La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, aseguró que la Autoridad para Alianzas Público Privadas (P3) ha recibido sus recomendaciones y la de la industria de cruceros a fin de incorporarlas en el contrato que desarrolla para que la empresa Global Port Holdings opere los muelles de San Juan.
En un aparte con la prensa, Campos detalló que una de las recomendaciones incluidas en el contrato tras el diálogo entre P3 y Turismo incluye la utilización del muelle 1 como uno para embarcaciones de lujo. Aunque no pudo precisar si se incorporarán protecciones para los comerciantes locales en el contrato, Campos dijo que uno de los atractivos para los cruceristas es que llegan directo a la isleta de San Juan y no a un área separada para compras como sucede en otros destinos del Caribe.
PUBLICIDAD
De igual forma, Campos expuso que aunque el proceso lo lleva P3, la CTPR ha mantenido el diálogo entre las partes.
Sin embargo, la confidencialidad del proceso, que el Gobierno lleva a cabo amparado en la Ley 29, ha generado controversia entre las partes que reclaman se publiquen los términos por los que operarán los puertos, así como los detalles de la transacción que podría durar de 30 a 40 años.
En su ponencia, la directora de Turismo sentenció que “la Compañía está convencida de que las mejoras a los muelles, y su posterior expansión, son de vital importancia para garantizar el crecimiento de la industria. La manera en que históricamente se realizaban dichas mejoras no responde a las necesidades actuales de una industria de cruceros con importantes jugadores emergentes. Tampoco atiende los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico y del destino turístico. Es por todo lo anterior que, la Compañía de Turismo favorece el proceso competitivo para seleccionar un desarrollador y operador con el capital y experiencia que carece el Gobierno de Puerto Rico en ese momento como titular y custodio del activo”.
Preocupación por empleos en torno a la industria turística
Mientras, la Alianza Turística de Puerto Rico denunció que la Alianza Público Privada para operar los muelles 1, 3, 4, 11 al 14 y Panamericanos 1 y 2, podría contener un monopolio de los servicios turísticos que actualmente ofrecen compañías locales, además de que los convenios colectivos actuales quedarían desprotegidos.
“El efecto multiplicador todavía ni lo sabemos”, expuso Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza. Esta agregó que no se ha especificado si los convenios colectivos de los empleados se van a proteger. Asimismo, expuso que el acuerdo con la Autoridad para Alianzas Público Privadas, que aún se mantiene confidencial, podría poner en riesgo más de 30,000 empleos relacionadas a la industria de cruceros.
PUBLICIDAD
Las expresiones de Barbeito se dieron durante la vista Pública de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, presidida por el representante José F. Aponte Hernández, en torno a la Resolución de la Cámara 1523 para investigar los procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime.
La privacidad del acuerdo que gestiona la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) con la empresa Global Port Holdings también fue discutido durante la vista pública, ya que se desconocen los detalles que podrían tener un impacto en la industria.
AAPP defiende confidencialidad de negociaciones
El subdirector de la AAPP, Nelson Pérez, defendió la confidencialidad del proceso y se negó a ofrecer detalles o a confirmar si ya se ha firmado un contrato.
“No permitiremos que intereses conflictivos y ajenos a los procesos que la ley ordena, interfieran indebidamente o mancillen la excelente reputación que nuestras alianzas y nuestra ley 29 se han ganado a nivel nacional e internacional”, expuso Pérez en su ponencia. Este también argumentó que las actuaciones de la AAPP impactarán de forma negativa o positiva proyectos futuros que tenga el Gobierno.
“La integridad y rectitud del proceso afectan positiva o negativamente nuestra reputación como destino de negocios”, manifestó Pérez.
Por su parte, el director ejecutivo interino de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, hizo un recuento de la situación económica de la agencia. “Actualmente la deuda de la Autoridad sobrepasa los $200 millones y no tiene acceso de capital para acudir al mercado privado con intereses razonables”, puntualizó Pizá en su ponencia.
