La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, indicó que se presentó en la tarde de hoy una Moción de Reconsideración y de Relevo de Orden ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en el caso presentado por el Presidente de la Cámara de Representantes, Hon. Johnny Méndez, solicitando que el Tribunal ordene que el Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales entregaran copia fiel y exacta del Informe Preliminar Investigativo de los Almacenes de Ponce.
En el escrito sometido, se le solicita al Tribunal que exima a los funcionarios de la producción de dicho documento dado a que el informe solicitado por la Comisión Especial forma parte de la información recopilada por el Departamento de Justicia en una investigación en curso, el mismo es confidencial y no puede ser divulgado por disposición de ley.
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Longo Quiñones indicó que “ha sido la propia Asamblea Legislativa quien ha restringido, sin excepción alguna, la confidencialidad de la información recopilada por el Departamento de Justicia como parte de una investigación en curso. Reconocer y mantener la confidencialidad del expendiente investigativo no limita o perjudica de manera alguna el que la Comisión Especial lleve a cabo su propia investigación, cite a los funcionarios que entienda necesarios para cuestionarles y llegue a sus propias conclusiones para obtener conocimiento de la legislación que sea necesaria adoptar para enfrentar problemas futuros con el manejo de suministros. Es por esto que sometemos al Tribunal que ordenar la entrega del informe es contrario a derecho.”
“Establecer que la Asamblea Legislativa puede intervenir en investigaciones en curso del Departamento de Justicia sería una clara violación a la separación de poderes y permitiría la intervención indebida de una rama sobre los poderes de otra. Por tanto, esperamos que el Tribunal acoja nuestros planteamientos para hacer valer el ordenamiento constitucional de separación de poderes. Concluir lo contrario, sería reconocer que ahora una comisión legislativa podría convertirse en una entidad de “law enforcement” o de cumplimiento de ley, permitiéndole así usurpar los poderes constitucionales delegados a la Rama Ejecutiva”, recalcó la titular de Justicia.
