Los representantes, Víctor Parés Otero y Denis Márquez Lebrón, presentaron un proyecto de ley para regular y fiscalizar la industria de elevadores y escaleras eléctricas en Puerto Rico, también conocida como la industria de transporte vertical, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
El Proyecto de la Cámara 2395 crea la Ley Sobre Normas de Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados que busca, además, adoptar una política pública uniforme y clara en lo concerniente al proceso de licenciamiento de los contratistas, inspectores y mecánicos de esta industria. Actualmente lo que existe es un reglamento administrativo.
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“Es necesario se otorgue fuerza de ley a la fiscalización de esta industria para que cumplan a cabalidad con los estándares de seguridad. Hay que regularla, de modo que los ascensores estén debidamente inscritos e inspeccionados, y establecer los mecanismo para auditar los procesos. No queremos que se quede en papel; ahora se rigen por un reglamento que no se cumple en su totalidad, lo que atenta contra la seguridad de las personas que utilizan ascensores”, sostuvo Parés Otero en declaraciones escritas.
Por su parte, el representante Márquez Lebrón destacó que “este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto de investigación en tan importante sector de la industria y va encaminado a modernizar la reglamentación de la operación e inspección de ascensores en Puerto Rico manteniendo la protección a los trabajadores y la ciudadanía en general”.
Indicó que entidades de la industria que comparecieron a las vistas públicas como parte de la investigación, expresaron en consenso que no existe en Puerto Rico un marco legal que regule todos los elementos de la industria de transporte vertical. Igualmente, señalaron la existencia de lagunas legales en el Reglamento 18 vigente del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
En esencia, puntualizaron la necesidad de la creación de una junta u organismo que regule los requisitos y el proceso para la expedición de licencias de los contratistas, inspectores y mecánicos de elevadores y equipos relacionados.
Señalaron que el proyecto atiende esta situación al requerir que cualquier persona, empresa o compañía que quiera establecer un negocio de instalar o proveer servicios de mantenimiento a estos equipos dentro de la jurisdicción de Puerto Rico tenga que solicitar una licencia y cumplir con ciertos requisitos.
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Para uniformar la industria, el proyecto crea una Junta Revisora de Seguridad. Las funciones más importantes de esta Junta son asesorar al secretario del Departamento del Trabajo en la redacción de las normas y reglamentos aplicables a los elevadores y escaleras eléctricas; así como evaluar las solicitudes de los aspirantes a tomar el examen de inspector o mecánico de estos equipos; entre otras funciones.
Según data ofrecida por miembros de la industria en las audiencias públicas, existen cerca de 6,700 ascensores y escaleras eléctricas en Puerto Rico, y que la cifra real puede superar las 8,000 unidades al tomar en consideración aquellos ascensores que no han sido debidamente registrados.
