La ola de corrupción que caracterizó a la administración de Ricardo Rosselló Nevares tuvo entre sus facilitadores al hoy saliente secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, demuestra una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
En medio de la emergencia y las muertes por el huracán María, una reunión decisiva ocurrió en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Gobierno de Puerto Rico. Allí estaba el cabildero y exdirector de campaña del entonces gobernador Ricardo Rosselló, Elías Sánchez.
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El encuentro, celebrado el 2 de octubre de 2017, fue el primero de carácter amplio entre los secretarios de gabinete del Gobierno de Puerto Rico y los funcionarios de respuesta del Gobierno federal. Fue convocado por Rosselló a través de un chat de Telegram, para discutir los esfuerzos de recuperación, rescate, suministros y solicitud de fondos. Tras una breve introducción, el Ejecutivo abandonó el salón 204 del Centro de Convenciones de San Juan donde ubicó el COE del 20 de septiembre hasta finales de octubre.
En su lugar, Elías Sánchez, quien no ocupaba ningún puesto en el Gobierno, se puso de pie y tomó la palabra. En su mensaje, impartió dos instrucciones directas a dos decenas de jefes de agencia allí: todos los asuntos de salud tenían que ser canalizados a través del también contratista privado, representante de la firma de contabilidad BDO, y ahora acusado federal, Alberto Velázquez Piñol; y todos los asuntos federales serían atendidos a través del cabildero Manuel “Manny” Ortiz. Ambos estaban en el salón.
Cuando Sánchez dijo que “la parte de Salud la va a correr Alberto”, algunos en el salón se preguntaron, ¿quién es el tal Alberto? Personas vinculadas a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) también se preguntaron quién era Sánchez y por qué estaba dirigiendo la reunión. La reunión fue confirmada al CPI, en entrevistas por separado, por tres jefes de gabinete que estuvieron presentes y que hablaron bajo condición de anonimato. Asimismo, el CPI tuvo acceso al mensaje de chat usado por Rosselló para convocar a sus jefes de agencia “sin ayudantes” a la reunión.
Entre ellos estaban los principales funcionarios a cargo de la salud en el país, el renunciante secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. Tras dos años y medio de desaciertos de salud pública y cuestionamientos de fuentes del CPI a su manejo de la agencia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced le retiró ayer la confianza a Rodríguez Mercado por estar insatisfecha con la forma en que el exfuncionario trabajó la emergencia por el coronavirus.
En la reunión en el COE también estaba la hoy acusada federal, directora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Ángeles “Angie” Ávila, quienes aceptaron la directriz sin reparo, según dijeron las fuentes al CPI. Por parte de FEMA, estaba el director para el Caribe, Justo Hernández, dijeron. Hernández evadió responder directamente a la pregunta de si estuvo presente en la citada reunión o en alguna reunión en la que Sánchez hubiese asumido un papel protagónico. Por él, respondió la petición de entrevista del CPI Juan Andrés Muñoz Torres, director de la Oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico, quien indicó en declaraciones escritas que para esa época “se llevaban a cabo reuniones a diario” en el COE entre el Gobierno de Puerto Rico y altos oficiales de FEMA, como Hernández, quien era el coordinador alterno de la agencia.
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“Además de los oficiales de FEMA, las reuniones eran atendidas por el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, algunos miembros de su gabinete, así como otras personas invitadas por el Gobernador”, concluyó.
Ortiz, quien se encontraba en la parte de atrás del salón, presuntamente tuvo reparos con la encomienda que le hizo Sánchez y manifestó por lo bajo que la tarea correspondía al funcionario responsable de los temas en Washington, Carlos Mercader, al momento jefe de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Mercader no estaba en el salón. Ortiz no respondió a la petición de entrevista para corroborar la información.
A preguntas del CPI sobre el suceso, Elías Sánchez contestó en declaraciones escritas que “nunca” ha “realizado expresión alguna sobre quién debe de manejar qué tema en el gobierno de Puerto Rico ni ninguna de sus dependencias”.
“Jamás he tenido relación alguna, directa ni indirecta con el Sr. Alberto Velázquez ni con el Sr. Manny Ortiz, ni mucho menos dado ‘instrucciones’ a que se trabaje algún asunto con alguna de las personas mencionadas en su pregunta. Tampoco conozco las funciones que realizó el Sr. Velázquez ni el Sr. Ortiz a las que hace referencia”, sostuvo.
