La alianza público-privada para la operación de los muelles de San Juan parece destinada a quedarse en absoluta confidencialidad porque, según el Gobierno, la Ley 29 imposibilita ofrecer cualquier dato sobre la negociación que investiga la Comisión cameral de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus.
El subdirector de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Nelson Pérez, defendió la confidencialidad del proceso y se negó a ofrecer detalles o a confirmar si ya se ha firmado un contrato.
“No permitiremos que intereses conflictivos y ajenos a los procesos que la ley ordena, interfieran indebidamente o mancillen la excelente reputación que nuestras alianzas y nuestra Ley 29 se han ganado a nivel nacional e internacional”, declaró Pérez en su ponencia. En un aparte con la prensa, el funcionario recalcó que “lo que dice la ley hay que respetarlo, son las condiciones que tenemos para trabajar”.
Según trascendió, la empresa Global Port Holdings podría administrar los muelles 1, 3, 4, 11 al 14, y Panamericanos 1 y 2, lo que ya ha provocado que al menos dos líneas de crucero hayan informado que dejarán de traer sus barcos a la Isla.
Ley podría derogarse, pero no ahora
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El legislador José Aponte presidente de la comisión cameral que investiga esta alianza indicó en la vista pública que la ley podría enmendarse o derogarse, pero de forma prospectiva, por lo que no afectaría las negociaciones en proceso. “El Gobierno está sujeto a demandas cambiando las reglas del juego de un proceso que ya comenzó”, recordó Aponte.
Sin embargo, el representante Luis Vega Ramos aseguró que se está violando la ley y que sí deben hacer públicos los procesos de negociación. “Aún la ley de APP que existe hoy, tiene unas garantías de transparencia a la ciudadanía que aquí se están violentando”, puntualizó.
Preocupación por empleos
Mientras, la Alianza Turística de Puerto Rico denunció que la APP, para operar los muelles, podría convertirse en un monopolio de servicios turísticos que, actualmente, ofrecen compañías locales, además de que los derechos de los empleados quedarían desprotegidos.
“El efecto multiplicador todavía ni lo sabemos”, expuso Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza. Agregó que no se ha especificado si los convenios colectivos en vigor se van a proteger. Asimismo, expuso que el acuerdo con la AAPP podría poner en riesgo más de 30,000 empleos relacionados con la industria de cruceros.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, aseguró que la AAPP ha recibido sus recomendaciones y las de la industria de cruceros, a fin de incorporarlas en el contrato que desarrolla con Global Port Holdings.
En un aparte con la prensa, Campos detalló que una de las recomendaciones incluidas en el contrato tras el diálogo entre la AAPP y Turismo es que el muelle 1 se use para embarcaciones de lujo. Aunque no pudo precisar si se incorporarán protecciones para los comerciantes locales en el contrato, Campos dijo que uno de los atractivos para los cruceristas es que llegan directo a la isleta de San Juan y no a un área separada para compras como sucede en otros destinos del Caribe.
“Una de las recomendaciones que nosotros hemos dado ha sido cómo nosotros velamos por que el proponente que salga electo vele por una operación adecuada y una inversión adecuada, pero que los empleos y la experiencia del puerto se mantenga intacta”, sentenció Campos.