Ante lo que considera que son las mentiras bajo juramento como parte del proceso de investigación legislativa, el presidente de la comisión que examina la respuesta del Gobierno a los terremotos en enero, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que les pedirá a sus colegas de la Cámara de Representantes que se opongan al nombramiento de Elmer Román como secretario de Estado.
A lo largo de las pasadas semanas, Rodríguez Aguiló ha acusado a Román y a otros funcionarios de alta jerarquía del Gobierno de ocultarle información a la Comisión Especial de la Cámara para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia.
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“Yo voy a cumplir con mi responsabilidad. Yo jamás en la vida le voy a votar a favor de una persona que vino a estas vistas bajo juramento y mintió”, dijo el representante novoprogresista tras una nueva jornada de vistas públicas.
“Cuando llegue el momento, si no se retira el nombramiento de Elmer Román, voy a estar en la vista pública participando, y al caucus le voy a presentar toda la evidencia. Este informe (de la comisión) será parte de la evidencia que voy a presentar de cuál fue el comportamiento y el carácter de Elmer Román ante la Asamblea Legislativa”, agregó el también portavoz de la mayoría.
A pesar de que fue designado el 20 de diciembre pasado, no fue hasta la pasada semana que la gobernadora Wanda Vázquez sometió el nombramiento de Román, que debe ser avalado por ambas cámaras legislativas.
El funcionario, quien anteriormente encabezó el Departamento de Seguridad Pública, testificó ante la Comisión Especial el 30 de enero, donde, según Rodríguez Aguiló, negó conocimiento sobre el almacén de Ponce en el que se guardaban suministros expirados.
No obstante, el 21 de enero, en una conferencia de prensa, Román había indicado que el Gobierno conocía del almacén, pero responsabilizó al excomisionado de Manejo de Emergencias Carlos Acevedo, por el presunto mal manejo del centro de suministros.
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“La investigación ha demostrado que Carlos Acevedo no fue el responsable del almacén de Ponce”, puntualizó ayer Rodríguez Aguiló.
El legislador también indicó a los periodistas presentes que referirá a Román a la secretaria de Justicia, Dennise Longo, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez, a las autoridades, por perjurio, una vez obtenga acceso al informe preliminar que la gobernadora comisionó tras el “hallazgo” del almacén, y que al momento es objeto de dos litigios separados, incoados por la propia Cámara de Representantes y organizaciones de prensa.
En el caso de Longo, tendría que ser referida directamente a la Oficina sobre el Panel de Fiscales Especiales Independientes.
De acuerdo con Rodríguez Aguiló, Longo y López Sánchez indujeron a la comisión y a los tribunales a error al alegar que el informe contenía información confidencial que podría comprometer la investigación que lleva a cabo Justicia sobre los almacenes.
Sin embargo, en la demanda presentada por grupos periodísticos, la jueza Lauracelis Roques Arroyo resolvió que el documento no contenía información que justificara la confidencialidad.
Tanto esa demanda como la presentada por la Cámara se encuentran en el Tribunal Apelativo.}