El saliente director ejecutivo de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados (AAA), Elí Díaz Atienza, dejó entrever ayer que un aumento en la tarifa del agua sigue sobre la mesa y que deberán esperar hasta la adopción de un nuevo plan fiscal con la Junta de Control Fiscal para conocer si procederá o no dicha alza.
El funcionario indicó —durante una mesa redonda con la designada a sustituirlo en la dirección de la corporación pública, Doriel Pagán— que esperan paliar el aumento en la tarifa por medio de ahorros y asignaciones federales. Díaz Atienza presentó su renuncia el pasado 14 de febrero.
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“Pudiese [cambiar] hacia el futuro… Es como balancear la chequera. Tú tienes tus ingresos y tienes tus gastos. No puedes gastar más de lo que son tus ingresos”, señaló el funcionario. De acuerdo con Díaz Atienza, a partir de julio, los consumidores podrían experimentar un aumento en su tarifa de 2.5 %, que equivale a unos 59 centavos mensuales. Mientras que el aumento en la tarifa para los clientes comerciales sería de 3.5 %. Para las instalaciones gubernamentales sería de 4.5 %. Este aumento estaría vigente hasta el 2023. En días recientes, la gobernadora Wanda Vázquez indicó que el aumento en la tarifa no era final. El funcionario, además, se mostró confiado en que se pueda mitigar el alza mediante un ahorro en los gastos en papel para las facturas.
Por su parte, el funcionario también sostuvo que el alza en la tarifa podría estar sujeta a las negociaciones que puedan tener con la empresa a la que se le adjudique la alianza público-privada.
“Hay que esperar a ver cuáles son los números que salen de la recomendación que nos emita las Alianzas Público Privadas. Por eso, la gobernadora, en su comentario, hace un amarre entre lo que es el proyecto de Alianza Público Privada y lo que es la tarifa que se va a estar pagando. Si vemos que podemos proyectar más ahorros y más beneficios a través de este proyecto de Alianza Público Privadas puede que haya un espacio para negociar”, señaló.
“Ahora mismo esas conversaciones no se pueden estar teniendo hasta que tengamos más certeza, primero de las recomendaciones de la APP, y segundo de los fondos federales que estamos trabajando con FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias]. Eso son los dos elementos que nos pueden traer ingresos adicionales”, continuó.
El funcionario indicó que el plan fiscal espera una asignación de $770 millones en fondos federales, aunque planteó que la meta de la corporación pública es recibir $4,000 millones de otras fuentes de ingreso federal. Agregó que con los ingresos de la tarifa financiarán el Programa de Mejoras Capitales que estaba detenido desde 2015. “Lo que se genera de los ingresos de las tarifas van a tener que ser utilizados en el Plan de Mejoras Capitales y pueden ser utilizados para hacer ajustes en las tarifas”, indicó.
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Por otra parte, Díaz Atienza comentó que desconoce cuándo se concretará la alianza público-privada que pretende implementar nuevos contadores y medidores. Según el funcionario, estas instalaciones ayudarán a la corporación pública a identificar salideros y pérdidas de agua por medio de roturas de tuberías.
Una de las compañías a la que se vislumbra que se adjudique la APP es IBT. No obstante, en ocasiones anteriores, el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Luis De Jesús, argumentó que la empresa tiene señalamientos de ineficiencia en los servicios que ofrece en otros países. Ante esto, Díaz Atienza, aseguró que atendieron las denuncias de la UIA.
Por su parte, el funcionario justificó la cualificación de seis empresas privadas para dirigir los proyectos del Plan de Mejorar Capitales y los fondos de resiliencia de FEMA ya que, según argumentó, la corporación pública no cuenta con la capacidad interna para manejar más de $500 millones en proyectos de construcción. Las empresas que cualificaron para la gerencia de proyectos para el Plan de Mejoras Capitales son Arcadis, Black and Veatch, CSA y Jacobs. Mientras que las que podrían estar a cargo de proyectos de resiliencia son Behar-Ybarra & Associates y O&M Consulting Engineering PSC.
Aunque no precisó a cuánto podría ascender la contratación de estas empresas, sostuvo que por los próximos cinco años esperan invertir $2,000 millones en el Plan de Mejoras Capitales.
No vislumbra cambios
Ante la salida de Díaz Atienza, Pagán sostuvo que no vislumbra, por el momento, mayores cambios en la corporación pública.
“En estos momentos, no. Claro, siempre en el camino uno establece sus reglas y sus estrategias de trabajo y siempre va a depender del desempeño que cada quien tenga”, señaló Pagán, al tiempo que expuso que su enfoque será darle continuidad al plan fiscal y optimizar el sistema operacional.
