La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo, envió ayer una carta a diferentes agencias en la que detalla un nuevo proceso para divulgar información pública, que de inmediato los gremios periodísticos rechazaron y calificaron como un intento de limitar al derecho constitucional al acceso de información y un abuso de poder por parte de la funcionaria.
La carta aplica a los periodistas, ciudadanos y/o entidades que requieran documentos públicos del Gobierno de Puerto Rico. Según las reglas promulgadas por Longo, acceder a información pública podría demorar más de tres semanas. La directriz de la funcionaria se ampara en la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública (Ley 141-2019) que dejó firmada Ricardo Rosselló poco antes de verse obligado a renunciar como gobernador en agosto de 2019.
“Con la puesta en vigor de la carta circular, la licenciada Longo Quiñones pretende suplantar el criterio que poseen todas las agencias gubernamentales a la hora de implementar su reglamentación en materia de divulgación de información pública, adscribiéndose un poder absoluto para regular este procedimiento. Entendemos que la carta circular va en contra de la intención legislativa, pues el efecto neto es beneficiar a las agencias gubernamentales y no a la ciudadanía y la prensa, como manda el estatuto”, reza el comunicado de prensa de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).
De acuerdo con la carta circular, el jefe del área concernida, deberá —en un periodo no mayor de 48 horas— remitir mediante correo electrónico la solicitud a los oficiales de información destacados a nivel central. Una vez esta sea entregada a nivel central, los oficiales de información tendrán cinco días, a partir de la fecha que fue recibida la notificación, para evaluar si cumple con la reglamentación. De esta cumplir con los requisitos impuestos, será notificada al jefe de área de la entidad gubernamental que custodia la información pública solicitada, para que este certifique por escrito si procede su divulgación o no.
Para notificar al peticionario sobre la información solicitada, los oficiales de información tendrán un término de 15 días laborables para entregar la respuesta. De la entidad gubernamental no entregar ninguna respuesta, se entenderá que esta ha sido denegada.
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Por su parte, portavoces del Overseas Press Club, advirtieron que, la recomendación de Longo para aquellas agencias que no tengan reglamento, pone barreras irrazonables para el acceso a la información pública para la ciudadanía y la prensa. “La situación se agrava porque, contrario al proceso utilizado por algunas agencias para crear reglamentación, la aplicación de esta ley, la carta circular de Longo Quiñones no pasará por el proceso de comentarios públicos, sino que, de ser adoptada por alguna agencia, será puesta en vigor sin mayor consideración”, criticó el gremio. La entidad recomendó la derogación de la ley 141 o, en su defecto, que se le realicen enmiendas.
Por su parte, la exasesora de comunicaciones de La Fortaleza y del DJ, Migdalia Rivera, aseguró desconocer sobre la carta circular mientras laboró para ambas entidades gubernamentales. Planteó, además, que mientras se desempeñó como asesora de Wanda Vázquez en La Fortaleza, sostuvieron reuniones con los gremios periodísticos, siendo el último cónclave entre octubre y noviembre. “Estuve ajena a esa carta circular mientras estuve allí”, subrayó.
No es la primera vez que la secretaria de Justicia ha estado bajo fuego por parte de organizaciones de prensa, y hasta la Legislatura ha criticado el hermetismo que ha impuesto en la agencia y las limitaciones al acceso de información pública. Recientemente, la Asppro, junto el Centro de Periodismo Investigativo, así como la Cámara de Representantes —de forma separada— demandaron a la secretaria para que entregue el informe de la investigación del manejo de suministros tras los sismos, y ambos están activos en los tribunales.