El director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá y el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Públicos Privadas (P3), Fermín Fontanéz, ofrecieron detalles sobre la APP para la reparación y operación de los muelles del 1-4, del 11 al 14 y los Panamericanos 1 y 2.
En conferencia de prensa, Fontanés expuso que la negociación podría culminar en mes y medio. Sin embargo, el funcionario recalcó que el proceso conlleva múltiples pasos, entre ellos la aprobación de la Junta de Control Fiscal una vez sea final ese contrato.
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La APP ha recibido críticas por miembros de la industria turística, quienes han señalado la confidencialidad de los procesos, así como el temor de que se monopolicen los servicios turísticos que actualmente dan transportistas, guías turísticos, entre otros empresarios puertorriqueños.
Sobre ese tema, Fontanés dijo que “no hay un corralito, esto es un terminal para atender a los pasajeros. Cualquier negocio o propiedad que se cree no va a estar dentro del terminal. No se va a permitir que el operador tenga el control de ese corral que específicamente existen en lugares donde las líneas de crucero los mantienen. Es un modelo vertical en el que venden el pasaje, la excursión,te llevo con mi transportacción y te vendo las cosas en la tienda. Nosotros no estamos buscando eso, al revés”. Este detalló que buscan crear un modelo de destino, en el que los cruceristas lleguen a conocer a Puerto Rico.
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Modelo de negocio actual
Sobre el modelo de negocio actual, que incluye mejoras a los muelles por parte de las líneas de cruceros, Fontanés declaró que “realmente no es una inversión. Las líneas de crucero dicen ’sé que no tienes liquidez, sé que no tienes cashflow. Yo voy a poner el dinero pero luego me lo vas a repagar’. Así que no estamos hablando de una inversión de capital, estamos hablando realmente de un financiamiento. Y además de un financiamiento tenemos que devolver todo el dinero que invirtieron, también nos prestan con intereses”.
El funcionario expuso que se paga un 7% anual. Sobre las mejoras al muelle 4, expuso que “en un periodo de 20 años la Autoridad de los Puertos va a terminar pagando $26 millones”. Además, comentó que las mejoras que hacen las líneas de cruceros se hacen para que funcionen sus barcos, por lo que otras embarcaciones que llegan a los puertos mejorados no pueden utilizarlos.
“Eso limita el desarrollo turístico de Puerto Rico, limita traer nuevas líneas. Y además de que es infraestructura pensada en sus barcos, hay que devolver el dinero y hay que devolver el dinero con intereses. Ese es el modelo que hoy operan las líneas de crucero”, sentenció Pizá, quien agregó que no busca antagonizar a las líneas de crucero, pues es un modelo de negocio que se utiliza en todo el Caribe.
Cambios en la industria
Otro aspecto destacado por los portavoces de las agencias fue el del derecho preferencial, que permite a las líneas de crucero escoger fechas y tener la preferencia para usarlo esas fechas.
Por su parte, el titular de Puertos detalló el deterioro de los muelles 11 al 14, que llevan cerrados 10 años por órdenes de la Guardia Costanera. Según el funcionario, son necesarios $75 millones para la reparación de estas estructuras. “Si no hacemos nada en los próximos 10 años los muelles van a terminar así”, dijo Pizá sobre los restantes muelles.
Mientras, Fontánes sostuvo que el año 2027 será uno importante para la industria, ya que hay múltiples embarcaciones en construcción. “Actualmente la cantidad de pasajeros o el mercado de cruceros por pasajeros se estima de alrededor de 22 millones aproximadamente pero para 2027 se estima que ese número haya aumentado a 44 millones”, comentó el portavoz de P3.
Alianza público privada
Sobre la APP en curso, Fontánez indicó que se pide un pago inicial de $250 millones para mejoras en la infraestructura. Además, se acordará otro pago que irá a la Autoridad de los Puertos.
“La falta de liquidez de la Autoridad de los Puertos ha evitado que se le de el mantenimiento necesario a estos muelles”, puntualizó el director de P3. Por su parte, Pizá dijo que la deuda de la corporación pública asciende a $250 millones.
Los funcionarios detallaron que se pretende crear un régimen abierto para la operación de los puertos, sin un trato preferencial como el que existe ahora. Dijo que con la APP desarrollan la estructura para operar los muelles bajo el nuevo modelo.
El director de P3 mencionó que la Ley 29 no les permite ofrecer detalles de las negociaciones. Sin embargo, dijeron que el proceso contó con la participación ciudadana. “Nosotros publicamos el estudio de deseabilidad y conveniencia y la gente tuvo 30 días para comentar”, sostuvo.
