Proponen crear paquete económico de $8,000 millones ante emergencia

En medio de la emergencia salubrista del coronavirus, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez presentó hoy un proyecto de ley el cual crea un paquete de estímulo económico de $8,000 millones tras el impacto sufrido por los terremotos de enero y la pandemia del virus COVID-19, comúnmente conocido como el coronavirus.

Los fondos provienen del fondo de reserva de la negociación de la deuda creado por la Junta de Supervisión Fiscal. No obstante, contrario a propuestas similares, esta medida no contempla un estímulo directo a la ciudadanía ante la emergencia provocada por el coronavirus.

“La economía de Puerto Rico se encontraba en plena recuperación tras más de 12 años de recesión y los azotes de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 cuando fuimos impactados con los temblores de diciembre de 2019 y el mes de enero. Luego, la economía sufrió un impacto sin precedentes con la llegada del COVID-19. No cabe la menor duda que esta situación histórica tendrá un efecto negativo en la actividad económica, es por eso hoy radicamos una medida que inyecta la suma de $8,000 millones al motor económico puertorriqueño con la creación de un paquete de estímulo local”, comentó el líder legislativo mediante un comunicado de prensa.

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De la medida se desprende, que debido al atraso en la llegada de los fondos federales de recuperación, dichos fondos asignados por el cuerpo legislativo estarán dirigidos a atender labores de reconstrucción como programas de mejoras capitales, reparación de infraestructura y de hogares.

“Mediante esta Ley, la Cámara de Representantes establece su política pública centrada en utilizar todos los recursos disponibles para atender las emergencias que han azotado al Pueblo de Puerto Rico desde septiembre de 2017 hasta hoy. Por lo tanto, los fondos serán usados para atender a las víctimas de los huracanes Irma y María y de los terremotos ocurridos entre diciembre 2019 y enero 2020. Además, podrán ser usados para atender la crisis en la economía que pudiera ocurrir por la pandemia del COVID-19”, sentenció el Presidente de la Cámara.

“Esta es una medida de avanzada que venimos trabajando junto al Presidente de la Cámara desde hace más de un mes y medio. Sabemos del impacto que ha sufrido nuestra economía por todos los eventos históricos que han sucedido, mas ahora con la llegada del coronavirus. Por tal razón entendemos meritorio inyectar dinero nuevo a la economía local para así fomentar la recuperación de nuestros pequeños y medianos comerciantes, que nuestros trabajadores tengan ingresos continuos y fomentar el flujo de capital nuevamente entre todos los sectores de nuestra sociedad”, dijo por su parte Melendéz Ortiz.

Sin embargo, esta pieza legislativa dista mucho de propuestas similares del representante del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael Hernández y del presidente de la Asociación de Economistas, Heriberto Martínez Otero. Por ejemplo, la propuesta del economista, plantea utilizar $300 millones del fondo destinado para el pago de la deuda para distribuirlo a la ciudadanía en aras de mitigar el impacto económico provocado por la pandemia del coronavirus.

“Yo preferiría que la Junta Fiscal en Puerto liberara 300 millones de dólares para que cada familia en Puerto Rico pueda recibir $300 para mitigar estos gastos, pero, si no se va a hacer de manera local, que al menos el Gobierno federal lo haga”, expuso el economista sobre la cuenta destinada al pago de deuda. Sin embargo, el portavoz de la Junta de Control Fiscal (JCF), Edward Zayas, indicó que se oponen a dicha medida ya que el ente activó el fondo de emergencia del gobierno con unos $160 millones para atender la crisis salubrista.

Contrario a dicha propuesta, la medida que propone el presidente cameral no contempla un estímulo directo a la ciudadanía. Incluso, el Congreso federal atiende una medida similar que enviaría cerca de $1,000 a cada ciudadano debido a la emergencia por el coronavirus.

Por su parte, el portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló señaló a Metro que al momento desconoce las disposiciones específicas de la medida pero advirtió que “hay que ser juiciosos” con el uso de fondos debido a la quiebra que enfrenta el país.

Medida propone crear una Junta de Gerencia

La pieza legislativa, además, establece una nueva política pública específica para el uso de estos recursos, disponiendo la creación del Programa de Uso de Fondos para Servicios de Emergencia. Se crea también la Junta de Gerencia y Control para la Recuperación enfocada en la supervisión de proyectos y medición de eficiencia en cuando al desembolso de los fondos asignados al paquete de estímulo.

“Sabemos que la infraestructura de Puerto Rico se tiene que modernizar, por eso este paquete crea el Programa Especial de Rehabilitación de Escuelas, a ser establecido por el Departamento de Educación y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, cuyo único fin es la rehabilitación de escuelas para convertirlas en modernos planteles para que nuestros niños reciban una educación de clase mundial”, destacó el Presidente Cameral.

Entre los usos permitidos de los fondos del paquete de estímulo se encuentran todas las actividades de  vivienda relacionadas a la rehabilitación y construcción de hogares, mejoras públicas, incluyendo, pero no limitándose a la reconstrucción y edificación de carreteras, puentes, calles, aceras, sistemas de acueductos y alcantarillados, y parques. También se usan para construir albergues para personas sin hogar, vivienda grupal y vivienda transitoria para damnificados.

Además, se invertirá en programas de adiestramientos y oportunidades de empleo, cuidados de salud y servicios de tratamiento contra el uso y abuso de sustancias controladas, cuido de niños y prevención de crimen, entre otros.

Otra parte de inversión se centrará en el área de rehabilitación comercial, actividades especiales de desarrollo económico, revitalización comunitaria, desarrollo económico comunitario, conservación de energía, asistencia de realojo, pago por pérdida de ingreso de alquiler, asistencia técnica a entidades públicas o sin fines de lucro para aumentar su capacidad  para llevar a cabo actividades elegibles de revitalización de comunidades o de desarrollo económico.