El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José ‘Memo’ González Mercado, anunció que estará radicando una Resolución Conjunta para ordenarle al Gobierno, utilizar a todos los miembros del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y a todos los agentes del orden público para fiscalizar el cumplimiento de la Orden Ejecutiva Núm. 23-2020.
“Puerto Rico atraviesa un situación de salud crítica ante la llega del coronavirus. En nuestro interés de proteger a la ciudadanía, se han establecido una serie de parámetros dirigidos a salvaguárdanos a todos. Es vital que los mismos se cumplan de manera completa, por eso estamos radicando esta medida que, de aprobarse, facultaría a una serie de agentes a velar por la salud del pueblo enforzando lo dispuesto en la Ornen Ejecutiva 23-2020”, comentó González Mercado, quien representa el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.
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Según explicó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), el retiro de miles de policías durante la pasada década, sumado al éxodo de oficiales a otras jurisdicciones de los Estados Unidos ha mermado la cantidad de agentes disponibles para atender situaciones inesperadas como esta.
La pieza legislativa facultaría a los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Policía de Puerto Rico, Policías Auxiliares, Policía Municipal, los agentes investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, la División para el Control de Drogas y Narcóticos, los Inspectores de Sustancias Controladas de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, los agentes investigadores de la Secretaría Auxiliar de Investigaciones del Sistema Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación, los Inspectores de la Comisión de Servicio Público, así como los alguaciles del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y de los tribunales federales con jurisdicción en todo Puerto Rico, y los inspectores de rentas internas del Departamento de Hacienda, a realizar intervenciones con todo ciudadano que viole alguno de los estipulados de la antes mencionada Orden.
El virus COVID-19, conocido como coronavirus ha alcanzado niveles tales de contagio a nivel mundial que ha sido catalogado como una pandemia. A través del mundo han sido diagnosticados unos 169,515 casos, se han registrado 6,515 muertes y 77,753 personas se han recuperado del virus. Entre los casos diagnosticados 7 % de éstos resultan ser serios o críticos.
La Orden Ejecutiva 23-2020 dispone de un “lock down” en el que todos debemos permanecer en nuestros hogares 24 horas del día los siete días de la semana entre el 15 y el 30 de marzo de 2020. Conforme a la referida orden, todos los establecimientos comerciales permanecerán cerrados. A modo de excepción se permite la apertura de supermercados, lugares de venta de comida al detal mediante entregas o servicarro, gasolineras farmacias, oficinas médicas, hospitales e instituciones de salud. En el horario entre 5:00 de la mañana y 9:00 de la noche las personas podrían salir de sus casas en camino a alguno de estos lugares o desde alguno de ellos hacia sus residencias.
Disponiendo en la sección octava que el incumplimiento de la orden conllevaría una sanción penal con una pena de reclusión que no excederá de seis meses o una multa que no excederá los $5,000.
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