“Las inundaciones son cada vez peores. Es sumamente lamentable porque yo vivo en una calle donde hay muchos envejecientes. Sé que hubo mucha lluvia, pero el agua entró de una manera que no hubo forma de salvar casi nada”.
La experiencia de Magda Rodríguez, vecina de Barrio Obrero-San Ciprián, es lo que los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña han vivido por décadas, y que en pasados días se ha repetido con las torrenciales lluvias que han azotado el área metropolitana. A 16 años de que se creara la Ley para el Desarrollo del Caño Martín Peña, que ordenaba el dragado del cuerpo de agua, las inundaciones siguen siendo la orden del día.
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Lucy Cruz, presidenta del G-8, organización que agrupa a residentes de las ocho comunidades, denunció que el Departamento de Vivienda no ha tomado pasos para enmendar los planes de acción para el uso de los $20,500 millones en fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR) que el Gobierno federal ha asignado a Puerto Rico.
Una resolución conjunta firmada por la gobernadora Wanda Vázquez en noviembre de 2019 ordenaba a la agencia realizar los cambios al documento para “facilitar la utilización de dichos fondos para la reconstrucción y recuperación de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña”.
“Necesitamos que los fondos CDBG-DR lleguen a las comunidades del caño para poder llevar a cabo proyectos que reduzcan significativamente impactos por inundaciones, como sistemas sanitarios y pluviales, que muchas de nuestras comunidades no poseen”, señaló Cruz en conferencia de prensa.
Según la líder comunitaria, calles que anteriormente no se inundaban ahora se están viendo afectadas ante eventos de fuertes lluvias como los de esta semana.
“Son calles que, por lo regular, la gente utiliza para subir y bajar en momentos de inundación. Y esto sigue en aumento”, alertó Cruz.
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La presidenta del G-8 apuntó que, contrario a las comunidades del Caño Martín Peña, sectores vulnerables en estados que han sufrido embates de huracanes recientes, como Florida y Texas, sí han sido incluidos en los planes de uso de fondos del programa CDBG-DR, manejado por el Departamento federal de Vivienda (HUD, en inglés).
El plan de acción vigente, aprobado por HUD el 28 de febrero de 2019, se limita a exhortar “a las comunidades, como la del Caño Martín Peña, a presentar planes integrales de recuperación, que incluyan temas como el uso de terreno y medidas de reubicación, adquisición y resiliencia”. Las enmiendas más recientes al plan sometidas a HUD tampoco elaboran iniciativas para atender las necesidades de los residentes aledaños al cuerpo de agua.
En declaraciones escritas, el secretario de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, dijo que estrategias de mitigación, como las que necesitan las comunidades del caño, deberán esperar al tercer paquete de fondos CDBG-DR, ascendente a $8,285 millones, cuyas guías fueron publicadas el 27 de enero. El funcionario indicó que, “durante las próximas semanas”, comenzará la elaboración del plan de acción para acceder a ese dinero, documento que deberá someterse a HUD en septiembre.
Según Cruz, ni la agencia ni la gobernadora han concedido las reuniones que el liderato del G-8 ha solicitado para discutir los asuntos apremiantes relacionados con la capacidad de resiliencia de este sector de más de 20,000 habitantes.
“Estamos haciendo un llamado a que nos den la oportunidad. De que nos visiten o se reúnan con nosotros, porque necesitamos acción, no podemos seguir esperando que se haga un milagro”, sostuvo.
