Hace 28 años, el feminismo afroamericano en voz de Kimberlé Crenshaw acuñó el término de interseccionalidad como uno que transformó la forma en que visualizamos las desigualdades sociales.
Nos ayuda a ver cómo esas desigualdades se forman y son producidas a través de sistemas de subordinación que incluyen pero no se limitan al género, la orientación sexual, la etnia, religión, origen nacional, discapacidad y situación socioeconómica. Su enfoque inicialmente se dirigió a la evaluación y entendimiento de las desigualdades que sufren las mujeres, pero se ha ido desarrollando para estudiar a otros grupos poblacionales sujetos de opresión. En Puerto Rico, históricamente hay grupos que han sido excluidos en los procesos sociales.
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Por eso, cuando la Gobernadora ordena un “lockdown” y toque de queda para el país por 14 días, en sus instrucciones se olvidan muchos asuntos que vulnerabilizan la ya precaria situación de miles de personas en el país. Como en otras crisis, evitando unas cosas, provocamos otras de igual o peor gravedad. Estas líneas no minimizan la necesidad de tomar medidas científicas, como el aislamiento social para detener la curva de contagios por el COVID 19.
Mi única intención es poner la mirada en los grupos que históricamente han sido sujetos de marginación, opresión y que son las personas que más sufren cuando se toman estas decisiones.
Se han suspendido los servicios de transportación, aunque los supermercados y farmacias están abiertas. No es lo mismo la persona que tiene transportación privada para tramitar sus suplidos diarios de alimentos, que las personas que dependen de la transportación pública para buscar esos servicios. En esta orden se ignora cómo esas personas podrán acceder a sus medicamentos de mantenimiento, sus citas de seguimiento y otros asuntos esenciales para suplirse de sus necesidades.
No es lo mismo faltar a clase y poder conectarse a sus cursos y clases de forma virtual, que no tener conexión al internet, o computadora con cámara para poder tomar sus cursos. Tampoco es lo mismo estar en tu casa con una compañera que te respeta y valora que con uno que te humilla. No es igual estar en tu casa como empleado que sigue cobrando que como uno que simplemente no cobrará.
Al momento que escribo estas líneas hay demasiadas preguntas que la orden ejecutiva no responde. Y no las responde porque vivimos en un país que se nutre de la desigualdad. Por décadas, las políticas públicas se implementan desde los que ostentan el poder político sin mirar las necesidades sentidas de las personas. No responde a las necesidades de las personas sin hogar. No responde a las situaciones que provocan la ausencia de ingresos. Se mantiene silente a la ausencia de apoyo social que experimentan nuestros adultos mayores.
La orden no indica qué apoyo social van a tener los padres y sobre todo las madres que llevan la carga social de la crianza de sus hijos para cumplir con las tareas que la escuela envía a la casa, mientras tienen que lidiar con los trabajos que tienen que entregar de sus patronos.
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Tampoco qué van a hacer aquellas madres y padres que tienen que trabajar y los cuidos están cerrados. Hoy todavía hay silencio en cómo se lidiará con la crisis de salud de miles de personas que no tienen cobertura médica privada y tampoco cualifican para la reforma de salud. La orden no habla de cómo la salud en Puerto Rico es una mercancía accesible para aquellas personas que tengan el poder adquisitivo de comprarla.
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Los que siempre han tenido acceso a los recursos podrán comer, dormir bien, alimentarse y pagar sus casas y carros. Para los que tienen poco les toca la precarización de la desigualdad en tiempos de cuarentena.
