La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo Quiñones dijo el miércoles, que al momento hay dos investigaciones en la División de Integridad Pública sobre el manejo de los suministros en la emergencia por la actividad sísmica en el sur- suroeste de Puerto Rico.
A preguntas del representante, José “Pichy” Torres Zamora Longo Quiñones mencionó que las investigaciones son por la controversia con el almacén administrado por el Negociado Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) que se encontraba en La Guancha en Ponce y la otra sobre las denuncias de que había figuras político- partidistas encargadas en la distribución de suministros.
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“Cuando advinimos en conocimiento sobre esas alegaciones, se le solicitó a la División de Integridad Pública que designara un fiscal y que comenzara una investigación que sí es una investigación aparte”, dijo la secretaria del Departamento de Justicia.
Torres Zamora cuestionó a la secretaria, si al igual que la investigación del almacén de La Guancha en Ponce comenzó con los informes de prensa, si se había comenzado una investigación sobre las denuncias reportadas en prensa de que supuestamente figuras político- partidistas estaban manejando suministros en el sur- suroeste.
“Tenemos dos investigaciones separadas, nosotros empezamos la investigación con las reseñas con respecto a que se usaran suministros- no necesariamente de Ponce- en funciones político- partidistas”, expresó Longo Quiñones bajo juramento.
No obstante, la secretaria del Departamento de Justicia se contradijo a preguntas del presidente de la Comisión Especial, Gabriel Rodríguez Aguiló. Longo Quiñones contestó entonces que la investigación comenzó luego de una solicitud de investigación del representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez que comenzó la investigación.
“Nosotros recibimos un referido por parte del representante, Rafael “Tatito” Hernández con respecto a ese asunto, que fue incorporado…”, expresó la secretaria, quien en ese momento solicitó espacio para recibir asesoría.
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“Es cuando recibimos esa comunicación, que abrimos una investigación, particular o separada bajo ese asunto”, mencionó.
A raíz de las contestaciones, el representante Rodríguez Aguiló le recordó a la funcionaria que estaba bajo juramento. A tales efectos enmendó su testimonio.
“La investigación con respecto a las alegaciones que salieron en la prensa, respecto a suministros para propósitos políticos- partidistas, antes del 28 de enero, cuando es que recibimos la carta del representante Hernández ya se había identificado como un área respecto al cual se tenía que ampliar la investigación. Ya yo había discutido con la directora de la División de Integridad Pública que deberíamos ampliar la investigación para esos propósitos. Una vez llega la carta del representante Hernández, propiamente se abre una investigación aparte con número y expediente separado”, contestó.
La exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos alegó que su despido fue como consecuencia de la suspensión preventiva que hizo con la administradora de la Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones a la cual se le imputa repartir suministros a los damnificados por los terremotos del sur- suroeste con la ayuda de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Evelyn Vázquez, Nelson Cruz y Jacqueline Rodríguez.