Agregó que las declaraciones de las fuentes son un intento “de personas mal intencionadas de mezclar mi nombre con sujetos y asuntos con los que no tengo absolutamente nada que ver”. Existen fotos de Sánchez compartiendo con Ortiz, que fueron publicadas en su página de Facebook.
Asimismo, su esposa Valerie Rodríguez Erazo aceptó en declaraciones por separado al CPI que sí conoce a Velázquez Piñol, aunque dijo que no ha tenido una relación de trabajo con él.
“Hace varios años que no comparto o sé de esta persona”, agregó Rodríguez.
Esta no fue la única reunión de este tipo durante la emergencia del huracán en la que Sánchez, un ciudadano privado y cabildero de múltiples empresas, tuvo participación prominente, casi al nivel del Gobernador, según seis jefes del Gobierno que participaron del operativo de respuesta. En otra ocasión, por ejemplo, Sánchez estuvo sentado al lado de Rosselló en la mesa presidencial, recordȯ una de las fuentes. Según dijeron, su presencia constante en el COE en reuniones del más alto nivel era un patrón.
Estas reuniones son muestra de las dinámicas que ya se venían dando en buena parte del Gobierno de Puerto Rico desde antes de la toma de posesión de Rosselló. Las presiones e influencias de Elías Sánchez y otros allegados a la administración Rosselló en asuntos medulares y contrataciones del Gobierno de Puerto Rico, y su acceso a información privilegiada, fueron reveladas por el CPI en el julio del 2019.
Conectados impulsan contratos
El control de la segunda área con mayor presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, la salud, fue puesto en manos de la ayudante ejecutiva o “Chief of Staff” del hasta ayer Secretario de Salud, Mabel Cabeza Rivera, amiga de la esposa de Elías Sánchez, Valerie Rodríguez Erazo, indicaron al menos media docena de fuentes.
Rodríguez Erazo, reconoció que es amiga de Cabeza Rivera “hace muchos años”, pero descartó haber recomendado o incidido en su contratación en la agencia.
“Ni yo, ni mi esposo (Elías Sánchez) tuvimos absolutamente nada que ver con su contratación”, contestó a la pregunta sobre el tema.
Cabeza Rivera, quien posee un bachillerato en mercadeo y no tiene preparación relacionada a salud o administración, ha sido por los pasados tres años “la Secretaria De Facto”, mientras el Dr. Rodríguez Mercado permanecía ausente, en gran medida atendiendo casos de su práctica privada de neurocirugía. Cabeza Rivera ha manejado buena parte de las gestiones de contratación en la agencia, dijeron las fuentes.
La gestión de Rodríguez Mercado como Secretario de Salud ha sido una de las jefaturas más criticadas de esta administración de Gobierno por la pobre y desarticulada respuesta con que ha dirigido las tres emergencias de salud pública que Puerto Rico ha enfrentado desde 2017: las muertes del huracán María, el terremoto del sur, y ahora el coronavirus. La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció ayer que Rodríguez Mercado renunció a su cargo tras la insatisfacción que existía por su manejo en la emergencia por el coronavirus.
Desde el huracán María, fuentes de la industria de la salud y funcionarios del Gobierno han señalado al CPI que no entendían por qué primero Rosselló Nevares, y luego Vázquez Garced mantenían a Rodríguez Mercado en puesto. El saliente Secretario fue quien, como rector del Recinto de Ciencias Médicas, le concedió un cuestionado nombramiento fast track como catedrático a Rosselló Nevares durante el tiempo en que éste comenzaba su carrera política.
El sábado en la mañana, a horas de la renuncia forzada, Rodríguez Mercado publicó en Facebook un mensaje de apoyo de Rosselló Nevares.
Correos electrónicos y documentos internos vistos por el CPI confirman la versión de las fuentes sobre contrataciones en las agencias bajo su responsabilidad y ubican a Cabeza Rivera encaminando pedidos y contratos impulsados por Velázquez Piñol para presuntos clientes de Sánchez, de su esposa y de otros allegados a la campaña política de Rosselló Nevares. Los correos muestran que esta dinámica se dio con el conocimiento y la participación de La Fortaleza en al menos media docena de contrataciones en los ámbitos de la consultoría, tecnología y comunicaciones. La mayoría de los contratos de Salud revisados por el CPI eran suscritos por Rodríguez Mercado y la ahora secretaria interina de la agencia y entonces subsecretaria Concepción Quiñones de Longo, quien es madre de la actual secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones.
