Con el propósito de ayudar directamente a los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños afectados con el cierre provocado por la llegada del COVID-19, el portavoz alterno de la mayoría en la Cámara de Representantes, Urayoán Hernández Alvarado, anunció la radicación de una medida que establecería una moratoria de tres meses en el pago de alquiler o renta a todo negocio que emplee hasta 10 personas.
“El pueblo está sufriendo esta crisis sin precedentes y ante eso, tenemos que ser proactivos en buscar soluciones reales y viables para los problemas de nuestra gente, nuestros pequeños comerciantes puertorriqueños han sido uno de los más afectados por este cierre, no queremos que estos colapsen ante la falta de actividad económica. Por tal razón, y como un incentivo adicional, estamos proponiendo que toda empresa puertorriqueña con 10 o menos empleados en su nómina reciba una moratoria en el pago de la renta de su local hasta un período de tres meses. Esto ayudará a fomentar el pronto restablecimiento de estos negocios cuando se levante el toque de queda decretado por el COVID-19”, sentenció Hernández Alvarado.
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“En nuestra región de la montaña existen miles de pequeños negocios con propietarios puertorriqueños, como cafeterías, restaurantes, salones de belleza, áreas recreativas, ferreterías y hasta gomeras, entre otros, que están al borde de un colapso si no le extendemos la mano y esta propuesta, la cual estaremos radicando como proyecto de ley en los próximos días, va enfocada a ayudarlos directamente. No están solos”, añadió el legislador por el Distrito #26 de Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo.
Según explicó el representante, la iniciativa se uniría a otras, como la distribución de cheques de ayuda a pequeñas y medianas empresa de unos $1,500.00, la moratoria por tres meses en magos a la banca comercial, posposición hasta julio 15 en la radicación de las planillas de contribución sobre ingreso, tanto a nivel estatal como federal, moratorio sobre envió de los dineros generados por el Impuesto sobre la Venta y el Uso (IVU) y préstamos de emergencia de la Administración de Pequeños Negocios federal, entre otros, para mitigar el impacto del cierre comercial.
“El COVID-19 trastocó todo en Puerto Rico, pro particularmente a nuestro pequeños comerciantes. Durante el azote del huracán María en septiembre de 2017, sobre 4 mil negocios puertorriqueños de 10 o menos empleados cerraron sus puertas para nuca volver abrir. No queremos que eso suceda en esta crisis. La renta es una partida grande en los gastos de estos negocios y muchos no podrán pagar hasta que regresemos a la normalidad. Esta moratoria propuesta es un respiro enorme para estos empresarios locales”, finalizó diciendo Hernández Alvarado.
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