Luego de tres horas de retraso, el Senado de Puerto Rico respaldó ayer las medidas propuestas por la gobernadora Wanda Vázquez para atender la crisis salubrista y estableció unas guías para la solicitud de moratorias de préstamos.
La medida —de la autoría del senador Miguel Romero— señala que toda persona afectada directamente por la emergencia del coronavirus y la orden ejecutiva de la gobernadora deberán notificar a la institución financiera que se acogerán a una moratoria que tiene validez de marzo hasta junio. “Esta moratoria operaría, una vez el ciudadano solicita o notifica la misma indicando que ha sido afectado por los efectos de la crisis que estamos viviendo por el coronavirus y [el cierre] de la Orden ejecutiva que ejecutó la gobernadora. No deja espacio discrecional a las instituciones bancarias porque opera con la mera notificación”, señaló Romero durante la discusión de la pieza legislativa en el hemiciclo.
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El proyecto fue respaldado por el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, y el senador independiente José Vargas Vidot. La medida, sin embargo, no incluye la moratoria para préstamos comerciales. Durante su turno, a pesar contar con su aval, el senador Vargas Vidot mostró preocupación en que los bancos utilicen su criterio para rechazar la moratoria en caso de no identificar el empleo del individuo en las industrias afectadas por la orden ejecutiva de la gobernadora.
El proyecto detalla que la moratoria aplicará a las instituciones bancarias autorizadas a hacer negocio en la isla. El senador Dalmau aplaudió que, aunque se exceptúa a los bancos que no están autorizados en la isla, la protección del proyecto se extiende a aquellas hipotecas o préstamos que sean revendidas en el mercado secundario.
Por su parte, el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, apoyó el proyecto y pidió a la Cámara de Representantes a respaldarla el jueves cuando dicho cuerpo celebre su sesión. “Mi llamado a los compañeros de la Cámara de Representantes es que a que la aprueban, a que robustezca esa Orden Ejecutiva de la gobernadora con una ley”, dijo el presidente legislativo.
El cuerpo legislativo, además, aprobó la resolución conjunta 493 que recoge todas las propuestas económicas anunciadas el lunes por la gobernadora que redundan en un paquete de estímulo de unos $787 millones. En esta pieza, el Senado añadió que el secretario de Hacienda podría posponer la fecha de vencimiento de cualquier cobro de contribución y que se excluya cualquier estipendio que provenga del gobierno federal en medio de la emergencia. La resolución además menciona que la Rama Ejecutiva utilizará el dinero disponible en el Fondo de Emergencia, que según el presidente senatorial totaliza los $787 millones.
El Senado también avaló una medida que permite que los asambleístas municipales puedan celebrar sus sesiones ordinarias por vía electrónica en momentos de emergencia. La sesión culminó pasadas las 8:00 p.m y se aprobaron un total de 11 medidas relacionadas a la emergencia por la pandemia del Covid-19.
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Rumbo a Fortaleza
Asimismo, entre las medidas que serán enviadas a la gobernadora para su firma figuran el Proyecto del Senado 1539 que prohíbe las desconexiones a los servicios de agua y energía eléctrica durante la declaración de emergencia debido a la pandemia del coronavirus.
La pieza legislativa original—de la autoría del senador novoprogresista William Villafañe— incluía que tampoco se podría desconectar los servicios de telecomunicaciones en medio de la crisis salubrista. Sin embargo, la Cámara de Representantes eliminó dicha disposición la semana pasada. Villafañe, sin embargo, estuvo de acuerdo con los cambios propuestos por la cámara baja y que la Federal Communications Commission (FCC) estableció el programa Keep America Connected para evitar que las compañías de telecomunicaciones desconecten los servicios durante la emergencia.
Por su parte, el Senado también aprobó —sin enmiendas— un proyecto de ley de la Cámara que dispone que todo el cuidado médico y tratamiento relacionado al coronavirus sea gratuito. Además, prohíbe a las aseguradoras médicas a cobrar a los pacientes cualquier deducible cuando se trate de un servicio médico para atender el temible virus.
