Ambas cámaras legislativas aprobaron en la tarde de hoy el proyecto para crear un nuevo Código Electoral, que llevaba en comité de conferencia desde noviembre del pasado año.
Al tratarse de un proyecto que se encontraba en comité de conferencia, no se realizó un debate sobre el proyecto ni en Cámara ni en Senado, que fue aprobado con los votos de la mayoría novoprogresista en ambos cuerpos.
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La nueva versión de la medida mantuvo para próximas elecciones venideras la implementación de la primera fase del plan piloto para utilizar el voto por Internet, pese a que hace dos semanas el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, había indicado que dicho método se implementaría a partir de las elecciones generales de 2024.
En el artículo 9.38 del proyecto se indica que todos los electores descritos como elegibles al voto adelantado podrán ejercer su derecho a través de Internet en 2020. La medida amplía a nueve las categorías de electores elegibles al voto adelantado.
No obstante, en el artículo 3.13 se precisa que el voto por Internet, para el ciclo electoral presente, será “solamente para los electores elegibles para voto ausente, y también para los electores no videntes con otros impedimentos y aquellos con problemas evidentes de movilidad”.
“Cuál (disposición) va a prevalecer y que la CEE (Comisión Estatal de Elecciones) lo pueda reglamentar, solo Dios sabe cómo lo van a hacer y con qué dinero a siete meses de las elecciones. Realmente es una locura”, dijo el representante independentista Denis Márquez.
El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, señaló que la medida abre la puerta al fraude al colocar en el elector la capacidad de manejar su récord electrónicamente, así como de emitir su voto por Internet.
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“Para entender el esquema de fraude electoral del Partido Nuevo Progresista hay que analizar las personas que cualifican para solicitar el voto adelantado mediante un mecanismo flexible sin la colaboración de la Comisión Estatal de Elecciones porque cualifican los que entren a este mecanismo sin evaluación. Cuando se analiza todo el lenguaje, más del 70% de la población de Puerto Rico cualifica”, dijo Hernández.
La pieza legislativa, asimismo, mantiene la ampliación del voto por Internet para 2024, cuando la CEE deberá habilitar esa alternativa para todos los electores que lo soliciten.
No obstante, la medida dispone que los votantes que prefieran ejercer su derecho mediante el método convencional podrán continuar haciéndolo.
La versión del Proyecto del Senado 1314 que finalmente se enviará a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Wanda Vázquez incorpora lenguaje para trasladar a empleados de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a los Centros de Servicios Integrados a medida que continúe la consolidación y el cierre de estas oficinas de la CEE.
En días recientes, legisladores novoprogresistas expresaron reservas sobre la aprobación del proyecto ante la posibilidad de que la eliminación de las JIP pudiera traducirse en el despido de empleados públicos.
“Los Oficiales de la Junta de Inscripción Permanente adscritos a las JIP cuyos locales han sido cerrados serán transferidos a los CESI de las regiones a las que corresponde cada JIP y operarán de forma continua dentro de dichos centros, ofreciendo los servicios correspondientes a sus funciones. Disponiéndose, que las JIP de los ciento diez (110) precintos existentes mantendrán su composición”, reza la enmienda incluida en el proyecto del Senado.
La medida dispone que las JIP, que al momento totalizan sobre 140 alrededor de Puerto Rico, se reduzcan a un máximo de 12 oficinas alrededor de la isla antes del 30 de junio de 2022.
Las JIP se convertirían en los llamados Centros Estatales de Servicios Integrados al Electora (CESI), donde los ciudadanos podrían realizar todos sus trámites relacionados al proceso electoral.
Asimismo, el propuesto Código Electoral dispone que, en caso de que los comisionados electorales no alcancen un consenso para el nombramiento del presidente de la CEE, tocará a los jueces del Tribunal Supremo determinar quién encabezaría el organismo.
El presidente de la CEE, según la medida, deberá ser un juez.
El proyecto “sigue estableciendo los mismos criterios antidemocráticos. El control de un partido de la CEE, el control del proceso electoral y dejarnos fuera a nosotros y cualquier partido minoritario de la CEE. Más allá de extenderle la vida a las JIP (Juntas de Inscripción Permanente) es el mismo proyecto antidemocrático que era anteriormente”, sostuvo Márquez.
Por otro lado, pospuso el voto presidencial para los electores puertorriqueños en la isla para las elecciones generales de 2024.
Sadot Santana colaboró en esta historia
