A más de un año de su arresto, el juicio contra el exalcalde de Yauco Abel Nazario arrancó hoy con los primeros testimonios en el que la Fiscalía federal le acusa de cometer fraude electrónico y la preparación de documentos falsos.
“Esto es un juicio sobre declaraciones falsas”, planteó la fiscal federal Miriam Rodríguez en su argumentación en el juicio contra el ahora senadora novoprogresista. Añadió que la evidencia que desfilará en el juicio —que se espera dure unas cuatro semanas— demostrará que Nazario mintió en 30 ocasiones al Departamento de Trabajo federal y que mintió en formularios que rindió a la agencia.
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El gobierno federal acusó al exmandatario municipal de cometer fraude electrónico y por la utilización de documentos falsos. En 2014, tras un referido de la Oficina de la Contralora, el Departamento de Trabajo federal le ordenó al municipio que realizara pagos retroactivos a cerca de 177 empleados por un total de $588,961.43. Esto como resultado de una investigación de la agencia federal que encontró que el municipio de Yauco había acordado con estos empleados para que laboraran dos horas al día de forma voluntaria.
La fiscal añadió que pese a que el Municipio de Yauco alcanzó un acuerdo de pago con el Departamento de Trabajo federal en un plazo de 36 meses a un interés de 1.0%. Sin embargo, Rodríguez planteó que el alcalde no cumplió con este acuerdo ya que no realizó todos los pagos de forma correcta. A su vez, según la fiscal acusó a Nazario de tomar represalias contra empleados que solicitaron el pago retroactivo, pese a que el acuerdo le indicaba al exalcalde que no podría hacerlo.
Por su parte, el abogado Edgar Vega —representación legal de Nazario— argumentó que el entonces alcalde de Yauco cumplió con dichos acuerdos con el Departamento de Trabajo federal y que no tomó represalias contra ningún empleado. Vega, inclusive, catalogó la investigación federal como una “descuidada” ya que no indagó sobre las razones por las cuales podría haber ocurrido un desfase en el pago a los empleados. Ante esto, el letrado solicitó un dictamen de no culpable a favor de Nazario.
Durante el juicio, el auditor senior de la Oficina de la Contralora, Virgilio Pabón Pagán, testificó que recibió una querella anónima de que el Municipio de Yauco solo pagaba las horas retroactivas a “ciertos empleados”. El funcionario también declaró, a preguntas de la Fiscalía, que la querella indicó que el municipio le decía a los empleados que los pagos que le realizaban se trataba de “pagos por adelantado”. “Me estuvo raro porque el gobierno no paga por adelantado”, señaló Pabón Pagán durante su testimonio.
El funcionario también testificó que inicialmente examinó los talonarios de seis empleados, pero luego decidió evaluar los documentos de otros 36 empleados municipales.
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“¿Por qué decidió examinar esos 36 adicionales?”, le preguntó la fiscal Rodríguez. “Me dio indicio que les daban el pago de horas voluntarias y luego no les pagaban”, contestó Pabón Pagán.
Durante el primer día de juicio también declaró Wanda López, oficial investigadora del Departamento de Trabajo federal, quien mencionó que notificó al municipio sobre la ilegalidad de que estos empleados trabajaran dos horas al día sin paga. La funcionaria federal también manifestó que —aunque la administración municipal no entregaba toda la documentación— se acordó un plan de pago para que el municipio pudiera pagarle a estos 177 empleados hasta febrero de 2018. La Fiscalía presentó evidencia de la cantidad adeudada por el municipio, los recibos que debían entregar a los empleados al pagarles y el acuerdo para saldar el monto.
En el juicio también testificó José Vázquez, funcionario del Departamento del Trabajo federal quien autorizó el acuerdo para que el Municipio saldara la deuda con los empleados. El juicio —que se celebra en la sala 4 del Tribunal Federal en el Viejo San Juan y es presidida por el juez Joseph Laplante—continuará esta semana en el Tribunal Federal.
