Han pasado dos meses desde que la tierra se estremeció por primera vez dejando una sacudida en los residentes del área sur, y cuyos efectos se han intensificado en el municipio de Yauco.
Transcurridos 65 días desde ese primer temblor del 28 de diciembre, el panorama en las calles yaucanas es desolador. Por las vías del casco urbano, letreros rojos y amarillos cuelgan de las puertas de algunas estructuras cubiertas por cintas de precaución, paneles, drones anaranjados y otros obstáculos que protegen las entradas. Los letreros rojos, que advierten de estructuras “inseguras”, yacen frente a edificios históricos como la tarima de la plaza pública y el Teatro Ideal. Muchos comercios los tienen también frente a sus puertas. Mientras, los amarillos advierten “uso restringido” y sobresaltan en la Iglesia católica y la Casa Barrera.
Según el alcalde Ángel “Luigi” Torres, de las 3,500 estructuras inspeccionadas por ingenieros estructurales, 633 fueron declaradas inseguras y 717 registran daños parciales. De estas, FEMA ha dado la ayuda máxima de $35,000 a tan solo 20 familias.
Aunque los domingos suelen ser días familiares, que aumentan la actividad económica en los pueblos, ayer en Yauco apenas pasaban carros. La mayoría de ellos se detenían en los murales de Yaucromatic, uno de los principales atractivos turísticos del municipio cuya población ha mermado significativamente. Y es que, según explicó a Metro el alcalde, a pesar de que no hay un número oficial de personas que se han marchado del pueblo, les consta que, al menos, más de 800 familias se han ido, y 60 empleados y empleadas han solicitado licencias o renunciaron.
De hecho, más allá de la gente que ha partido a Estados Unidos, FEMA ha brindado vivienda asistida a 837 familias yaucanas, que ya no están en la jurisdicción, pues el municipio no tiene capacidad para reubicar esa cantidad.
En medio de ese panorama para el alcalde, el Gobierno central parece haber detenido sus acciones para ayudar a volver a la normalidad a este pueblo: no hay nuevas gestiones para acceder a fondos de reconstrucción, así como para reabrir las 15 escuelas y recibir los alrededor de 4,000 estudiantes que, pese a que ya cuentan con carpas donadas por empresas como Coca-Cola y Frito Lay, no tienen una fecha establecida para volver a ver a sus maestros y compañeros de clase. Torres espera reunirse esta semana con el secretario de Educación, Eligio Hernández, para insistir en el proceso de regreso a clases, pues “la comunidad escolar está preocupada de por qué la dilación”.
En cuanto a los fondos, el alcalde criticó que de los $260 millones del Fondo de Emergencia disponibles para los municipios afectados por los sismos, el Gobierno estatal solo brindó $2 millones a cada uno de los pueblos, y alega que utilizó unos $80 millones. El Gobierno tenía un mes para asignar los fondos, por lo que ya el tiempo venció y, ahora, si desean utilizar el resto deben solicitarlos a la Junta de Control Fiscal. En ese sentido, el alcalde está de manos atadas, pues debe esperar por el Estado. Sin embargo, sostuvo que esta semana enviará una carta al ente federal para recalcar la importancia de acceder los fondos.
Esta preocupación se suma a la disponibilidad de viviendas anunciadas por el Gobierno para reubicar a las familias, pues todas son en el área metropolitana y solamente una en Yauco. En municipios cercanos no hay ninguna, dijo el alcalde.
“Habíamos hecho una serie de propuestas donde establecíamos que tenemos terrenos suficientes que pertenecen tanto al Estado como al municipio, que de haber tenido los fondos suficientes, por ejemplo, que la Junta había otorgado al Gobierno y ya no los tienen… utilizarlos para construir casas”, indicó Torres, quien aseguró que usó los $2 millones que le otorgaron para gastos operacionales, contratar ingenieros estructurales y brindar vales de $800 a las familias afectadas.
Recalcó que con fondos adicionales “hubiésemos construido vivienda nueva, establecido un plan directo de asistencia, con la supervisión del Estado, pero ni se los dieron a los municipios ni los utilizaron”, lo que lamentó.
Otro asunto a atender son 237 residencias que necesitan ser demolidas, para las cuales FEMA brinda el 75 %, pero el resto debe ponerlo el municipio. Además, deben reubicar 36 refugiados del campamento base y otros 46 en los dos campamentos comunitarios que quedan, a pesar de no tener casas disponibles.
Golpe al comercio
Con la migración y la lentitud para recuperarse, la actividad comercial también se ha visto afectada. El comerciante José González, dueño del establecimiento La Renuncia Sportbar, a pasos de las coloridas viviendas de Yaucromatic 2, planteó: “Nosotros veíamos aquí mil, dos mil, tres mil personas un fin de semana. Ahora mismo se pueden ver 200, 300 personas. Aparte de que cuando pasaron los sismos, no venía gente, no teníamos luz, se nos dañó la mercancía. Ha sido fuerte”. González es uno de los pocos comerciantes que se mantiene en pie. Sin embargo, con los temblores estuvieron cerrados 111 establecimientos, de los cuales 72 reabrieron, dejando 39 aún clausurados.
La situación comercial se agrava con la paralización en las quince escuelas y los cierres del Centro de Gobierno, el Tribunal y el Centro Integrado de Servicios, además de que el hospital brinda servicios parciales. Torres aseguró que, al menos, el Centro Integrado de Servicios sería reubicado la semana próxima junto al correo.
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