Rodríguez Mercado no accedió a contestar preguntas sobre el tema, pese a que el CPI le solicitó una entrevista insistentemente por los pasados tres meses y le envió preguntas específicas por escrito hace dos semanas. Entre las preguntas que no respondió están cuál era la necesidad de estas contrataciones en la agencia, cuál fue el proceso para seleccionar a dichas empresas y contratistas, y en concreto, cuáles fueron los trabajos realizados. Cabeza Rivera tampoco contestó las preguntas enviadas por del CPI.
Un ejemplo de la dinámica es el contrato que Velázquez Piñol impulsó para la compañía Consul-Tech Caribe, una filial de CSA Group, para la administración y manejo de los fondos federales del Programa de Zika en Puerto Rico. Rosselló apenas llevaba un mes en la gobernación y ya el exsecretario de la Vivienda y mentor de su equipo de plataforma de gobierno, Carlos Vivoni, vicepresidente de desarrollo corporativo de CSA, presentaba ésta y otras propuestas de contratación directamente a La Fortaleza. En Salud, los contratos se canalizaban a través de Velázquez Piñol con el aval de Cabeza Rivera y eventualmente del propio exsecretario Rodríguez Mercado.
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El 7 de febrero de 2017, Vivoni le escribió a la entonces secretaria de la Gobernación, Itza García, una propuesta en dos fases, firmada por el presidente de CSA, Frederick Riefkohl: (1) recopilación de datos y elaboración de un plan integrado, y (2) ejecución. Dos días después, la propuesta ya era discutida por Rodríguez Mercado y su equipo.
Un mes más tarde, el 10 de marzo, Vivoni envió una propuesta revisada al secretario Rodríguez Mercado y a García, quien ese mismo día respondió pidiendo que se agilizara el contrato.
“Me avisan si es necesario algo más, es importante que el proyecto comience a la brevedad posible”, sostuvo García en la cadena de mensajes.
Abordada sobre este correo, donde pedía la agilización del contrato de Consul-Tech/CSA, García dijo al CPI que era parte de su gestión de apoyo a la directora del natimuerto Centro de Oportunidades Federales (COF), Frances Ortiz. Según explicó, el COF era parte de la política de Rosselló Nevares de hacer más eficiente el proceso de solicitud y obtención de fondos federales y una de las prioridades de sus primeros 100 días de gobierno, por lo que solía enviar este tipo de correo a las agencias para intentar lograr su colaboración en agilizar las propuestas y proyectos. En el tracto de correos obtenido por el CPI, esta fue la única ocasión en la que García intervino.
A preguntas específicas de la propuesta del Zika, la exfuncionaria dijo que recuerda que la veían como un potencial proyecto piloto para demostrar la viabilidad del COF. No obstante, señaló que no recuerda quién hizo el primer acercamiento para la presentación, si la empresa o el Gobierno.
Dijo que después de ese primer trimestre del año 2017 no supo más del proyecto y se dio por vencida con el COF, por la resistencia al concepto que encontró en las agencias, que atribuyó a la falta de entrenamiento y autoridad de los empleados públicos y la errada política de transferir sus responsabilidades a contratistas privados. Dijo que desconocía de la presunta relación de Sánchez con CSA y que al momento no sabía quién era Velázquez Piñol, hasta que llegó el huracán María y se lo comenzó a cruzar en el COE.
Los correos evidencian cómo el contratista Velázquez Piñol, quien ni siquiera tenía contrato con Salud, sino con ASES, y era identificado en algunos intercambios electrónicos con La Fortaleza como líder del “Task Force Salud”, intervenía en asuntos medulares en la agencia, y urgió que el contrato de CSA fuera aprobado con rapidez pese a que no existía brote ni epidemia de Zika en la isla.
En ese momento, había más de $30 millones disponibles para el manejo del Zika en Puerto Rico, que debían ser usados antes de enero del 2018, según documentos y entrevistas que hizo el CPI.
“Es de suma importancia la celeridad con la que se pueda llevar a cabo la contratación pertinente”, expresó Velázquez Piñol en un correo electrónico enviado a Rodríguez Mercado y a Cabeza Rivera.
Personal de los departamentos de Salud de Puerto Rico y federal alertaron al Secretario de que el trabajo de recolección de datos y planificación propuesto por CSA para la primera fase se refería a información “fácil de conseguir” por la misma agencia y que la contratación de la compañía no era necesaria, según consta en correos examinados. Incluso, el tipo de contratación propuesta no era viable con fondos federales.
