El llamado que desde hace varios días viene realizando el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (Cptspr) para que se establezca un ‘task force’ que se encargue de atender aspectos sociales en medio de la crisis por el coronavirus aún no ha recibido una respuesta de La Fortaleza.
La presidenta de la organización, Mabel López Ortiz resaltó que, hasta el momento, los esfuerzos gubernamentales parecen haberse enfocado exclusivamente en atender el elemento de riesgo a la salud física que representa el brote del Covid-19. Desde la semana pasada, la gobernadora Wanda Vázquez es asesorada por un grupo de médicos y académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
El grupo de trabajo creado para brindar alternativas al estancamiento de la actividad económica, a raíz del toque de queda, en tanto, deja en el aire muchos aspectos que, a juicio de López Ortiz, son cruciales en esta situación de emergencia.
“Hace falta la consideración de la dimensión social en el manejo de esta pandemia, desde una mirada y un plan sociosalubrista, que es la recomendación importante aquí. La dimensión económica obviamente tiene un impacto en la situación social de las familias en el país, pero todo lo que hemos escuchado es de atender la dimensión económica en el espectro amplio de la economía. No es hasta esta semana que se oye de los incentivos (económicos) para algunas familias”, dijo López Ortiz.
La trabajadora social mencionó que, desde que comenzó el periodo de toque de queda, el 15 de marzo, se han suscitado 141 incidentes de violencia de género contra mujeres, lo que considera evidencia de la necesidad de atender el ángulo social de la crisis, en momentos en que las familias están obligadas por orden ejecutiva a permanecer en sus hogares.
“Nos preocupa la violencia intrafamiliar que, en el espacio del encerramiento, estar en espacio físico todos y todas como familia, dispara las situaciones sociales. Estamos mirando el maltrato a la niñez, a la juventud, de adultos mayores y, por otro lado, el manejo del asunto de la seguridad alimentaria. Estas familias que dependían de su cheque día a día se quedan sin ese ingreso necesario para ir al menos una vez a la semana a llenar la alacena para poder subsistir. Eso es un asunto de protección social necesario de atender”, recalcó López Ortiz.
En el ‘task force’ propuesto, indicó la experta, habría representación de organizaciones como el Colegio de Abogados y sectores no gubernamentales enfocados en el tema de los derechos humanos.
Desde el 21 de marzo, unas 31 organizaciones han suscrito la misiva inicial que el Cptspr sometió a la gobernadora.
Sin embargo, luego de una conversación con una asesora de La Fortaleza el lunes en la noche, López Ortiz indicó que no han recibido alguna respuesta o comunicación adicional relacionada con la propuesta.
A lo largo del día de hoy, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, no estuvo disponible para contestar preguntas de Metro sobre la idea.
López Ortiz sí señaló que integrantes del ‘task force’ de salud se han comunicado para intentar incorporar de alguna manera las recomendaciones que pueda ofrecer el Cptspr.
Sin embargo, de continuar la inacción de parte del gobierno, López Ortiz no descartó que se cree un grupo de trabajo multisectorial para lidiar con algunas de las preocupaciones sociales que han salido a relucir durante esta epidemia.
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