La Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (UIASAL), reiteró hoy su advertencia sobre el hecho de que al presente, el gobierno no ha brindado información suficiente sobre las medidas cautelares que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) está tomando para prevenir o enfrentar la posible propagación del virus COVID-19 dentro de las instituciones carcelarias del país y propuso varias medidas para mitigar la nueva emergencia sanitaria.
Según el gremio de abogados, la situación se da en momentos en que el sistema de salud correccional ha sufrido sustanciales recortes presupuestarios que han provocado una verdadera crisis humanitaria, lo que ha redundado en una significativa reducción en la prestación de salud y medicamentos a los confinados.
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“La posibilidad de propagación, a gran escala, de este virus dentro de estas instituciones es un peligro real”, advirtió el sindicato en un comunicado de prensa en el que reiteró su preocupación sobra la falta de información oficial sobre ese asunto.
El sindicato de abogados propone, entre otras cosa que el Departamento de Corrección y Rehabilitación realice con carácter de urgencia un censo de la población correccional (y personal civil), que permita identificar aquellos casos de las personas más vulnerables, tomando en consideración su edad y condiciones preexistentes de salud.
Propone, ademas, que una vez se realice el censo, en el caso de los confinados que representen mayor riesgo a la salud, y después de hacer una evaluación de peligrosidad, se permita que las personas más frágiles continuar cumpliendo su sentencia en restricción domiciliaria. Los que no sean elegibles, deberán ser ubicados en espacios donde su salud sea una prioridad.
Piden también que identificar aquellas personas confinadas que estén a punto de cumplir sus sentencias, (que les falten 100 días o menos) y después de realizar un análisis de peligrosidad, dichas sentencias se den por cumplidas y que aquellos ciudadanos que se encuentren cumpliendo por delitos no relacionados con actos violentos, y luego de una evaluación minuciosa de peligrosidad, se les permita continuar cumpliendo sus sentencias bajo restricción domiciliaria.
También proponen que la Junta de Libertad Bajo Palabra acelere las evaluaciones para permitir que aquellos confinados que se puedan beneficiar de libertad bajo palabra puedan hacer uso de dicho beneficio.
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El sindicato dijo que desconoce en estos momentos si el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene cifras sobre el por ciento de la población penal que se com pone de personas mayores de 65 años, que según la información médica disponle, es el segmento de la población más vulnerable al contagio con el virus COVID-19.
Los abogados afiliados a la UIASAL dijeron que como funcionarios principales en el sistema judicial, y garantes de los derechos civiles y humanos en el difícil proceso de asegurar representación legal a toda persona imputada de delito, “y sin pretender aleccionar a nadie, nos sentimos en la obligación de proponer varias medidas que mitiguen la nueva emergencia sanitaria que, muy probablemente, enfrentarán las cárceles de Puerto Rico”.