“Quería contactarle en respuesta a informaciones que hemos recibido de que algunos funcionarios en Puerto Rico están bajo la falsa impresión de que HHS, CMS y HRSA están requiriendo que una organización de gerencia de desempeño (PMO, por sus siglas en inglés) sea contratada para manejar los fondos suplementales del Zika que recibe Puerto Rico. Por favor tome nota de que nadie en HHS, CMS y HRSA ha hecho semejante solicitud. Más importante aún, dichos dineros no pueden utilizarse para costear un PMO”, le dijo por email el 29 de agosto de 2017 a Rodríguez Mercado, el director regional de Salud federal, Dennis E. González.
Sin embargo, Rodríguez Mercado aprobó la propuesta y ordenó la redacción del contrato, según copia del borrador obtenida por el CPI. En su primera etapa, la empresa proponía un análisis de 30 días que costaría originalmente $80,000, según consta en copia de la propuesta sometida a La Fortaleza en febrero de 2017. El borrador del contrato era por $60,360, ya que el restante provendría de fondos del Departamento del Trabajo, según una fuente interna.
Para la segunda fase de su propuesta de Manejo de Fondos del Zika, Consul-Tech Caribe no estimó costos, según el documento e intercambios de correos electrónicos. Solo precisó que fungiría como apoyo a la agencia en unos informes generados mediante herramientas de “manejo de programas”. Tres fuentes vinculadas al proyecto indicaron que el costo de lo que proponían sería millonario porque el funcionamiento de la herramienta que proponían dependía de que personal de la empresa lo alimentara. Se le preguntó a Riefkohl por qué no se proveyó un estimado de la segunda fase, y respondió por escrito enviando una propuesta distinta a la obtenida por el CPI, con fecha del 12 de agosto de 2017, dirigida al exsecretario Rodríguez Mercado, que estimaba las dos fases en $150,000.
Media docena de fuentes, de las altas esferas de la administración Rosselló y allegadas a CSA, han asegurado al CPI que Sánchez era cabildero de esa empresa, pero Riefkohl rechazó en entrevista con el CPI cualquier tipo de relación contractual con el cabildero.
Cuando se le preguntó la primera vez qué relación tenía con Sánchez y con Velázquez Piñol dijo, en forma terminante: “Ninguna”.
Sin embargo, cuando el CPI le habló de los correos electrónicos y testimonios obtenidos, cambió la versión. Dijo que había tenido relación con Velázquez como “representante del Departamento de Salud” y “del gobierno”, y con Sánchez “presentando nuestras cualificaciones” y que lo había visto “10 veces” en su vida.
¿Por qué CSA le presentó sus credenciales a Sánchez?, preguntó el CPI.
“Porque era el director de campaña”, contestó Riefkohl.
“Hablamos con todo el mundo de la campaña de Ricardo [Rosselló]. [Elías Sánchez] también recibió una presentación nuestra sobre nuestras cualificaciones, de quiénes somos, una firma puertorriqueña”, agregó.
Pese a que el CPI solicitó que Vivoni también estuviera presente en la entrevista, no acudió al encuentro porque no estaba disponible, según dijo Riefkohl.
En declaraciones escritas, Sánchez dijo que “jamás” ha “representado a ninguna entidad para recibir contratos con el Departamento de Salud”, ni ha mediado a favor de ninguna de las empresas con las cuáles las fuentes de la historia lo vinculan.
Añadió que con “algunas” de estas compañías “jamás” ha “tenido relación profesional de índole alguna”, ni las conoce. Asimismo, dijo que al presente no tiene relación con ninguna de ellas. No aclaró con cuáles compañías sí tuvo relaciones en el pasado.
Riefkohl validó en la entrevista que la empresa tenía acceso directo a presentar proyectos a La Fortaleza y a jefes de agencia. Sin embargo, dijo que dicho acceso responde a la reputación de la empresa y a las relaciones contractuales que han tenido en las agencias por años. A preguntas, dijo que no le parece impropio que Vivoni les sirviera de representante en estas gestiones tras haber sido figura clave en la confección del plan de gobierno de Rosselló durante la campaña.
