El juez federal Pedro Delgado cambió para febrero 22 del 2021 el comienzo del juicio contra la exsecretaria de Educación, Julia Beatrice Keleher y otros cinco implicados.
La determinación del juez se da luego de rechazar dos mociones para cambiar de jurisdicción el caso y para modificar los términos de la mordaza impuesta.
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“No quiero que este caso se litigue en los medios”, sostuvo el juez Delgado previo a denegar la moción para modificar la mordaza.
En cuanto a la moción para mudar la jurisdicción por la “publicidad excesiva”, el juez Delgado expresó en sala que “la imparcialidad del jurado no requiere ignorancia (de conocer detalles del caso)”.
A juicio del juez, esta fecha saca del panorama la situación política de las primarias y las elecciones del 2020.
Delgado citó como precedentes lo que hizo la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo en el caso del Cerro Maravilla (que comenzó en el 1985) y lo que ocurrió con Aníbal Acevedo Vilá (que comenzó en el 2009).
Del mismo modo, el juez mencionó que va a ampliar las convocatorias de jurado. Solicitó colaboración de la defensa y la fiscalía en la preparación de los interrogatorios. También, aumentará la cantidad perentorias en el proceso de escoger al jurado.
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Sobre la moción denegada de cambio de jurisdicción, los abogados María Domínguez, representante legal de Keleher; Abbe Lowell, abogado del expresidente de BDO, Fernando Scherrer; Edgar Vega Pabón, representante legal del contratista Alberto Velázquez Piñol y Jayson González, abogado de la exdirectora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Ángela Ávila hablaron sobre cómo la “publicidad excesiva” del caso impide un juicio justo.
Lowell argumentó sobre un estudio encomendado a la empresa Decision Quest, del doctor Arthur Patterson, que a su vez subcontrató a Brawn Research, sobre el conocimiento en los potenciales jurados en Puerto Rico de los imputados. El estudio se hizo a 302 personas a través de llamadas telefónicas en Puerto Rico y en Boston.
Según Lowell, el 65 por ciento de los potenciales testigos tienen conocimiento de las imputaciones contra el expresidente de la firma BDO y tienen mente hecha en contra de Scherrer. En cambio, en Boston el conocimiento del caso es de un 9 por ciento.
“La gente sigue molesta. En este momento, no hay forma de que en Puerto Rico se pueda tener un juicio justo”, expresó Lowell.
En lo que respecta a Keleher, su abogada María Domínguez expresó que el estudio refleja que el 85 por ciento de los potenciales jurados está influenciado en contra de la exsecretaria de Educación.
“Estos resultados ponen de cabeza al sistema”, expuso Domínguez quien expresó que su clienta se ha convertido “en la persona símbolo de la corrupción”.
Domínguez mencionó que en su carrera como fiscal y como abogada nunca había visto el trato que recibió Keleher cuando llegó por primera vez al Tribunal Federal. Según la abogada, a Keleher una multitud congregada frente a los portones del Tribunal Federal, le halaron el pelo y la golpearon en el estómago. La situación provocó que la sacaran por la parte posterior del edificio.
Entretanto, Edgar Vega Pabón, abogado de Alberto Velázquez Piñol, manifestó en sala que la situación en Puerto Rico ha cambiado desde el verano de 2019, al punto que “no puedes ni siquiera ir tomar un café sin ser atacado”.
De otra parte, el abogado de la exayudante especial de Keleher, Glenda Ponce, Juan Matos de Juan, sostuvo que su clienta se ve impedida de recibir un juicio imparcial, por estar incluida en la acusación con Julia Keleher.
“Este juicio en medio de las primarias va a estar en constante discusión”, argumentó.
El fiscal José Capó Iriarte se opuso a la moción bajo el argumento de que la mejor forma de conseguir un jurado imparcial para este caso es a través del proceso que tiene el tribunal de entrevistar a los potenciales jurados.
“¿Por qué tomarnos el riesgo? Porque ese es el sistema que tenemos”, sentenció.
Sobre la solicitud para modificar la mordaza, el licenciado Lanny Davis (quien fue contratado por la defensa de Keleher para esta moción) argumentó ante el juez Delgado que su interés era “corregir el récord periodístico de aquellas informaciones falsas que se publiquen”. Según el abogado en algunos casos se reportan pormenores del caso en algunos medios que citan mal el pliego acusatorio o que simplemente la información publicada ni siquiera es parte la acusación.
“Si algo falso se publica en los medios, tengo el derecho de refutar”, expresó el abogado. Davis sostuvo que Keleher no hará expresiones sobre el caso y que solamente él se encargará de contestar las informaciones a su juicio falsas.
La solicitud de Davis no fue compartida por el abogado de Glenda Ponce (exayudante especial de Keleher) Juan Matos de Juan. A juicio del licenciado, la solicitud de Davis iba en contra de la moción desestimada de cambio de jurisdicción.
Por su parte, el fiscal José Capó Iriarte argumentó en contra de la solicitud de Davis, a los efectos de que la misma abriría la puerta a que el caso se ventile en los medios. Citó como ejemplo, las entrevistas que la abogada de Keleher, María Domínguez concedió a varios medios durante la segunda acusación del senador Abel Nazario, a quien también representa. Según Capó Iriarte, Domínguez aprovechó la ocasión para atacar a la fiscalía al expresar que “cuando la fiscalía tiene un caso flojo, trae otro”.
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