La Cámara de Representantes criticó ayer la falta de acción por parte del Gobierno central en identificar un hospital para atender pacientes de coronavirus, al tiempo en que se propone establecer una moratoria al impuesto al inventario esta misma semana ante la crisis salubrista.
“Nos preocupa que al día de hoy [ayer] no se tenga identificado o en funcionamiento el hospital que tanto se ha mencionado que va a ser el hospital en que van a atender todos estos posibles casos de coronavirus”, denunció el representante novoprogresista Juan Oscar Morales tras una reunión con jefes de agencia y representantes del campo de la medicina.
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Morales indicó que fue el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, quien les planteó que no han podido concretar cuál será el hospital que, finalmente, reciba a estos pacientes. Además, el Gobierno debe identificar cinco instituciones hospitalarias adicionales para atender casos. Aseguró que, a pesar de que se discutió la posibilidad de que sea el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, no se ha confirmado.
“Se nos dijo una cosa y ahora se nos dice otra, y esto fue una información que surge de esta reunión”, declaró Morales.
Tras la crítica, el Departamento de Salud —por medio de su portavoz, Eric Perlloni—dijo: “Preventivamente, ya se ha identificado un hospital que pueda atender de manera exclusiva pacientes con esta condición, así como otros mecanismos que puedan servir de apoyo a los hospitales, ante un escenario mayor al que enfrentamos en la actualidad”, indicó Perlloni en declaraciones escritas sin —nuevamente— identificar de qué hospital se trataba.
Asimismo, el legislador y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja cuestionó por qué no se han podido identificar de manera oficial los laboratorios que administrarán las pruebas de coronavirus.
Por ello, indicó que le dará un plazo de 24 horas a la secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones, para que detalle el plan de la agencia para identificar estos laboratorios, ya que estas instituciones deben ser validadas para realizar estas pruebas.
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Por su parte, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, comentó que esperan que esta semana se apruebe una moratoria al impuesto al inventario mientras dure la crisis.
“Nuestro interés es buscarle alternativa al pueblo puertorriqueño”, dijo Méndez. El impuesto al inventario implica entre $200 a $220 millones que se distribuyen a los municipios Explicó que, por el momento, no vislumbra sustituir dicho impuesto por otro para destinarlo a las arcas municipales.
Senado aprueba proyectos sobre coronavirus
El Senado probó ayer unos seis proyectos que pretenden atender la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, incluida la creación de un fondo para otorgarle $500 a familias afectadas por el virus.
La Resolución Conjunta del Senado 492 —de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz— ordena la creación de un fondo especial de unos $25 millones que provendrán del Fondo de Emergencia del Gobierno. El estipendio económico estará disponible para individuos que no participen del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y que sus lugares de empleo hayan cerrado debido a la orden ejecutiva de toque de queda y cierre ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez.
Asimismo, el cuerpo legislativo aprobó la Resolución Conjunta del Senado 491, que permite a los médicos realizar consultas y diagnósticos médicos por medio de llamadas telefónicas o video-llamadas. También autoriza al médico a enviar las recetas electrónicamente a las farmacias y obliga a los planes médicos a pagar por estas consultas.
Otra medida aprobada fue el Proyecto de la Cámara 2428, que busca otorgarles una licencia especial de cinco días con paga a los empleados del sector privado que se vean afectados por la pandemia y que hayan agotado sus días por enfermedad y vacaciones en medio de la emergencia. La versión original de la Cámara otorgaba 20 días sin paga como licencia especial. Tras ser aprobada, Méndez indicó que respaldará dichas enmiendas.
El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres denunció que dicha medida podría atentar contra la salud fiscal de los pequeños y medianos comercios. “Sé que queremos hacer justicia, pero la prisa es mala consejera… Si bien es cierto que protegemos al empleado, hay dueños de negocios que tienen tres empleados, que se les hace bien difícil mantener su negocio cuando los estamos obligando a cerrar”, objetó.