El CPI supo que la empresa pidió presentar en La Fortaleza una propuesta para proveerle a la administración Rosselló una herramienta tecnológica para gerenciar proyectos a través de todo el Gobierno. El ejecutivo aceptó que la empresa presentó la propuesta de lo que llamó “una herramienta de gerencia de programa”, entre otras, pero insistió en que se trata del curso normal de ventas de una empresa.
“A Carlos Vivoni nosotros lo hemos tratado de contratar por 20 años. Es un profesional, es una persona recta, blanco y negro… ¿Qué tiene contactos y habilidad de pedir una reunión a un Secretario de la Gobernación, igual que cualquier persona tiene la habilidad de hacer una llamada al Secretario de la Gobernación y pedir una reunión, y así fue? Nosotros no íbamos allí, mira ábreme la puerta que vamos a entrar. No, nosotros llamábamos, nos gustaría ir a presentarles unas ideas que tenemos cuándo podríamos verlo al secretario (William) Villafañe, y a la deputy (Itza) García que tenían allí, a Ramón (Rosario). Fuimos a principios de enero a presentar nuestras cualificaciones, como a todo el mundo, quiénes somos, compañía puertorriqueña, al servicio, tenemos unas ideas, podemos ayudar a implementar para el beneficio, somos compañía, somos negocio, claro que queremos ganar dinero, en eso no hay nada malo, eso es capitalismo, pero ¿qué podemos ayudar? ¿Qué me siento orgulloso de decir que podemos ayudar? Sí. ¿Qué yo puedo ganar? Sí. ¿Qué puedo hacer las cosas mejor que los que vinieron aquí con las maletitas y las botas? Sí”, sostuvo.
En cuanto a la insistencia en la propuesta del Zika durante ocho meses por parte de CSA, Riefkohl dijo a preguntas del CPI que tuvo que ver con que había dinero federal disponible para el Zika desde la administración anterior, el que se iba a perder, y que esa información “era de conocimiento público”.
“[N]osotros vimos una oportunidad, y un deseo de no perder un dinero, porque ese dinero se había otorgado en el cuatrienio anterior y no se había utilizado… Pues dijimos, ‘oye, aquí hay $40 millones de pesos, o sea, que el Gobierno de Puerto Rico debería de utilizar para el beneficio del pueblo’. Y veíamos que como que no había tracción y que como que no se estaba moviendo y mira, pues (dijimos) vamos a ayudarlos a gerenciar un programa, el uso de ese dinero para que se implemente: pull, push, comply”, dijo en la entrevista.
No obstante, el día después de la entrevista, Riefkohl se comunicó con el CPI porque quería aclarar algunas de sus declaraciones, y envió una carta en la que cambió su versión y señaló que La Fortaleza, a través de la asesora en asuntos federales, Frances Ortiz, fue la que se comunicó con CSA para solicitarles una propuesta en el caso del Zika, y no a la inversa como había aceptado en la entrevista. El CPI tiene en su poder una propuesta firmada por Riefkohl, con fecha del 7 de febrero de 2017, dirigida por correo electrónico a la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García, no a Ortiz a quien no mencionó en la entrevista.
¿Ustedes qué expertise tenían con el Zika? , preguntó el CPI.
“De manejar programas”, respondió Riefkohl sobre el peritaje de la empresa sobre el tema.
¿El conocimiento del tema no es importante?, insistió el CPI.
“Bueno, habíamos manejado $7,000 millones en (fondos) ARRA. Herramientas, procesos y organización, eso es lo que se necesita. No se necesita saber el detalle. Es tener la capacidad de ejecución y de liderato. Hay que saber gerencia, o sea: organización, procesos y herramientas”, indicó.
Consul-Tech, explicó Riefkohl, fue establecida en 2008 por CSA Holdings -matriz de CSA Group radicada en Delaware- tras comprar una empresa de dicho nombre en Miami, como una marca para promover los servicios de consultoría de la empresa que no tengan que ver con construcción e ingeniería, especializada en desastres y búsqueda de subvenciones federales.
Finalmente, el contrato del Zika, que ya estaba en borrador, no se firmó porque llegó el huracán María el 20 de septiembre de 2017 y las prioridades cambiaron como para todo Puerto Rico, según fuentes internas. Riefkohl dijo que Salud nunca le explicó el porqué.
