España aprobó el martes varios impuestos a negocios y transacciones bursátiles digitales, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.
En su reunión semanal, el gabinete aprobó el llamado impuesto Google y el impuesto Tobin. Ambas medidas aún necesitan la aprobación del Congreso de los Diputados.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que el impuesto Google, que ha enfurecido a Estados Unidos y ha provocado amenazas de Washington de aplicar aranceles, estará vigente apenas a finales del año.
El gobierno español espera que para entonces ya existirá un pacto internacional sobre impuestos digitales, y sobre el tema está trabajando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Montero indicó que el gobierno desea tener un sistema de impuestos más justo que se adapte a las nuevas tendencias de globalización y digitalización.
El gobierno español está siguiendo el ejemplo de otros países europeos, como Francia y el Reino Unido, al aplicar un impuesto digital.
La medida busca combatir la evasión fiscal por parte de las grandes empresas multinacionales. Google, Facebook y otras tecnológicas pagan la mayoría de sus impuestos en el país de la Unión Europea donde tienen sus sedes y pagan muy poco en países donde tienen operaciones sumamente rentables.
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España desea aplicar un impuesto de 3% a la publicidad en internet, a los pactos empresarios en plataformas digitales y a las ventas de los datos de los usuarios por parte de compañías tecnológicas con operaciones de más de 750 millones de euros al año internacionalmente y más de 3 millones en España. Aspira a recaudar aproximadamente 1.000 millones de euros al año en ingresos fiscales adicionales.
Otros países de la UE como Francia, Italia y Bélgica ya han aprobado un impuesto Tobin. En España, el gobierno desea aplicar un gravamen de 1.2% en transacciones bursátiles de compañías con un valor de más de 1.000 millones de euros. Ello recaudaría más de 800 millones de euros anualmente, según estimados oficiales.
