SAN DIEGO (AP) — En un golpe significativo para la distintiva política migratoria del presidente Donald Trump, una corte federal de apelaciones falló el viernes que el gobierno ya no puede hacer que las personas que solicitan asilo esperen en México mientras se tramitan sus casos en los tribunales migratorios de Estados Unidos.
La misma corte, con sede en San Francisco, decidió mantener en suspenso otro cambio importante, uno que niega asilo a todos los que ingresan a Estados Unidos sin autorización desde México.
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Los dos golpes al gobierno de Trump podrían ser temporales si apela ante la Corte Suprema federal, que consistentemente ha fallado a favor del presidente en cuanto a políticas de inmigración y seguridad fronteriza.
El programa “Permanecer en México”, llamado oficialmente “Protocolos de Protección a Migrantes”, entró en vigor en enero de 2019 en San Diego y gradualmente se ha extendido a lo largo de la frontera. Casi 60.000 personas han sido regresadas para que aguarden una audiencia, y las autoridades creen que es una razón de peso por la que los cruces fronterizos ilegales disminuyeron aproximadamente 80% en comparación con los detectados en mayo, cuando registraron su nivel máximo en 13 años.
Los activistas y los abogados de inmigrantes, que llevan meses forcejeando con el gobierno por un programa que consideran un desastre humanitario que somete a cientos de migrantes a la violencia, secuestros y extorsiones en ciudades fronterizas peligrosas en México, reaccionaron rápidamente a la decisión. Cientos más han estado viviendo en campamentos miserables justo al otro lado de la frontera mientras aguardan su fecha para comparecer ante la corte.
Los activistas planeaban que los migrantes cruzaran el viernes la frontera inmediatamente y presentaran el fallo de la corte a las autoridades fronterizas. Los abogados prevén que sus clientes se presenten ante jueces de la corte migratoria en Estados Unidos.
En el fallo, los jueces reconocieron la controversia que ha envuelto en semanas recientes a los tribunales federales por el tema de los interdictos a nivel nacional. El gobierno de Trump ha sido muy crítico de dichos interdictos, diciendo que algunas áreas “liberales” no deberían estar elaborando políticas para todo el país.
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Un tribunal dividido declaró inválida la política, pero reconoció que California y Arizona son los únicos estados fronterizos en su jurisdicción. Texas y Nuevo México están fuera de ella.
El juez William Fletcher, quien escribió la opinión de la mayoría, dio la razón a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y a otros grupos activistas, los cuales argumentan que la política viola las obligaciones de tratados internacionales contra el envío de personas de regreso a un país en donde probablemente sean perseguidas o torturadas por motivos de raza, religión, etnia, creencias políticas o pertenencia a un grupo social particular. La pregunta ante los jueces era si hay que permitir que las políticas entren en vigor durante las impugnaciones legales en su contra.
Fletcher estuvo de acuerdo en que el gobierno se los puso demasiado difícil a las personas que desean obtener asilo para que persuadan a los agentes de que deberían quedar exentos de la política, y no proporcionó suficiente tiempo para que ellos se prepararan para las entrevistas o consultaran a abogados. Los jueces dijeron que el gobierno también erró al solicitar que las personas que desean asilo expresaran su temor de regresar a México para que fueran tomados en cuenta para una excepción, en lugar de preguntarles espontáneamente.
Fletcher mencionó una larga lista de personas que solicitan asilo que dijeron haber sido atacadas y victimizadas en México, diciendo que era “suficiente… de hecho, más que suficiente” para socavar los argumentos del gobierno.
El juez Richard Paez coincidió con Fletcher, ambos designados por el presidente Bill Clinton. El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente Ronald Reagan, estuvo en desacuerdo.
“La corte rechazó enérgicamente la aseveración del gobierno de Trump de que podía dejar varadas en México a personas que solicitan asilo y exponerlas a grave peligro”, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la ACLU. “Es hora de que el gobierno cumpla con la ley y deje de poner en peligro a las personas que solicitan asilo”.
El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
El impacto del fallo será mitigado, al menos parcialmente, por la expansión de otras políticas que fueron introducidas en respuesta al aumento sin precedentes de familias que solicitan asilo el año pasado, muchas de ellas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En noviembre, el gobierno comenzó a enviar a Guatemala a las personas que desean asilo provenientes de Honduras y El Salvador, negándoles la oportunidad en Estados Unidos y, en su lugar, invitándolas a solicitarlo en el país centroamericano, afectado por la pobreza y crisis de corrupción política. Acuerdos similares con Honduras y El Salvador entrarán pronto en vigor.
Según otra política nueva, los mexicanos y centroamericanos que no aprueben una revisión inicial son deportados rápidamente sin que salgan de las estaciones de la Patrulla Fronteriza, que el año pasado adquirió mala fama luego de que el supervisor interno de Seguridad Nacional reportara que en algunas instalaciones en Texas las condiciones eran miserables. La entrevista para la revisión está diseñada para realizarse en un día, y cualquier apelación ante un juez de inmigración debe hacerse en los siguientes 10 días. A las personas que piden asilo se les da un máximo de 90 minutos para contactar a un abogado.
Dichas políticas para deportaciones rápidas fueron introducidas en octubre en El Paso, Texas, y este mes se extendieron a toda la frontera.
La otra medida con consecuencias de gran alcance niega asilo a cualquiera que pase a través de otro país en su camino a la frontera de Estados Unidos con México sin primero buscar protección ahí. Esa política entró en vigor en septiembre y está siendo impugnada en otra demanda.
Los que apoyan la política “Permanecer en México” señalan que ha evitado que las personas que desean asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, lo cual consideran un gran incentivo para que las personas arriben al país.
La política fue implementada en el cruce fronterizo en San Diego y en un principio se enfocaba en centroamericanos. Para noviembre ya estaba siendo utilizada en todos los cruces principales, el último de ellos el de Arizona.
Solicitantes de asilo de más de 40 países habían sido deportados, de los cuales más de uno de cada tres eran hondureños, según el Centro de Información de Acceso a Registros de Transacciones de la Universidad Syracuse. En segundo sitio estaban los guatemaltecos, seguidos por los cubanos y salvadoreños.
La política exenta a los mexicanos, y también los menores no acompañados.
De los 35.000 casos sobre los que se ha tomado una decisión, a menos del 1% le han otorgado asilo. Sólo 5% son representados por abogados, muchos de los cuales se muestran renuentes a visitar a sus clientes en México.
