El Gobierno de Puerto Rico continúa buscando alternativas en el Tribunal para no hacer público el informe del almacén de Ponce sobre el cual le han presentado dos recursos legales para obtener el contenido del mismo.
Por segunda ocasión, aunque en casos diferentes, el gobierno de Wanda Vázquez presentó un recurso en el Tribunal de Apelaciones para ir en contra de la decisión del pasado viernes, en el que el Tribunal de Primera Instancia ordenó entregar el documento a la parte demandante, Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO).
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En su apelación, la representación legal del gobierno argumentó que la jueza Laurecelis Roques se equivocó al ordenar la publicación del informe ya que dicho documento “es parte de la información recopilada durante el curso de una investigación que realizan fiscales de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia —pesquisa que al día de hoy se encuentra activa y en curso— por lo que se trata de un documental confidencial”, según las Reglas de Evidencia.
A su vez, el gobierno planteó que divulgar el informe producirá un impacto negativo al interés público. “Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la divulgación del Informe Preliminar, a pesar del impacto negativo al interés público —que es superior al interés individual de las partes apeladas de acceder al informe en controversia— que produciría el conceder el remedio de ordenar la divulgación del informe en controversia”, reza el documento.
Según la representación legal del gobierno, el Estado tiene un interés apremiante en mantener confidencial una investigación en curso ya que, de publicarse, podría poner en riesgo la pesquisa. “El fino y adecuado balance de intereses que procede realizar para adjudicar esta importante controversia de derecho debe llevar a la forzosa conclusión de que mientras la pesquisa criminal esté pendiente, el interés ciudadano y el de la prensa debe ceder —temporalmente— para permitir que los órganos de seguridad pública e investigación del Estado lleven a cabo sus funciones sin que se coloque en riesgo innecesariamente el resultado de su gestión”, señala la apelación del gobierno.
El pasado viernes, la jueza Roques ordenó al gobierno entregar “inmediatamente” el informe sobre el manejo de los almacenes en Ponce. Concluyó, además, que el informe no contiene ninguna información delicada que limitara el derecho de acceso a información pública al tiempo en que calificó como temeraria la actitud del Gobierno al hacer planteamientos que intentaban inducir a error a la corte.
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