El productor de cine Luis “Luillo” Ruiz Ruiz reconoció a Metro que, durante la reunión que sostuvo esta semana con la gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza, solicitó que saliera otro representante de la industria cinematográfica que fue invitado, para poder discutir en privado sus reclamos sobre unos $25 millones que, asegura, le corresponden, como decretos emitidos bajo la Ley 27 de Incentivos Fílmicos.
De esa forma, Ruiz Ruiz afirmó que no pretendía que se le concedieran nuevos créditos contributivos, sino levantar bandera sobre la retención de incentivos correspondientes a tres películas producidas en la isla desde 2017 por su empresa, The Pimienta Film.
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El presidente de la fundación CineStell, Jorge Luis Aquino, relató por separado a este medio que, luego de media hora reunidos en La Fortaleza, Ruiz Ruiz, en efecto, solicitó que él abandonara la audiencia.
“El señor Ruiz se levantó y dijo, básicamente: ‘Quiero que el señor Jorge Aquino se vaya porque quiero discutir algo en privado con la gobernadora’. Básicamente, me botó”, declaró Aquino, al agregar que, hasta ese momento, había sido una reunión “muy positiva”.
“Con mucho respeto, pedí (que Aquino saliera) porque estábamos hablando de información completamente privilegiada, incluyendo aspectos de ventajas competitivas”, sostuvo, por su parte, Ruiz Ruiz, quien entonces quedó a solas con la gobernadora, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, el titular de Hacienda, Francisco Parés, y el director del Programa de la Industria Cinematográfica, Pedro Piquer, funcionarios que participaban del cónclave.
Según Ruiz Ruiz —una de las nueve personas que hace menos de tres semanas donó a la campaña por la gobernación de Vázquez— cuando el martes pasado trajo a la mesa sus reclamos sobre los $25 millones en créditos que, supuestamente, le retiene el DDEC, la gobernadora salió de la reunión al plantear que “no le competía entrar en esa controversia”.
El cineasta se describió a sí mismo y a su esposa, Belinés Torres, como “donantes históricos” del Partido Nuevo Progresista, aunque la página del Contralor Electoral detalla que también ha aportado a campañas de políticos populares, como Alejandro García Padilla y David Bernier. Sin embargo, alegó que “no puedo pensar” que el donativo de $2,700 en una actividad de Vázquez el pasado 30 de enero haya influido en que, finalmente, se le concediera la reunión que él mismo reconoció que había solicitado desde agosto de 2019.
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Ayer, Vázquez dijo en un aparte con la prensa que no sabía quién había organizado ese acto político de recaudación que se llevó a cabo en Dorado. No obstante, Ruiz Ruiz sostuvo que fue el equipo político de la gobernadora quien lo invitó a él y a su esposa al evento, donde se recaudaron en total $23,500.
Ruiz Ruiz dijo que Valerie Rodríguez Erazo, esposa del cabildero Elías Sánchez, trabaja como representante legal para The Pimienta Film por “años”, aunque sostuvo que no intervino para conseguir la reunión en La Fortaleza.
Responsabiliza al DDEC
El cineasta enfiló sus cañones hacia Laboy, quien dijo que es el responsable de los presuntos retrasos en el desembolso de los $25 millones, acreditables por las producciones de las películas Driven (2018), Ana (2019) y Primal (2019).
Ruiz Ruiz lamentó que, aunque la Ley 27 dispone que una vez el DDEC reciba de un auditor la certificación de que el beneficiario del decreto cumplió con todos los requisitos, tiene 30 días para “confirmar” el crédito, lo menos que se ha tardado la agencia en proveerle dicha confirmación son “tres meses”.
El productor aseguró que confrontó a Laboy en La Fortaleza. “Yo noté molestia (en Laboy). Le dije que estaba poniendo en entredicho la credibilidad de Puerto Rico como destino para la inversión a causa de la manera pedestre que se están atendiendo los decretos. Pero te puedo asegurar que no estaba más molesto que yo”, dijo Ruiz Ruiz.
Ayer, por segundo día consecutivo, Laboy rechazó contestar preguntas a este diario sobre el tema.
“No puedo hacer expresiones de otro tema. No puedo”, dijo Laboy al concluir una rueda de prensa en la que presentó un plan para desarrollar un complejo tecnológico oceánico.
Incentivos cuestionables
La efectividad de los incentivos contributivos, incluidos los que se otorgan bajo la Ley de Incentivos Fílmicos, es un tema que genera interrogantes, de acuerdo con Daniel Santamaría, economista de la organización Espacios Abiertos.
Muchos de los créditos que concede el DDEC bajo la Ley 27, según Santamaría, no generan un efecto positivo en la economía a largo plazo, pues se limitan a proyectos cinematográficos que no crean empleos permanentes, sino que importan el capital humano. En ese sentido, Santamaría señaló que una estrategia más efectiva sería impulsar proyectos de infraestructura que conviertan a la isla en una plaza fílmica de calibre internacional.
La Ley 27 impone un tope ordinario de $50 millones en créditos anuales. El periodista Sadot Santana Miranda colaboró con esta historia