El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero envió una carta al exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá en la que lo responsabiliza por la situación financiera del gobierno y en la que negó divulgar detalles del acuerdo para la reestructuración de la deuda que solicitó.
“Como exfuncionario electo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que está íntimamente familiarizado con los procesos que condujeron a la situación actual, debe comprender la naturaleza complicada de las negociaciones con la miríada de partes interesadas y los logros significativos que abarca el acuerdo”, indica la carta de Carrión, tercero en la que además asegurar la transparencia del organismo.
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La carta de Carrión, tercero es en respuesta a una misiva que el exmandatario le envió el pasado 19 de febrero en la que le solicitaba detalles de la negociación del acuerdo para la reestructuración de la deuda del país.
“Lo primero que salta a la vista es que la Junta alega que ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los bonistas, pero la realidad es que ese acuerdo ha sido aceptado solamente por los bonistas que poseen 8,000 millones de dólares en deudas, que dista muchísimo del total de 35 billones de dólares adeudados”, detalló Acevedo Vilá en su carta al ente federal.
Por otro lado, el presidente de la JCF le indicó a Acevedo Vilá que “de conformidad con la Ley PROMESA, el Plan de Ajuste estará sujeto a un escrutinio extenso y público en una audiencia de confirmación precedida de un descubrimiento extenso”.
Asimismo, expresó que “a pesar del escrutinio público del proceso de confirmación, los documentos que busca están protegidos contra la divulgación por diversos privilegios y exenciones reconocidos. Como probablemente sepa, las negociaciones del acuerdo entre la JCF y ciertos tenedores de bonos y PBA se llevaron a cabo bajo mediación confidencial ordenada por el tribunal”.
Añadió que “todos los documentos y productos de trabajo preparados para este proceso y que surgen de éste se rigen por la orden judicial y el privilegio de mediación correspondiente, así como una orden judicial que ordena que las negociaciones y el proceso sean confidenciales”.
