El Gobierno de Puerto Rico aún carece de una política pública que fije algún tipo de protocolo en torno al manejo de redes sociales de funcionarios y agencias gubernamentales y que, a su vez, regule o impida el bloqueo a ciudadanos.
Así lo confesó Glorimar Ripoll, principal oficial de Informática del Gobierno, y en cuyas manos recae establecer esa uniformidad que debería tener las agencias sobre sus plataformas digitales. La funcionaria solo dijo que se trata de un asunto que debería atenderse pronto. “Por lo menos, a nivel de nuestra oficina, no hay un protocolo destinado a eso. Ahora mismo no lo hay”, indicó Ripoll en entrevista telefónica con Metro.
Varios ciudadanos han denunciado desde hace meses que múltiples cuentas oficiales de agencias y funcionarios en la plataforma digital Twitter los han bloqueado. Ripoll indicó que, al no contar con un protocolo, cada agencia maneja sus redes sociales a su discreción.
“No estoy de acuerdo con que bloqueen. La realidad es que se respeta el derecho a opinar, de cada cual expresar su opinión. Me parece que es un derecho bastante universal”, sostuvo la funcionaria.
Aunque se trata de un asunto del que personas se quejan constantemente, el bloqueo por parte de funcionarios a ciudadanos en sus plataformas oficiales de redes sociales no es endémico de la isla. El verano del año pasado, el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones —en el caso de Knight Foundation v. Donald Trump— determinó que el presidente estadounidense no puede bloquear a usuarios en Twitter porque critican su gestión gubernamental. Para el tribunal, esta acción constituyó una violación a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ya que las cuentas de redes sociales de los funcionarios y políticos son foros públicos por designación.
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En Puerto Rico, algunas de las quejas más frecuentes de bloqueo son contra el Departamento de Salud, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la representante María Milagros Charbonier, entre otros. Alegan que ello les imposibilita conocer anuncios y las manifestaciones en torno a la gestión gubernamental de estos.
Metro intentó ayer indagar con estas agencias y con la legisladora sobre la política que tienen sobre el manejo de redes sociales, pero al cierre de esta edición ninguno contestó. El personal de prensa de la AEE indicó que primero debían consultar con el departamento legal de la corporación pública.
Otras quejas incluyen a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Policía de Puerto Rico o políticos como Nayda Venegas y Thomas Rivera Schatz. Algunos ciudadanos indican en sus cuentas que fueron bloqueados por criticar o dirigir comentarios contra las agencias.
Por su parte, Ripoll comentó que la oficina ha considerado adoptar un protocolo que regule el manejo de redes sociales de funcionarios y agencias, aunque no precisó cuándo lo establecerían. “Muchas de estas cosas son temas especializados que, con la situación que hemos tenido de tener unos recursos especializados en todas las áreas, no en las puramente tecnológicas, sino también en las relacionadas a la gestión que uno está haciendo, no podemos contar con esos recursos ni una estructura administrativa. Hay cosas que, lamentablemente, no las hemos podido ejecutar como uno quisiera”, afirmó.
- ¿Qué dice la decisión de Knight v. Trump?
- • En 2017, la Fundación Knight demandó al presidente Trump por bloquear a usuarios de Twitter que criticaban su gestión gubernamental.
- • En julio de 2019, el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos decidió en contra de Trump, ya que el bloqueo constituye una violación del derecho a la libertad de expresión.
- • La decisión judicial concluyó que la cuenta de Trump es un foro de discusión pública, y no puede privar a la ciudadanía de ver lo que publica.
- • En agosto de 2019, el Gobierno solicitó que se vuelva a evaluar el caso con el pleno del Tribunal Apelativo.
Cuentas de naturaleza pública
Para expertos consultados por Metro, las cuentas de los funcionarios y agencias en redes sociales son foros públicos de discusión y bloquear a un ciudadano por comentarios que disientan de sus ideologías podría ser contrario al derecho a la libertad de expresión.
A juicio del profesor de Derecho, Hiram Meléndez Juarbe, el caso de Trump definió la naturaleza pública de las cuentas de redes sociales de políticos, especialmente cuando la utilizan para difundir mensajes a la ciudadanía. “Lo que dice ese caso es que, en la medida en que los funcionarios usan sus páginas para comunicar e interactuar con el público sobre asuntos relacionados con su función pública, no son páginas puramente privadas. En esa medida, entonces, se entiende que esas páginas constituyen un foro público de discusión”, opinó el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Destacó que la defensa del presidente estadounidense argumentó que la cuenta que Trump utilizó para bloquear a ciudadanos en Twitter era de naturaleza personal —denominada @realDonaldTrump— y no la oficial. No obstante, el tribunal rechazó este planteamiento debido a que el presidente utilizaba esa cuenta para realizar todo tipo de anuncios, incluidos públicos. Agregó que cuando único se podría limitar la interacción del usuario, es si violenta los términos y condiciones de la red social o se incurre en hostigamiento.
El también abogado Manuel Quilichini reconoció que en Puerto Rico no existe una ley o una decisión que contemple esta conducta como la decisión del Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. “No creo que una agencia de gobierno o un funcionario público en su rol tengan derecho a invocar ningún nivel de privacidad o confidencialidad, salvo que la ley se lo reconozca”, subrayó Quilichini en entrevista con este rotativo.
Mencionó, además, que si una agencia abre una cuenta en una red social para informar, no debe bloquear a ciudadanos solo porque realizan comentarios negativos.
“Los comentarios negativos es una forma de expresión; son protegidos por la Constitución del ciudadano”, dijo el letrado. La periodista Miladys Soto colaboró en esta Historia.