Cerca de 800 pensionados, que se dieron cita hoy en La Asamblea Nacional por un Retiro Digno convocada por el Frente en Defensa de las Pensiones y la campaña Construyamos Otro Acuerdo, aprobaron la resolución para establecer un retiro digno.
La resolución aprobada por los jubilados rechaza el Plan de Ajuste de Deuda radicado por la Junta de Control Fiscal que incluye recortar el 8.5% de las pensiones de retirados del Gobierno Central, Magisterio y Judicatura.
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Los pensionados que se dieron cita en el Coliseíto Pedrín Zorrilla de San Juan, exigieron también en la resolución aprobada la auditoría de integral de la deuda, la cancelación de todas las deudas ilegales y encausar a los responsables que llevaron al país a la quiebra.
Del mismo modo aprobaron desautorizar al Comité Oficial de Retirados (COR) como representantes legales de los pensionados del gobierno central, magisterio y judicatura respecto a cualquier determinación, gestión o acción relacionada a los pensionados porque no son nuestros representantes electos, sino nombrados e impuestos por el Tribunal Federal.
Exigieron también a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced y a la Asamblea Legislativa que establezcan como política pública del Gobierno de Puerto Rico, cero recortes a las pensiones presentes y futuras y la cancelación de toda deuda del gobierno que sea necesaria para garantizar el pago de las pensiones y servicios esenciales.
De igual manera, establecieron un plan de acción en defensa de las pensiones que incluye concentraciones masivas; desarrollo de orientaciones y campañas para impulsar una propuesta de retiro de los pensionados del gobierno central, magisterio y judicatura; trabajar activamente en campaña de votación de pensionados y trabajadores activos durante la consulta sobre los Planes de Ajuste de la Deuda para votar en contra de dichos planes; convocar a un Acuerdo Nacional con los Pensionados a todos los candidatos y candidatas a la legislatura y a la gobernación de Puerto Rico para juramentar un acuerdo de Cero Recortes a las pensiones presentes y futuras de los jubilados y empleados del gobierno central, la judicatura, el magisterio, la AEE y la UPR entre otras.
