios de gobierno tienen un deber de proteger a las poblaciones más vulnerables. Los fiscales de distrito tienen la capacidad de negarse a presentar cargos o abogar por la liberación previa al juicio. Los jueces podrían otorgar la libertad previa al juicio y dictar sentencias que no impliquen encarcelamiento”, lee el comunicado de prensa.

“Recalcamos nuestra preocupación debido a la alta vulnerabilidad de las personas confinadas. La falta de atención específica y con carácter urgente a los asuntos aquí planteados podría conllevar una catástrofe a magnitud incontrolable. Exponemos como ejemplo las huelgas en instituciones carcelarias en Italia y Colombia donde hubo decenas de muertos y varios heridos. Es vital que el estado adopte e implemente con urgencia las medidas dirigidas a evitar un brote masivo de COVID-19 en las instituciones carcelarias y las consecuencias previsibles de pérdida de vidas que custodian”, concluyeron.

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