Por: Angélica Serrano Román / CPI
Reinalice Carrero Guerra, una joven de 23 años con síndrome de Down, es una de las miles de estudiantes de Educación Especial que nunca recibió una evaluación vocacional y de carrera del Departamento de Educación, a pesar de que la ley exige desde hace 13 años que se le haga esta prueba.
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Tampoco recibió ayuda de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que se supone que encamine a los ciudadanos con diversidad funcional en la fuerza laboral. Su madre, Alice Guerra, relató que solicitó sin éxito los servicios luego de que su hija se graduó de escuela superior a los 18 años.
“Le hicieron 1,500 entrevistas. La persona a la que le correspondía el caso, nunca estaba, y me redirigían con otra que estuviese disponible. Dejaron de llamarme y escribirme. Supuestamente, la adiestrarían [a la joven] para que trabajara en una góndola en un supermercado, pero eso nunca pasó”, expresó Guerra.
A Juliana Ortiz Pérez, diagnosticada con autismo, Educación tampoco le ofreció la prueba. Su madre, Joana Pérez Coderi, relató que no fue hasta los 20 años que inició un trámite con Rehabilitación Vocacional para el empleo y la vida independiente.
Luis Alonso Quesada, quien tiene sordoceguera parcial y nació con problemas cardíacos y de movilidad, tomó la evaluación vocacional de Educación a los 16 años. Sin embargo, su madre, Mónica Quesada, opinó que no tuvo ningún resultado, y la agencia los obligó a ir a las citas de Rehabilitación Vocacional. En una ocasión, les tocó esperar horas para ser atendidos, y el especialista los despachó en cinco minutos. “Me atendieron en ‘un dos, tres, pescao’”.
La Ley 263 de 2006, del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, establece que los estudiantes con diversidad funcional deben recibir una evaluación vocacional preliminar al cumplir los 12 años, evaluación que debe completarse antes de los 15 años.
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Esta prueba busca identificar y proyectar el funcionamiento de una persona con diversidad funcional en las áreas de vocación y empleo. Algunos estudiantes son del sistema público, referidos, o solicitan los servicios de Rehabilitación Vocacional para recibir evaluaciones, terapias o asistencia adicional que les ayude a entrar en la fuerza laboral.
La evaluación, según dispone la ley, es “un derecho para los estudiantes con impedimentos en proceso de transición que reciben servicios de Educación Especial bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico, garantizándoles su desarrollo pleno e integrándolos al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades”.
“Para nada me sirvió [la prueba]. Ni para Rehabilitación Vocacional. No [hubo] empleo, espejuelos, ninguna asistencia. Luilli no recibió nada. El empleo que tuvo fue porque nosotros le conseguimos el empleo en una farmacia”, manifestó Quesada.
El secretario asociado de Educación Especial en el DE, Eliezer Ramos Parés, alegó que la Ley 263 —aprobada hace 13 años— es reciente, y que la agencia está en la búsqueda de recursos adiestrados para administrar la Evaluación Vocacional y de Carrera.
“Te reconozco que el proyecto, en cuanto a la implantación, está en pañales”, admitió Ramos Parés en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.
El estatuto 263 también indica en la exposición de motivos, que los consejeros escolares adiestrados en Evaluación Vocacional son los mejor capacitados para ofrecer las pruebas, pero también permite que se contraten especialistas en Evaluación Vocacional externos.
“Se están haciendo intentos de contratar estos servicios en el sector privado, de manera inmediata, en miras de establecer planes de trabajo y readiestrar personal. Es un tema que requiere muchas horas de adiestramiento, horas fuera del adiestramiento y una inversión millonaria del Departamento”, dijo el funcionario.
Angélica Serrano Román / CPI Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Acceda la nota completa en periodismoinvestigativo.com
