JERUSALÉN (AP) — La oficina de derechos humanos de la ONU difundió el miércoles una lista de más de 100 empresas que dijo son cómplices en la violación de los derechos humanos de los palestinos porque efectúan actividades en los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, el primer intento internacional en la historia por señalar a esas empresas, el cual fue repudiado por Israel.
La publicación de la lista después de repetidas demoras agudizó un inminente enfrentamiento entre Israel y la comunidad internacional por su política de más de medio siglo de construir asentamientos en Cisjordania. Alentado por la nueva iniciativa de Estados Unidos para el Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha comprometido a anexar a Israel sus más de 100 asentamientos, mientras que la fiscal principal de la Corte Penal Internacional de La Haya anunció que pronto lanzará una investigación sobre las políticas de los asentamientos, equiparándolas a crímenes de guerra.
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En la lista figuran conocidas compañías globales, incluidas Airbnb, Motorola y General Mills. Aunque la vasta mayoría de las naciones consideran ilegales los asentamientos, en el informe del miércoles no se acusa a las compañías de violar el derecho internacional. Sin embargo, la lista parece orientada a presionarlas al atraer atención negativa a sus vínculos con una política israelí muy vilipendiada.
“Estoy consciente de que este asunto ha sido y continuará siendo altamente controversial”, dijo Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Sin embargo, después de un amplio y meticuloso proceso de revisión, estamos satisfechos de que este informe basado en hechos refleje la consideración seria que se le ha dado a este mandato sin precedentes y altamente complejo”.
El Consejo de Derechos Humanos instruyó en 2016 a la oficina de la ONU para la defensa de los derechos humanos que creara una “base de datos” de compañías que se considera están vinculadas con los asentamientos o los han apoyado. Después de comenzar con una posible lista de más de 300 compañías, la oficina la depuró a 112 firmas implicadas en prácticas que despiertan preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos, entre ellas la construcción de asentamientos, servicios de seguridad, servicios bancarios y equipo que fue utilizado para demoler propiedades palestinas.
El informe no se pronuncia por sanciones ni tiene repercusiones concretas en las compañías. Sin embargo, las autoridades israelíes acusaron al documento de ceder a las presiones de un amplio movimiento encabezado por los palestinos contra Israel, y expresaron preocupación de que la lista pudiera ser utilizada para boicotear y apremiar económicamente a esas empresas.
En un comunicado, Netanyahu dijo que el consejo de derechos “carece de importancia”.
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“En lugar de que la organización aborde los derechos humanos, sólo intenta desacreditar a Israel. Rechazamos enérgicamente ese intento despreciable”, agregó.
El ministro palestino del Exterior, Riad Malki, elogió la lista, considerándola una “victoria del derecho internacional y de los intentos diplomáticos para agotar las fuentes del sistema colonial que los asentamientos ilegales representan en el territorio palestino ocupado”.
Con un amplio respaldo internacional a su favor, los palestinos reclaman que Cisjordania y Jerusalén oriental sean parte de un futuro estado palestino independiente. Israel, que capturó ambas zonas en la guerra de los Seis Días de 1967, se anexó Jerusalén oriental —acción que carece del reconocimiento internacional— y señaló no tener intención de desmantelar ninguno de sus asentamientos en Cisjordania. Casi 500.000 israelíes viven allí y más de 200.000 en Jerusalén oriental.
En un reflejo de la consolidación de los asentamientos, en la lista abundan las compañías israelíes, entre ellas bancos, constructoras, supermercados y firmas de telefonía móvil.
