Pese a que tiene dos órdenes judiciales, el Gobierno de Puerto Rico continúa negándose a entregar el informe sobre el manejo de suministros en los almacenes de Ponce tras la emergencia provocada por los terremotos en el sudoeste de la isla en enero.
Ayer, por medio del procurador general, Isaías Sánchez, el Gobierno presentó una apelación y una moción en auxilio de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones pidiendo que detuviera la orden de entrega de dicho documento a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Poco después, el Tribunal de Apelaciones acogió la moción del Gobierno y concedió a la Asppro y al CPI hasta el próximo 17 de marzo para responder los argumentos del Estado.
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Según el procurador general, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Laurecelis Roques, se equivocó al ordenar la publicación del informe, ya que se trata de un documento confidencial, según lo establecen las leyes del Departamento de Justicia, del Negociado de Investigaciones Especiales y del Departamento de Seguridad Pública. Planteó, además, que la solicitud del documento es a destiempo, debido a que la pesquisa aún está en curso.
“Reiteramos, la divulgación a destiempo de ese documento podría perjudicar la investigación criminal en curso, además de las investigaciones administrativas que puedan realizarse”, señala el funcionario en su escrito.
Aunque Roques concluyó que de su evaluación no trasciende que haya información delicada sobre los investigadores, Sánchez insistió en que la publicación del informe podría poner en riesgo el resultado de la investigación y la vida de los informantes, testigos y de los propios funcionarios del Estado. Con esas razones, justificó que el Estado tiene un interés apremiante por mantener en secreto dicho informe investigativo.
Sánchez también declaró que la Ley de Datos Abiertos —también conocida como la Ley Número 122 de 2019— establece que entre algunas de las excepciones para no divulgar información gubernamental está las “comunicaciones internas entre dependencias” e “información asociada a litigios civiles o criminales en lo que un organismo gubernamental sea parte o empleado o funcionario público que por razón de su empleo sea parte”.
En su apelación, criticó además la determinación de Roques que establece que el informe debe ser entregad, ya que fue generado por el NIE y no por los fiscales del Departamento de Justicia.
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“Lo determinante para el análisis sobre la confidencialidad de la información obrante en el expediente de una pesquisa es el hecho de que la investigación no haya finalizado”, expresó el procurador general.
Además, sostuvo que no existe un deber ministerial por parte del Gobierno que le requiera divulgar el documento y que, así hacerlo, “tendría un impacto evidentemente adverso sobre el interés público, ya que podría perjudicar dicha pesquisa”.
En su decisión del viernes pasado, la jueza Roques le restó valor al argumento del Gobierno de que la investigación sobre los almacenes no ha culminado, e incluso, aseguró que el Gobierno pretendió inducir a error al tribunal. “Las aseveraciones superfluas para mantener la confidencialidad del documento en disputa, así como el curso de acción que desplegó el Gobierno durante este litigio dan cuenta de una actitud temeraria en relación con los procedimientos ante este tribunal, toda vez que el informe preliminar inspeccionado en cámara no contenía la información que argumentó consistentemente el Gobierno. No puede pasar desapercibido que esta conducta —totalmente inaceptable— surge en un escenario en el que las partes peticionarias procuran reivindicar un derecho fundamental de acceso a la información pública, que está protegido constitucionalmente”, expuso la jueza.
Ayer, la jueza Roques emitió una resolución en la que hace constar la entrega de la copia del informe y comentó que “no puede acreditar que el informe preliminar entregado sea el original y/o copia fiel y exacta del original”.
El caso será atendido por los jueces del Tribunal de Apelaciones, Carlos Vizcarrondo, Nery Adames y Felipe Rivera.
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