Proyecto Dignidad propone que Acuerdo con la AEE vuelva a la mesa de negociaciones

En el día de hoy Proyecto Dignidad hará entrega de una carta a la JCF reiterándole su solicitud de una reunión y adelantándole una serie de interrogantes relacionadas de ambos acuerdos

Por Cyber News

El presidente del Proyecto Dignidad, doctor César Vázquez Muñiz, manifestó el viernes, su rechazo al Acuerdo sobre la Reestructuración de la Deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el acuerdo anunciado recientemente con los bonistas tenedores en su mayoría de bonos generales de Puerto Rico, para traer a la atención del pueblo el peligro que ambos acuerdos implican para el futuro del país.

“Sufrirá la economía aún más, ya que provocará la pérdida de cerca de 170,000 empleos.  Eso quiere decir que en los próximos años entre uno o dos de los miembros de una familia perderá su empleo y no tendrán otra opción que irse de Puerto Rico.  La pobreza y la desigualdad en Puerto Rico empeorará. La AEE se quedará sin resolver su problema de capacidad económica pues tendrá que volver a coger prestado para renovar su funcionamiento.  Nos quedaremos con una deuda que no podemos pagar, y con una autoridad que no puede enfrentar el futuro. El Acuerdo no cumple con la Política Energética de Puerto Rico, con los parámetros de regulación del Negociado de Energía y demás leyes de Puerto Rico”, dijo Vázquez Muñiz, en declaraciones escritas.

Explicó que el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y su Plan Fiscal “son malos para todos los que vivimos en esta Isla”, puntualizan en un acuerdo de todos los miembros de la junta de directores de Proyecto Dignidad. Tendrá el efecto de aumentar la factura de la luz de un 20 por ciento inicialmente hasta posiblemente un 50 por ciento. Esto quiere decir, que si ahora una persona o familia paga 100 dólares en su factura mensual, pronto comenzaría a pagar entre 120 dólares y podría terminar pagando 150 dólares de electricidad.

Mencionó que el Acuerdo requiere se enmiende prácticamente todo el marco legal que le aplica a la AEE.  Hay que enmendar 16 leyes para que pueda ponerse en vigor, porque viola todas las leyes aplicables a la AEE.

“Por consiguiente, Proyecto Dignidad hace un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a su presidente José Carrión III, a su directora ejecutiva Natalie Jaresko, a la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced y al presidente de la AEE José Ortíz, para que no solo cumplan con su deber de proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, el cual perjudican al apoyar este Acuerdo, sino que moralmente hagan lo correcto.  Detengan el Acuerdo y vuelvan a la mesa de negociación con los bonistas de la AEE. Su deber no es procurar que se enmienden las leyes para hacer de un acuerdo malo e inmoral uno legal, sino que el deber moral requiere que el mismo se detenga y se vuelva a negociar. Este Acuerdo es uno “suicida” para todos los habitantes de Puerto Rico y sus efectos son nefastos para el futuro de la economía puertorriqueña”, añadió.

Además, propuso:

  1. Se debe reevaluar al 2020 los activos de la AEE para conocer su verdadero valor. El Acuerdo parte de los activos al 2016, antes del Huracán María y de los recientes terremotos. No toma en cuenta que el principal activo, la planta Costa Sur ha sufrido un daño no cuantificado y está inoperante.
  2. Se debe negociar un recorte mayor a la deuda de la AEE.  Ese recorte debe garantizar que la AEE pueda operar con solvencia hacia el futuro.  Dado la magnitud de la deuda total de la AEE, la cual excede por mucho los 10,000 millones de dólares, este recorte debe de ser mayor al 50 por ciento de la deuda.
  3. Se debe de evaluar los parámetros bajo los cuales la AEE emitió deuda mientras sus directivos conocían que la misma no podría pagarse para que se repudie la misma por haberse emitido ilegalmente.
  4. El Acuerdo al que se llegue con los bonistas debe garantizar que el aumento total a los consumidores, incluyendo todos los cargos en el Plan Fiscal de la AEE, no debe exceder uno de dos (2) centavos por Kw-h, por toda la vigencia del acuerdo.

En cuanto al Acuerdo de los Bonos Generales, el Proyecto Dignidad entiende que la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas tienen que negociar a base de la capacidad de pago de los puertorriqueños. Tanto David Skeel como Ana Matosantos, miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) le votaron en contra a dicho Acuerdo a su propia Junta.  Si el Acuerdo es tan beneficioso como expresa la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, ¿qué paso con esos dos miembros de Junta?  No se sabe. El pueblo necesita saber, necesita respuestas.

Este Acuerdo tiene muchos interrogantes, entre ellos:

  • Luego de la quiebra los bonos generales de PR se estaban vendiendo en el mercado a 60 centavos el dólar. Una gran cantidad de ellos fueron comprados por fondos buitres a menores precios.
  • Luego del Huracán María se vendían a 20 centavos el dólar, en donde los fondos buitres compraron casi la totalidad de estos. Durante el 2019 fluctuaban los 40 centavos el dólar.
  • Bajo el Acuerdo que defiende la Junta de Supervisión Fiscal los bonistas generales van a cobrar 73-76 centavos el dólar, incluyendo la deuda ilegalmente emitida, sin repercusiones legales para los que participaron en ella.
  • Dicha deuda se reestructuraría emitiendo bonos nuevos con unas garantías de pago casi absolutas que los bonos buitres van a vender en el mercado ganándose tres y cuatro veces su inversión
  • A los acreedores no asegurados, que son gente que le prestó servicios al gobierno le están pagando 1 y 3 centavos el dólar.

A la junta de directores de Proyecto Dignidad le parece que se puede negociar algo más razonable que ronde entre los 30-40 centavos el dólar para los bonistas generales. No es irreal, se puede lograr, y eso es lo que Puerto Rico verdaderamente podría pagar.

En el día de hoy Proyecto Dignidad hará entrega de una carta a la JCF reiterándole su solicitud de una reunión y adelantándole una serie de interrogantes relacionadas de ambos acuerdos.  Aparte, le solicitará por escrito tanto a la gobernadora como a los presidentes de los cuerpos legislativos que no apoyen el acuerdo de reestructuración de la deuda. Esto implica no dar paso a la legislación que busca viabilizar ambos acuerdos.

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