El presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, el senador Héctor Martínez, urgió el miércoles de la Administración de los Tribunales y La Fortaleza, la máxima coordinación efectiva para garantizar que las vacantes en la Judicatura cumplan con el proceso de consejo y consentimiento del cuerpo legislativo.
“Tenemos que evitar a toda costa, que se sigan acumulando vacantes y que sea el ciudadano común el que se vea privado de su legítimo acceso a la justicia, ya que los tribunales no son ágiles por la falta de jueces que vean estos recursos. ¡Se hace imperativo actuar, y es ya!”, dijo Martínez en una comunicación escrita.
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Alegó que informes públicos señalan que hasta el 31 de enero pasado, la Rama Judicial tenía 44 vacantes en la judicatura, incluyendo 30 de jueces superiores, nueve municipales y cinco en el Tribunal de Apelaciones. Agregó que a las vacantes señaladas, se sumarían otras 11 este año por vencimiento de nombramiento, específicamente nueve superiores y dos del Tribunal de Apelaciones.
El senador confirmó que en su comisión no tiene ante su consideración nombramientos de jueces o fiscales, por lo que envió un firme mensaje a La Fortaleza y a la Administración de los Tribunales, sobre el descargo de las funciones constitucionales que se les han delegado al Senado.
“Con mucho respeto yo quiero advertir, que en el descargo de su función constitucional, el Senado es y será muy estricto en evaluar los nombramientos que se sometan y ejercerá con total aplomo y vigor, la autoridad delegada de consejo y consentimiento. Resta poco tiempo de sesión, pero eso no significa que actuaremos con prisa, como tampoco nos prestaremos a dar nuestro consentimiento sin el rigor que requieren los nombramientos de la Rama Judicial”, advirtió el legislador en una comunicación escrita.
A juicio del senador novoprogresista, esta situación que catalogó como “grave”, plantea que el sistema judicial puede estar presentando una seria dilación en la atención de los recursos extraordinarios, como en el examen de las pensiones alimentarias entre otros, por la sobrecarga de trabajo de los jueces en funciones.
Enfatizó que restan sólo cuatro meses de la presente sesión legislativa, y al ser año electoral, no habrá una segunda sesión a partir de agosto próximo.
“Estamos listos a proceder con las evaluaciones según nos sometan los nombramientos, pero lo que no debe permitirse, es que sea el ciudadano, la mujer jefa de familia y las personas que defienden su inocencia, los que paguen por una situación que luce ser administrativa”, agregó el legislador.
