Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) pertenecientes a la Comisión cameral de Hacienda instaron al gobierno a enmendar al plan fiscal certificado, partiendo de la premisa de que las proyecciones macroeconómicas se han alterado a raíz de los más recientes desastres naturales y la lentitud en la asignación y desembolso de fondos federales de recuperación.
El grupo de legisladores, encabezado por el portavoz popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, sostuvo además que los pensionados del sector público no estuvieron debidamente representados en el proceso de negociación entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y los acreedores que recientemente produjo un acuerdo sobre la reestructuración de las obligaciones generales del gobierno.
Para Hernández, en el acuerdo de junio pasado entre la JCF y el Comité Oficial de Retirados, bajo el que cerca de una cuarta parte de los 167,000 pensionados sufrirían recortes de hasta 8.5%, los jubilados del país no estuvieron bien representados.
“Eso no representa a la totalidad de los retirados. (Los pensionados) están reclamando que están en un momento de indefensión ante la realidad del acuerdo con los bonistas que podría afectar el resultado final. No olvidemos que el plan fiscal aprobado por la administración Rosselló-Vázquez-Pierluisi tiene ponderado ir reduciendo las aportaciones a los retirados. Lo que estamos diciendo es que (si) se están sentando por primera vez con (acreedores) de obligaciones generales, el gobierno central tenía que equitativamente, de forma holística, que tuviéramos todo sobre la mesa para evitar que una persona quedara afectada por negociaciones de otro. La Junta no quiere traer, y el gobierno no quiere defender a los pensionados”, subrayó Hernández.
El representante Jesús Santa, en tanto, argumentó que la sección 201 de la Ley Promesa dispone que los planes fiscales tienen la obligación de proveer financiamiento “adecuado” a los sistemas públicos de pensiones.
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“En ningún lado en Promesa dice que hay que cortarle a los pensionados. Adecuado no es sinónimo de restar”, planteó el legislador.
De acuerdo con esa misma sección de la ley federal, agregó el representante Javier Aponte Dalmau, el gobierno electo tiene la potestad de presentar enmiendas a los planes fiscales.
“Teniendo recursos jurídicos con los que solicitar la intervención de estos planes y exigirle a la Junta de Control Fiscal que revise todo este proceso, ella (la gobernadora Wanda Vázquez) hasta este momento no lo ha hecho”, puntualizó Aponte Dalmau.
El texto de la sección 201 de Promesa, sin embargo, faculta únicamente a la JCF a exigir revisiones de los planes fiscales certificados.
Asimismo, Santa cuestionó el fundamento para acordar un recorte a las obligaciones generales de menos de 30 centavos de dólar cuando, según el legislador, en 2014 los bonos del gobierno central se vendían a cerca del 35% de su valor original.
“Cuando haces una reestructuración de deuda tu partes del valor. Cuando ves el acuerdo el valor, que en 2014 estaba en 35 centavos y cuando llegó Promesa se mantuvo más o menos igual, ahora sube a 70. La pregunta es quién se beneficia de ese acuerdo. Los bonistas”, sentenció Santa, quien añadió que el acuerdo derivará en otra quiebra futura del gobierno local.
Hernández indicó durante la conferencia de prensa que emplazará a la gobernadora y a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez a través de una carta, de la cual enviará copia a la congresista de origen boricua Nydia Velázquez.