Seis días después, el 26 de septiembre, en medio de la emergencia, el Gobierno le firmó otro contrato a Consul-Tech ascendente a $800,000 por 90 días a través de la entonces Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastres (AEMEAD) para hacer las evaluaciones del estado de la infraestructura para distintas agencias, entre ellas el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. El contrato, que fue enmendado para alcanzar los $16.4 millones, fue cancelado repentinamente por el gobernador Rosselló después de que la entonces secretaria de Educación y ahora acusada federal, Julia Keleher, se quejara de presuntas inconsistencias entre los reportes de las evaluaciones a las estructuras y el estado real reportado por padres y maestros, dijo Riefkohl al señalar que la apreciación de la funcionaria era incorrecta. Según dijo, su personal hizo una primera ronda por las escuelas, y los padres y maestros los hicieron quedar mal porque venían detrás de ellos haciendo los arreglos y mandando fotos a Keleher.
“La Secretaria es exigente, o era, y no le gustó el trabajo o no estuvo satisfecha con el trabajo. Solo informa a La Fortaleza y el contrato se cancela”, apuntó.
Riefkohl reconoció que la compañía es agresiva en sus gestiones para buscar proyectos y contratos, e insistió en que se trata de gestiones normales en el curso ordinario de los negocios. Insistió en que las contrataciones obtenidas por CSA, incluyendo las de su filial Consul-Tech, responden a los 64 años de experiencia de la empresa en la construcción y gerencia de obra pública en Puerto Rico, Estados Unidos, y en América Latina, no a sus conexiones políticas.
Otra empresa que logró acceso VIP a Rodríguez Mercado fue Jaye, Inc., haciendo negocios como Telemedik, en asociación con la empresa estadounidense GlobalMed. Según documentos obtenidos por el CPI, en plena emergencia del huracán María, la compañía presentó a Rodríguez Mercado una propuesta de $45 millones para crear una red de telemedicina para los hospitales. La propuesta, con fecha del viernes, 15 de junio de 2018, fue aprobada y enviada con su endoso a FEMA tres días después, el lunes, 18 de junio, según consta en una carta obtenida por el CPI. El Dr. Joaquín Fernández Quintero, presidente de Telemedik, dijo desconocer por qué esta propuesta, que lleva su firma, “quedó en nada”. Dijo que quien desarrolló la misma fue GlobalMed, ya que Telemedik “no tiene la capacidad de desarrollar ese tipo de propuesta”. Sin embargo, declinó precisar quién obtuvo la cita con Rodríguez Mercado y quién hizo la presentación. Además de Fernández, representante de GlobalMed en Puerto Rico, la propuesta está firmada por Joel E. Barthelemy, fundador y CEO de GlobalMed.
Jaye-Telemedik, ha tenido $516,000 en contratos con Salud bajo esta administración y $2.5 millones adicionales con la Administración de Familias y Niños.
Otra empresa introducida a Salud por allegados a la campaña política de Rosselló Nevares fue The Raevis Group, creada en mayo de 2016 por John Raevis Torres, un donante de la campaña a la gobernación de Rosselló y exempleado de la agencia publicitaria De La Cruz, famosa por manejar la campaña del exgobernador Luis Fortuño y por sus vínculos con el Partido Nuevo Progresista en la pasada década. La compradora de medios de Raevis es Mari Carmen López, que tenía el mismo rol en la campaña de Ricardo Rosselló y en su administración de gobierno a través de su empresa Kaizen Media LLC. Kaizen era subcontratada por las empresas del publicista y asesor de Rosselló, Edwin Miranda, quien es objeto de una investigación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) junto a Rosselló, por su participación en el chat de Telegram. Las 889 páginas conocidas del chat fueron reveladas por el CPI en julio de 2019 y provocaron la renuncia del exmandatario y de su círculo allegado de asesores y funcionarios de gobierno.
A preguntas del CPI sobre si Raevis está relacionada de alguna forma al publicista Edwin Miranda o a sus empresas, Raevis Torres dijo en declaraciones escritas que la compañía “no mantiene ni ha mantenido relación de negocios” con Miranda. Confirmó que tiene contratada a Kaizen Media “para optimizar la negociación, planificación y compra de medios de nuestro portfolio de clientes”.
Raevis Torres no respondió directamente la pregunta sobre quién dio la fianza para que su firma pudiese comenzar a contratar con el Gobierno, a menos de un año de su creación. Tampoco contestó cómo The Raevis Group llegó al Gobierno y obtuvo todos sus contratos.
