La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), presentó al Tribunal Federal su oposición a una petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para programar una audiencia a fin de evaluar el disclosure statement o declaración de divulgación del plan de ajuste de deuda.
Se trata de la declaración que luego sirve a modo de manual para el acreedor y contiene 1,869 páginas. Su propósito es proveer una visión del plan, a fin de que todo acreedor pueda establecer su posición a favor o en contra, ya que, en algún momento del proceso, cuando culmine la mediación, todos los acreedores incluidos deben votar. El Tribunal Federal es el encargado de evaluar también dicho documento. Luego realizará una vista para aprobarlo si considera que contiene toda la información que necesitan los acreedores.
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El Gobierno se opuso a la petición de la JCF para “programar una audiencia para considerar la idoneidad de la información contenida en la declaración de divulgación, establecer la fecha límite para presentar la traducción al español, establecer la fecha límite para presentar objeciones y las respuestas a esta, y conceder una reparación relacionada.
La petición de la JCF a la jueza federal Laura Taylor Swain tiene fecha de 11 de febrero de 2020.
Gobierno recalca oposición al plan
En la objeción la AAFAF expone que el ente creado por la Ley Promesa anunció el acuerdo con ciertos bonistas de Obligaciones Generales y que, a pesar de que para la Junta el acuerdo es un paso para la aprobación del plan de ajuste de deuda del Estado Libre Asociado y salir de la quiebra, omite que el Gobierno no respalda el plan.
“El Gobierno ha concluido que los términos actuales, por sí solos, no están en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, expuso AAFAF al Tribunal Federal. “Y, sin el apoyo del Gobierno… el plan modificado no puede hacerse realidad”.
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El pasado 27 de septiembre, en un mensaje televisado, la gobernadora Wanda Vázquez aprobó el plan de ajuste que incluye el recorte de 8.5% a las pensiones de $1,200 o más que negoció el Comité Oficial de Retirados (COR). Sin embargo, el 9 de febrero la primera ejecutiva se mostró en contra del nuevo acuerdo con los bonistas de Obligaciones Generales. La primera ejecutiva ahora solicita un mejor trato para los pensionados en el plan de ajuste de deuda.
Argumentan plan de ajuste no es confirmable
El Gobierno también alegó en el Tribunal Federal que el proceso de confirmación del plan de ajuste será uno costoso e inconfirmable según la Ley Promesa. “La sección 314 (b) (5) de Promesa requiere expresamente que la Corte determine que los proponentes del plan han obtenido ‘cualquier aprobación legislativa, reglamentaria o electoral necesaria según la ley aplicable para llevar a cabo cualquier disposición del plan’. Debido a que la Junta de Supervisión no cuenta con el apoyo del Gobierno para aprobar la nueva legislación contemplada en el acuerdo, la Junta de Supervisión no puede demostrar, y por lo tanto, el Tribunal no puede determinar que este requisito de confirmación será satisfecho”, puntualizó el Gobierno.
Swain no tiene una fecha límite para decidir.
