El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Ariel Torres Meléndez, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que considere aprobar una “Orden Ejecutiva” o reglamentación que permita a todo titular bonafide que ostente una licencia de armas, poder portarla mientras dure la “declaración de emergencia” por el COVID-19.
A su vez, solicita que se extienda la vigencia de toda licencia de armas otorgada bajo la Ley 404-2000, según enmendada, actualmente conocida como la derogada “Ley de Armas de Puerto Rico, tal como se hizo mediante la R. C. del S. 470.
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“La realidad es que en CODEPOLA hemos recibido cientos de llamadas, y no de hombres, sino de mujeres que son enfermeras, que salen a la una y dos de la madrugada; otras que trabajan en laboratorios y otras profesiones que por la circunstancias de esta pandemia han tenido que seguir trabajando en la calle, preguntando sobre el trámite de licencias, porque están preocupados por su seguridad durante el “toque de queda”. Sienten miedo, pero tienen que salir ha trabajar y están solas”, informó.
En su misiva a la gobernadora fechada el 26 de marzo de 2020, Torres Meléndez afirmó que la actualización de dichas licencias no presupone peligro mayor alguno para la seguridad pública y si ofrece una seguridad personal, a los familiares y las propiedades de los portadores de estas, tomando en consideración que las credenciales de esos titulares obran en los récords del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Torres Meléndez resumió que “el problema es que muchos ciudadanos tienen licencia de armas, pero no la portación porque estaban esperando que entrara en vigor la nueva ley para que les saliera más económico. Lo que estoy pidiendo a la gobernadora es que, por la emergencia, como se ha hecho en otros estados de la nación norteamericana, le permita a todo tenedor de licencia que pueda portar el arma porque estas personas ya fueron adiestrados, fueron a un polígono, fueron investigados por la policía, ya compró un arma, ya ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) pasó juicio sobre esa persona en la compra de esa arma y tiene el arma en su casa. No representan un riesgo”.
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Actualmente, el proceso para obtener la licencia única, que integra licencia de armas, portación y tiro al blanco establecida bajo la nueva Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168-2020), está a la espera del Reglamento promulgado por el Comisionado de Seguridad Pública que se encuentra ante el período de aprobación en el Departamento de Estado de Puerto Rico.
“Si estuviera aprobado el reglamento y no hubiese toque de queda, los poseedores de licencia solo tendrían que llevar $100 de comprobante y tendrían el cambio a su licencia única”. Lo que queremos evitar es que la gente decente que tiene licencia, por temor a que los asalten, se eche la pistola encima, tenga que utilizarla ante un peligro inminente y se busque problemas. Necesitamos una posición del Estado autorizando al ciudadano ha defenderse y que sea cónsono con a exposición de motivos de la Ley 168-2019, ya que el ciudadano ha sido paciente, en espera del Reglamento de la Policía para hacer los trámites de forma legal”, explicó el presidente de CODEPOLA.
Recalcó que “según se le ha dado la oportunidad al ciudadano, de salir a ciertas horas para realizar comprar, ir a las citas médicas o farmacias, “no los dejen desprovistos de seguridad porque el delincuente sigue en la calle. Al igual que han habido cambios en el pago de IVU, radicación de planillas y otros asuntos”.
Torres Meléndez detalló que en algunos estados de los Estados Unidos (Florida, Luisiana, Texas y otros) ya lo han puesto en vigor para no dejar desprovisto a los ciudadanos de protección y seguridad, “en la eventualidad de que puedan surgir actividades de amotinamiento (“riot”), delincuencia emergente por la situación, o simplemente que la falta de personal de seguridad pueda poner en peligro la vida y seguridad de los que nos cuidan como lo son los profesionales de la salud y otros”. Manifestó que esta recomendación no es novel, puesto que en el Título 42 sobre Salud Pública y Bienestar Social/ Capitulo 68 sobre remedios ante desastres y declaración de estados de emergencia, el gobierno federal ya provee para tales disposiciones.