El Gobierno exige a las agencias de publicidad que contrata una fianza, que no es otra cosa que una prueba de capacidad financiera ante la gran inversión que tienen que hacer en compras de pautas publicitarias a nombre del Gobierno antes de que dicho dinero se les reembolse. El publicista sostuvo que al presente su empresa tiene “excelente solidez financiera” y que en su compañía no acostumbran a “divulgar información financiera propia, ni de nuestros clientes públicos ni privados, sin su consentimiento”.
Kaizen está domiciliada en un edificio propiedad de Edwin Miranda en Guaynabo, donde estuvieron en el pasado las oficinas de KOI. Cuatro fuentes de la industria publicitaria sostienen que Miranda está vinculado a dicha empresa y a Raevis, que tiene contratos vigentes con la administración de la gobernadora Wanda Vázquez. Ambas compañías son sociedades de responsabilidad limitada, por lo cual la información sobre los propietarios y oficiales no es pública.
Raevis Torres dijo al CPI que es el único accionista de su empresa. Miranda no respondió preguntas sobre el particular enviadas por mensaje de texto a su celular.
Según dijeron tres fuentes, al momento de su creación, Raevis no tenía la solidez financiera que requiere una agencia de publicidad que maneja cuentas de Gobierno. La empresa tiene $23.6 millones en contratos en esta administración, de los cuales $19 millones corresponden a agencias de la sombrilla de Salud, incluyendo a ASES. De estos, $14.4 millones corresponden al Departamento de Salud.
Otros contratos cuantiosos concedidos a allegados a los asesores de confianza de Rosselló Nevares en el ámbito de las comunicaciones son los encargados de prensa y comunicaciones del Secretario y de la agencia, Peter Quiñones Feliciano y Eric Perlloni Ayalón, respectivamente. Los asesores, quienes manejan comunicaciones públicas desde sus cuentas no oficiales de correo electrónico, fueron ubicados en el Departamento de Salud por el exasesor de prensa de Rosselló y también miembro del WRF chat de Telegram, Carlos Bermúdez Urbina, indicaron tres fuentes. Ambos siguen con contratos vigentes con Salud y Perlloni, quien firma correos como “Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Salud”, también representa a clientes privados – incluyendo a un aspirante al Senado por el PNP y artistas –- a través de su empresa Creactivo Media Solutions. Quiñones ha tenido $360,000 en contratos y Perlloni $317,450 desde febrero de 2017 al presente.
Otros contratos cuestionables
Desde temprano en la administración, Rodríguez Mercado también concedió millonarios contratos en el ámbito de la consultoría y de la tecnología a empresas allegadas al matrimonio de Elías Sánchez y Valerie Rodríguez. Una de estas empresas presuntamente fue London Local Services Puerto Rico, cliente de Sánchez según una fuente interna, que fue beneficiada con casi $1.2 millones en contratos en un periodo de nueve meses en 2018. Rodríguez Mercado no estuvo disponible para precisar qué fue lo que hizo la empresa bajo dicha contratación, pero la fuente indicó que fue contratada para hacer lo mismo que hacía ya en la agencia Velázquez Piñol, a través de su contrato con ASES. El contrato de London Local apoya dicha versión ya que indica que venían a hacer una reingeniería para lograr mayores eficiencias en la agencia.
El CPI intentó solicitar una reacción al presidente y representante de London Local, Francisco Luzio Ruiz, quien ha firmado contratos a nombre de la empresa incorporada en septiembre de 2016, pero el número que tiene listado no fue respondido y no permite dejar mensajes. Luzio Ruiz pone como domicilio Dorado Beach East, la misma urbanización que Valerie Rodríguez registró para su empresa CDO Group en su más reciente informe al Departamento de Estado de Puerto Rico.
Rodríguez, quien aún mantiene $317,000 en contratos vigentes con el Gobierno de Puerto Rico, negó tener relación con esta empresa y las demás mencionadas en esta historia.
Por otra parte, las compañías Truenorth Corporation y Microsoft Caribbean, que han sido identificados por fuentes y documentos como clientes de Sánchez, también obtuvieron contratos para trabajos en el DS. Truenorth obtuvo 16 contratos y enmiendas con la agencia ascendentes a $4.4 millones para servicios de procesamiento de datos y de administración, operación y mantenimiento. En el caso de Microsoft, el contrato por $11.5 millones fue firmado por la OGP para trabajos en cinco agencias, incluyendo Salud. A nivel de todo el Gobierno, Truenorth ha mantenido sobre $57 millones en contratos en lo que va de cuatrienio. Las contrataciones de Microsoft, criticadas públicamente como excesivas e innecesarias por dos expertos que han ocupado el puesto de Principal Oficial de Informática del gobierno bajo dos partidos distintos – Giancarlo González y Luis Arocho – han alcanzado los 41 contratos y enmiendas que suman más de $123 millones.
