Aunque estuvo cerca de ser derrotado, la Cámara de Representantes determinó hoy devolver a la Comisión de Transportación un proyecto de ley que pretende prohibir la interrupción y bloqueo de vías públicas.
Durante la sesión legislativa, las minorías legislativa denunciaron que el proyecto de la Cámara de Representantes 1151 impone limitaciones al derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Sin embargo, a solicitud del autor de la medida —el representante novoprogresista Michael Abid Quiñones— la medida fue reconsiderada y luego devuelta a la Comisión de Transporte.
El portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, opinó que la medida debe ser más específica y sugirió que se limite a prohibir interrupciones en el flujo vehicular hacia hospitales y aeropuertos. “Como está el proyecto presentado podría levantar ciertos argumentos o ciertas controversias con la libertad de expresión, pero tampoco la libertad de expresión puede poner en peligro la vida de un ser humano en un hospital”, señaló el legislador en un aparte con la prensa.
A pesar de que inicialmente, la medida fue derrotada a viva voz durante la sesión en el hemiciclo, Rodríguez Aguiló negó que la medida se pierda en el trámite legislativo y aseguró que podría volver al hemiciclo una vez se trabajen las enmiendas.
El representante del Partido Independista Puertorriqueño (PIP) Dennis Márquez Lebrón, se opuso a la medida ya que planteó que violentaba el derecho a la libertad de expresión por virtud de la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos.
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“Tenemos ante nuestra consideración otro proyecto dirigido a limitar derechos constitucionales por un lado y por el otro lado a criminalizar la protesta y la disidencia en Puerto Rico”, señaló el legislador.
Agregó además que otro tipo de actividades como marchas políticas y cualquier tipo de marcha, las personas podrían enfrentar cargos criminales de acuerdo con la medida. El proyecto de la cámara 1151 incluye que las personas que interrumpan o bloqueen el flujo vehicular incurrirán en un delito menos grave y enfrentan hasta un máximo de seis meses en cárcel y $500 en multas.
Para el representante independiente Manuel Natal Albelo el proyecto de ley también representa un intento de imponerle cortapisas al derecho a la libre expresión. Durante su turno, argumentó que la medida busca limitar que la ciudadanía pueda cuestionar y denunciar medidas que podrían afectarle sus derechos.
“Cuando nos quitan todo y decidimos salir a reclamar lo que nos pertenece encontramos que para manifestarnos necesitamos un permiso de los mismos que nos han quitado todo”, denunció el representante.
Por su parte, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael Hernández, cuestionó la medida y planteó que las luchas de derechos civiles en Estados Unidos se suscitaron en las calles.
“Lo menos que tiene esta medida es asuntos de transportación colectiva o de seguridad, de los peatones…Esto es un asunto político para callar a una masa que se levantó hace menos de un año atrás. Esa es la verdadera intención”, dijo el legislador popular, quien también cuestionó las razones por las que Quiñones no defendió la medida ante el hemiciclo.