Hace tres semanas la mayoría no estaba preparada ni se imaginaba lo que se le venía encima al país con la pandemia del COVIC-19. En ese momento, las actividades del país transcurrían con normalidad mientras la amenaza global aumentaba. Para esos días, el Gobierno minimizaba la posibilidad del contagio y disociaba de los datos científicos que se iban produciendo a través del mundo. Como en el huracán María y luego en el terremoto, el COVIC-19 tomó al Gobierno desprevenido y sin un plan para atender las emergencias de salud, económicas y sociales que ahora se enfrentan de forma intempestiva.
Luego de decretar el toque de queda, inmediatamente se comenzaron a levantar preocupaciones por expertos, grupos profesionales y activistas relacionados a las situaciones sociales que se exacerban con las medidas de salubridad tomadas por el Gobierno. Si bien es cierto que las medidas de distanciamiento social son las adecuadas para detener la curva de contagios, no es menos cierto que esas medidas deben ir acompañadas de una respuesta gubernamental que mitigue los efectos sociales que provoca la respuesta a la pandemia.
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Lo cierto es que la amenaza que enfrenta la salud en Puerto Rico es precisamente consecuencia de la precariedad de los determinantes sociales que la garantizan. Si no se atienden los factores sociales, el distanciamiento social tendrá factores críticos y lejos de resolver el problema, podrá agravarlo. Numerosos estudios han comprobado cómo la precariedad económica exacerba la ocurrencia de problemas sociales. Precisamente, un factor que se discute a nivel mundial es la posibilidad de una recesión global producto de los efectos que han tenido las medidas de contención para combatir la pandemia. Por tanto, la preparación para una avalancha de necesidades sociales es necesaria. En este momento, esa preparación no existe. Puerto Rico está sumamente vulnerable en su sistema de prestación de servicios sociales y de salud producto de los recortes establecidos por la situación económica y la Junta de Control Fiscal. Y para colmo, en medio de la crisis el Gobierno tiene que estar haciendo gestiones de solicitar permiso para tomar acciones que requieren ser liberadas de cualquier proceso burocrático. No hay duda, que una medida social y económica que debe trabajarse es la solicitud de emergencia para eliminar la Junta de Control de Fiscal, al menos mientras dure esta emergencia. El Gobierno debe tener la agilidad para tomar decisiones basadas en las necesidades que se vayan creando a medida que se lidia con la emergencia.
En Puerto Rico, se creó un “task force” médico y luego se anunció unas reuniones para producir paquetes de medidas de alivio económico con un grupo de expertos y organizaciones en el área financiera. Algunas de estas medidas se han tomado como producto de una fuerte presión de la prensa y otros grupos sociales. Sin embargo, notamos fuera del discurso oficial la atención a las necesidades sociales. El riesgo de maltrato infanto juvenil incluyendo el abuso sexual aumenta cuando ocurren estas situaciones. De igual forma, se dispara la violencia doméstica, el abuso a personas enfermas, con retos funcionales y a nuestros viejos y viejas.
Numerosos consultorios médicos han cerrado. El sistema de prestación de servicios de salud mental está prácticamente paralizado. El sistema de transporte público no está disponible para asistir a las personas sin movilidad privada a poder acceder a los servicios necesarios. Miles de personas dejaron de percibir salarios. Miles de negocios han cerrado sus puertas y los efectos de la crisis auguran dudas de que puedan volver a operar lejos de la crisis.
Parece tarde, pero es necesario articular una respuesta social urgente. Hay miles de organizaciones sin fines de lucro y personas desempleadas que pueden ponerse a disposición a través de líneas de llamadas que se puedan transferir a números telefónicos personales para hacer cernimientos. El país cuenta con personal profesional y adiestrado de la psicología, el trabajo social, la consejería preparado para intervenir en crisis, realizar estudios de necesidades, canalizar apoyo e intervenir en la emergencia.
Sin duda, el “task force” económico y médico es necesario. Pero un grupo de trabajo económico dirigido a las empresas y que no tome en consideración las necesidades de las personas continuará agravando la situación social y emocional de las personas. Las medidas económicas deberán abordar los pagos de hipoteca, rentas, utilidades y préstamos estudiantiles. Estas ayudas deben buscar garantizar un ingreso universal a las familias que permita tener las necesidades de alimentación, cuidado de salud e higiene garantizadas. Dentro de esta emergencia es imperativo que se eliminen todas las restricciones que pone el sistema mercantilizado de salud para que las personas puedan recibir los servicios médicos que prescriben los profesionales de la salud y no estén al arbitrio de autorizaciones y burocracia. La impresión que brinda el Gobierno es que como en otras políticas públicas la atención social se ve fraccionada. Se visualizan los problemas como si no tuvieran relación entre ellos y no se trabaja desde una integración de esfuerzos donde haya dialogo entre los diferentes componentes y se evalúe la capacidad de respuesta del gobierno. Una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es lo que se puede hacer en nuestra menguada capacidad de respuesta producto de nuestros amarres coloniales. Es momento de que se pueda hacer varias cosas a la vez y mientras se trabaja en diferentes asuntos haya comunicación e integración de esfuerzos.
Desde la necesidad de distanciamiento social se puede poner en vigor un plan de identificación y atención de las necesidades sociales e integrar los esfuerzos de salud y económicos con los retos que enfrentan las personas, familias y comunidades. Hay que identificar las personas que necesitan atención social y emocional para desarrollar la forma en que se atenderán. Algunas serán por teleasistencia, otras a través de esfuerzos comunitarios y algunos casos graves deberán habilitarse contactos de visita con las debidas precauciones. La distancia social tiene que generar espacios y servicios de proximidad como comida a domicilio, apoyo para grupos en riesgo, manejo de medidas de prevención para los casos que requieran visitas al domicilio, hacer disponibles guías de recursos disponibles a diferentes poblaciones, proveer y adiestrar en equipos de comunicación a las personas que no lo posean, crear una estructura operacional como hizo España nombrando al vicepresidente del Gobierno a cargo de la respuesta social. No se puede seguir esperando: El “Task Force” social ¿pa cuándo?
