A tres días de que el Tribunal de Primera Instancia ordenó la entrega del informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el manejo de suministros en Ponce, hasta ayer el Gobierno estaba en incumplimiento porque no había entregado el documento a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y al Centro de Periodismo Investigativo.
“Todavía no se ha entregado y han pasado más de 48 horas… Se hicieron las gestiones a través de correo electrónico, de la misma forma que se generó la petición inicial que motivó el pleito, para que sean entregado el informe en cumplimiento con lo establecido por la jueza Lauracelis Roques”, señaló Rafelli González, vocal de la Asppro. Planteó que consideran, incluso, presentar una moción de desacato.
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La jueza determinó que el Gobierno debía entregar “de forma inmediata” el documento, luego de evaluarlo y concluir que no contenía ninguna información delicada que limitara el derecho de acceso a información pública al tiempo en que calificó como temeraria la actitud del Gobierno al hacer planteamientos que intentaban inducir a error a la corte. Metro intentó obtener una reacción del Departamento de Justicia (DJ), pero la portavoz de prensa, Brenda Quijano, se limitó a decir: “Al momento no tengo comentarios”.
Por su parte, el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló indicó que esperan que el Tribunal de Apelaciones emita un dictamen similar al que tomó la jueza Roques en una demanda similar que presentó la Cámara de Representantes para solicitar la entrega del informe.
“No entregarse el informe se estaría limitando el derecho constitucional que tenemos nosotros, la Rama Legislativa, de realizar investigaciones”, sostuvo el legislador en entrevista con Metro.
Agregó que la determinación de la jueza Roques “es bastante reveladora y pone en entredicho los testimonios de los funcionarios que estuvieron bajo juramento en la Comisión Especial”, dijo. Insistió que durante vistas públicas, funcionarios como el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, y la secretaria Justicia, Denisse Longo, testificaron que los documentos tenían nombres de testigos y confidentes. “Según la resolución de la jueza, nada de eso está ahí”, añadió.
Análisis por Carlos Ramos, profesor de derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
¿Cuán importante es esta decisión con relación al derecho a acceso de información pública?
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Esto es una decisión sumamente importante por lo específica, lo detallada y lo bien pensada de la decisión de la jueza que intervino en el caso, y es muy contundente sobre el problema que tiene el país, con el Gobierno, en general, y con el Departamento de Justicia en particular, por su celo por proteger información que no es confidencial.
En otras palabras, su política de ocultar información que debe estar en manos del público, porque son documentos públicos, ha llegado al punto —con relación a este informe—, que una decisión de una jueza le ha dicho de manera clara: ‘Los reclamos de confidencialidad que ustedes han estado utilizando para evitar que el país se entere de lo que contiene ese informe son erróneos, e incluso parecería ser, en ocasiones, que a propósito han querido informar erróneamente al país, reclamando información confidencial allí donde no existe ninguna. La secretaria de justicia y la gobernadora tienen mucho que explicar a raíz de esa decisión.
