Gobierno no ha entregado informe de almacenes en Ponce

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Justicia (DJ) este pasado viernes a las 4:52 pm entregar de forma inmediata el informe

Por CPI

Los papelones de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en el caso de acceso a la información que presentaron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo para obtener informe de la investigación sobre el almacén de suministros en Ponce, deben parar.

Son demasiados. Como si no fuera suficiente con el acto mismo de que el Gobierno dejara sin distribuir oportunamente los suministros disponibles a la gente que los necesitaba. Se siguen usando recursos del Estado para ocultar un documento que a todas luces la ciudadanía tiene el derecho a conocer.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Justicia (DJ) este pasado viernes a las 4:52 pm entregar de forma inmediata el informe. “Se apercibe que el incumplimiento con lo ordenado podrá acarrear desacato civil”, dice la sentencia emitida el viernes de la jueza Lauracelis Roques Arroyo.

Evidentemente, para las partes demandadas inmediatamente parece ser “cuando nos dé la gana”, porque hasta el momento, no han producido el documento.

Dos mensajes enviados el viernes a La Fortaleza y sus representantes legales en este caso para que entregaran de inmediato el documento no tuvieron resultado. El primer mensaje fue referido al Departamento de Justicia. Y el segundo ni siquiera  fue respondido.

Los papelones de la Secretaria que se dan en este caso ocurren mientras ella representa a las entidades demandadas en la controversia: la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, el secretario de Estado, Elmer Román, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, y el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López. Es decir, sus papelones vienen avalados por tales funcionarios, debemos presumir.

Papelón 1: Es un documento público. 

La Gobernadora y su representante legal lo primero que hicieron en este caso fue pedir una desestimación, porque alegadamente no procedía la demanda. Sin embargo, el primer día en corte, tuvieron que admitir que el documento solicitado es público. A pesar de esto, alegaron que no se debía divulgar por alegadamente tener información privilegiada.

La jueza concluyó, como parte del litigio, que el Gobierno no aportó prueba o “justificaciones específicas” que acrediten la naturaleza privilegiada del documento en cuestión. Más aún, reitera en su decisión “el derecho fundamental de acceso a la información pública, que está protegido constitucionalmente”.

Papelón 2: Negativa a hacer público el informe bajo alegaciones de que el informe del NIE era parte de una pesquisa llevada a cabo por el Departamento de Justicia.

La defensa de la Gobernadora alegó que el informe era parte de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia, aunque esa pesquisa inició luego de que se le entregara el “informe preliminar” a la Primera Ejecutiva. Planteó el DJ que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que estas agencias trabajan en coordinación, aunque el NIE ya no es parte del Departamento de Justicia desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. ¿Qué le dijo el tribunal? “Esta alegación del Gobierno está huérfana de disposición estatutaria conocida que la fundamente, y las partes peticionadas tampoco identificaron ley alguna en apoyo de esta aseveración”.

Papelón 3: El Departamento de Justicia mintió de forma descarada.

En la sentencia del viernes, la jueza Roques Arroyo advirtió sobre argumentos falsos de Justicia. Según detalla la togada, contrario a la versión del DJ, “el informe inspeccionado por este tribunal en ninguna de sus partes contiene datos cuya divulgación ocasione peligro potencial de que se identifiquen confidentes”.

“Incluso, el documento que este tribunal examinó en cámara no tiene información o datos que de forma alguna sean indicativos de que el contenido del documento, o alguna de sus partes, fue obtenido en confidencia”, agregó Roques Arroyo.

En la sentencia emitida este viernes en la tarde por la Jueza Lauracelis Roques, en las páginas 27-28, dice:

“En lo que ahora podemos caracterizar como un intento de inducir a error a este Tribunal, el Gobierno aseveró que ‘la divulgación prematura del contenido del Informe Preliminar en controversia podría poner en peligro la seguridad de los agentes investigadores, que al presente continúan con la investigación’. Esta aseveración carece de base real alguna, toda vez que el documento que este Tribunal examinó en cámara no contiene ni una pieza mínima de evidencia que sustente ese tipo de caracterizaciones serias sobre el contenido del Informe Preliminar que, al final del día, resultaron ser inconsistentes con la realidad.

Las aseveraciones superfluas para mantener la confidencialidad del documento en disputa, así como el curso de acción que desplegó el Gobierno durante este litigio, dan cuenta de una actitud temeraria en relación con los procedimientos ante este Tribunal, toda vez que el Informe Preliminar inspeccionado en cámara no contenía la información que argumentó consistentemente el Gobierno. No puede pasar desapercibido que esta conducta — totalmente inaceptable — surge en un escenario en el que las partes peticionarias procuran reivindicar un derecho fundamental de acceso a la información pública, que está protegido constitucionalmente”.

Esto podría costarle el desaforo a cualquier abogado, o cuando menos conllevar alguna sanción por parte del Tribunal. ¿Será?

Papelón 4: El informe no identifica delitos. Sorpresa, sorpresa.

El Gobierno alegaba que al informe le aplicaba el privilegio ejecutivo, y que era necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados.

Ante la falta de transparencia en este caso, mucho se ha especulado sobre el contenido del informe. Una de las teorías es que fue una chapucería de informe para justificar que se apuntara a un chivo expiatorio. Pues el documento, que fue usado por el Gobierno para respaldar el despido del director de Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, resulta que “tampoco menciona o hace referencia a delito alguno que pudiera configurarse a raíz de la información recopilada en dicho documento”, expone la jueza tras haber cotejado el mismo.

 

¿Continuará el papeloneo del Gobierno y su Departamento de Justicia? Lo sabremos este lunes, a las 8:00 am, cuando los empleados públicos inicien su jornada laboral y hagan una de dos cosas: entregar el documento “de inmediato” o apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Hagan sus apuestas.

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