Con el objetivo de estimular la economía, tras la emergencia creada por las medidas para intentar controlar el coronavirus, la gobernadora Wanda Vázquez anunció ayer un paquete de $787 millones que serían dirigidos a individuos, empresas, agencias y municipios.
Entre los que se beneficiarían directamente de estos incentivos se encuentran los trabajadores por cuenta propia, que recibirían $500 en efectivo. Según Vázquez, este grupo de trabajadores asciende a 170,000 personas en la isla.
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Asimismo, la gobernadora, quien en el mensaje televisado estuvo acompañada de José Carrión y Natalie Jaresko, presidente y directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, anunció el pago de unos bonos a ciertos empleados que juegan un papel vital en el manejo de esta crisis salubrista. Personal de respuesta a emergencias recibirá un pago de $4,000, al igual que las enfermeras en los sectores público y privado.
Los policías, bomberos y oficiales correccionales recibirán un bono de $3,500, mientras los técnicos de salud se beneficiarían con $2,500.
Estas ayudas a individuos tendrían un costo combinado para el Gobierno de $337 millones.
Por otro lado, la primera ejecutiva, también informó que, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se tramitarán subsidios de $1,500 a todos los pequeños y medianos negocios, definidos como aquellas empresas con menos de 50 empleados.
“Tengo que decir que la cantidad que se ha propuesto para los negocios que no han podido operar me parece que no va a resolver la problemática económica que vamos a estar sufriendo los pequeños comerciantes”, dijo el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles, sobre el incentivo que, según Vázquez, representa una inyección de $60 millones. En tanto, $290 millones se destinarían a entidades públicas, entre ellos $240 millones al Departamento de Educación para compra de material tecnológico y para adiestramientos a estudiantes y maestros para continuar ofreciendo servicios académicos en línea.
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Otros $30 millones serían para cubrir la compra de emergencia de equipo y materiales en los hospitales públicos, mientras que, con otros $20 millones, el Departamento de Seguridad Pública podrá adquirir productos como guantes, mascarillas y desinfectante de manos.
Se espera que los municipios puedan acceder a un pote de $100 millones para cubrir gastos extraordinarios incurridos durante el periodo de emergencia. De acuerdo con el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, los mecanismos para determinar cómo los municipios pueden beneficiarse de ese pote no se han definido.
El cobro del impuesto de ventas y uso (IVU) en los muelles y a lo largo de la cadena de distribución se eliminará por tres meses, aunque el consumidor sí lo pagará al realizar una compra, aclaró el Departamento de Hacienda. Aún no se ha decidido cuándo comenzaría a aplicar esta disposición.
Apoyo del liderato PNP
Tanto la comisionada residente, Jenniffer González, como el presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, expresaron su respaldo a las medidas anunciadas.
“Estas ayudas… demuestran que podemos zanjar las diferencias y buscar alternativas para el bien común de Puerto Rico”, manifestó González por escrito.
“La colaboración que brinda a la banca local, el sector de las cooperativas y otros grupos de la empresa privada es admirable”, escribió, por su parte, Rivera Schatz, en sus redes sociales.
Análisis:
Heriberto Martínez, presidente de la Asociación de Economistas
¿Son suficientes las medidas presentadas ayer por la gobernadora?
Finalmente, las Ramas de gobierno se han dado cuenta de la necesidad de un paquete económico general para todos los puertorriqueños. Ahora, hay unos detalles que se tienen que dialogar antes de implementarse y evaluar las propuestas caso a caso porque hay cosas que no quedan claras. Por ejemplo, no se va a cobrar IVU en los muelles. ¿Eso significa que los ciudadanos no van a pagar IVU? (El Gobierno posteriormente aclaró que sí). También se tiene que clarificar la moratoria en la hipoteca en los próximos tres meses.
Si los números (de ayudas federales y locales) son correctos, muchas familias en Puerto Rico van a poder dormir más tranquilas en el corto plazo con respecto a las obligaciones económicas. Pero difícilmente podamos hablar de normalidad porque no sabemos hasta cuándo los negocios van a estar cerrados. Puerto Rico es un país en que el 88 % del producto nacional bruto es consumo privado de los hogares. En la medida en que tengamos la mayor parte de los comercios cerrados, no vamos a poder hablar de normalidad.
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