Por otro lado, Manpower, una compañía de contratación de empleados, obtuvo $7.5 millones en contratos en Salud durante la administración Rosselló Nevares. Según dos fuentes internas, Manpower ha sido utilizada por administraciones de gobierno de ambos partidos principales – Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático – para evitar seguir las reglas de contratación de Salud y la Ley de Ética Gubernamental. Este mecanismo ha permitido traer familiares y amigos a trabajar a la agencia, frecuentemente pagando sueldos mayores a las escalas internas.
Por ejemplo, Lumary Cabeza, hermana de Mabel Cabeza, fue ubicada en la Oficina del Programa Medicaid a través de Manpower, facturando más de $70 la hora, según tres fuentes consultadas. Salud no respondió un pedido de entrevista para confirmar el dato, pero el CPI encontró a Lumary Cabeza en documentos oficiales representando a Salud a nombre de Medicaid y pudo corroborar que continúa en la dependencia al presente.
Gran parte de los contratos de Manpower provienen de fondos federales y, presuntamente, hay empleados contratados para trabajar en determinada dependencia u oficina, pero son enviados a otras. La portavoz de Manpower, Diandra Fournier, no respondió la llamada, ni el correo electrónico del CPI para una reacción.
Otro contratista metido en Salud
Además de la presencia constante y dominante que tuvo Velázquez Piñol en Salud, otro contratista privado de la agencia rondaba reuniones oficiales del gobierno, con autoridad. Se trata de una persona identificada como Roberto González Maldonado, quien venía acompañando al exsecretario Rodríguez Mercado con contratos desde que este era rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Entre las personas que han expresado reparos en torno a la presencia de González Maldonado en reuniones para manejo de emergencias con los jefes del Gobierno, estuvo el exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, quien dijo a su salida del puesto que le dejó saber al secretario de Estado, Elmer Román, que no estaba de acuerdo con su presencia en dichas reuniones.
El CPI intentó obtener una reacción de Gónzalez Maldonado, pero éste no respondió los números que aparecen en sus registros corporativos.
Según el registro de contratos del Contralor, González Maldonado – quien contrata a nombre de una empresa llamada RA González & Associates LLC – tuvo $173,000 en el RCM de 2011 a 2012 mientras Rodríguez Mercado era Rector, y de 2018 a 2019 $76,000 entre el RCM, la UPR Administración Central y Salud.
Rodríguez Mercado le dio a González Maldonado un contrato en Salud de $10,000 por un mes, a razón $100 la hora, para “consultoría legal”, que establece que su función era “ayudar al Secretario con la gestión y la coordinación de negociación con Washington DC, en específico con Health and Human Services (HHS), Department of Veterans Affairs (DVA), Department of Defense (DOD), Uniformed Services University of the Sciences (USUHS), y otras agencias federales y estatales”. El contrato también dice que debía “requerir diariamente, coordinar y llamar a diferentes empleados federales que manejan asuntos sensitivos relacionados al cuidado de la salud, al sistema de información, los desembolsos, especialmente los programas de fondos especiales”. Dos fuentes dijeron que en realidad González es amigo personal de Rodríguez Mercado y lo ayuda con sus con contactos para impulsar sus aspiraciones políticas.
Los citados contratos no constituyen la totalidad de la compensación de González con el gobierno, ya que desde 2018 también rinde labores para Salud, presuntamente, devengando $120,000 anuales en una plaza que es financiada por fondos federales a través del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología. A preguntas del CPI, el Fideicomiso confirmó que es el agente fiscal para una subvención otorgada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para la contratación de 109 plazas por parte del Departamento de Salud desde noviembre 2018 hasta agosto de 2020 y que González Maldonado es una de las personas que fueron contratadas. Sin embargo, al cierre de esta edición no había confirmado su salario, funciones y peritaje por el cual fue contratado. La contratación y supervisión de estos empleados es responsabilidad de Salud, dijo el Fideicomiso.
Esta historia se publica en Metro gracias a un acuerdo colaborativo. Puede encontrar la historia original en: www.periodismoinvestigativo.com
