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Tras sufrir una alergia severa y daños respiratorios mientras trabajaba con agroquímicos experimentales para la semillera multinacional Monsanto, la agrónoma boricua Iris Pellot demandó a esta empresa por alegadamente causarle daño “intencional y negligente”, así como violar sus derechos constitucionales. La vista inicial fue el viernes, 24 de enero.
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Sentada en uno de los bancos de la sala 601 del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, Pellot estaba abrazada a dos de sus hijos mientras lloraba. Les decía que estaba nerviosa por causa de la vista que iba a comenzar ante el juez Miguel Trabal Cuevas. Abogados de Monsanto y de los dos supervisores demandados (Eric Torres, exgerente de operaciones de la empresa, y Oscar Sparks, quien dirigía los experimentos desde la sede de la multinacional en Misuri) habían radicado una moción para que el juez desestimara la demanda.
Los abogados de Monsanto alegaron durante la vista que la demanda no tiene fundamento porque a la semillera y a los supervisores los cobija la inmunidad patronal absoluta, ya que estaban asegurados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Esta entidad gubernamental, que atiende a trabajadores que han sufrido accidentes en el entorno laboral, dio tratamientos y compensaciones a la demandante entre 2012 y 2019.
Judith Berkan, abogada de Pellot, expuso en el tribunal que la inmunidad que otorga la Ley 45 a los patronos asegurados no aplica en ciertas excepciones, como cuando existe la intención de cometer actos que pueden hacer daño a sus empleados, según jurisprudencia del Tribunal Supremo expresada en casos como Segarra Hernández vs Royal Bank. La abogada explicó que, en este caso, esa intencionalidad se refleja luego de que su clienta fuera expuesta a trabajar con unos productos químicos con formulaciones que no estaban autorizadas para uso en Estados Unidos y sus territorios.
“Yo planteo que esto es un caso inusual, insólito”, sostuvo Berkan. “Monsanto expuso a una mujer embarazada a estos experimentos. Ella pidió equipos necesarios para protegerse de un producto que no estaba autorizado y no se los dieron”, añadió. Pellot y sus hijos de 20, 11 y 10 años solicitan en conjunto sobre $3.5 millones de dólares en daños físicos y morales.
En momentos en que la agrónoma egresada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez llevaba su tercer embarazo, su patrono le ordenó trabajar en el proyecto especial. Tenía que hacer pruebas con un maíz modificado genéticamente y su resistencia a herbicidas. Las semillas las desarrollaba la sede de la multinacional en Misuri, que pagaba a Monsanto Caribe para experimentar en terrenos que alquilaba a la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Isabela. Pellot comenzó en 2010 a sentir los primeros síntomas que terminaron en un shock anafiláctico (alergia muy severa) y asma bronquial.
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Algunas de estas experiencias las adelantó al Centro de Periodismo Investigativo en 2017 en la serie Paraíso transgénico. Esta investigación encontró que Puerto Rico es el lugar que hace más experimentos con semillas modificadas genéticamente en Estados Unidos y sus territorios. El objetivo principal de estas pruebas, que se llevan a cabo en gran parte de las mejores tierras cultivables de la isla, es hacer las semillas resistentes a los herbicidas. Las empresas que hacen estos experimentos recibieron más subsidios que los impuestos que pagaron en Puerto Rico a un gobierno sumido en su peor crisis fiscal.
Berkan sometió una moción solicitando al juez que deniegue la solicitud de desestimación y que Monsanto responda a las preguntas que le hace en la demanda. Para revocar la inmunidad patronal, el demandante tiene que hacer señalamientos específicos que ilustren el supuesto daño intencional directo a Pellot, algo que no contiene el documento de la demanda, según los abogados de Monsanto. Al solicitar la abogada de Pellot descubrimiento de prueba sin tener esos señalamientos específicos, los demandantes están en una “expedición de pesca para ver si tiene un caso”, opinó el abogado Albeniz Couret-Fuentes, del bufete Sepulvado, Maldonado y Couret, uno de los que defiende a Monsanto Company.
Monsanto ha suplido sobre 3,000 páginas ante peticiones de información de los demandantes, pero no informan sobre las formulaciones químicas que alegadamente causaron un daño a su cliente, según Berkan. Durante sus experimentos con la multinacional, Pellot vio unos documentos relacionados al proyecto especial que indicaban que el ingrediente activo de uno de los herbicidas que usaba era Haloxyfob R-methyl. Este ha demostrado causar toxicidad crónica en los sistemas reproductivos de las ratas y anormalidades en el desarrollo de sus fetos, según un artículo científico publicado en 1995 por el portal EXTOXNET, una red de información sobre pesticidas en el que participan universidades como Cornell University, Michigan State University, Oregon State University y University of California at Davis.
La demanda de Pellot cuestiona las protecciones jurídicas a la inmunidad y la protección patronal ante los alegados actos intencionales de violar la ley. El caso se diferencia así del de decenas de miles de personas en Estados Unidos que demandan a la semillera Monsanto, ahora Bayer, por los supuestos de que su herbicida estrella mercadeado bajo la marca Roundup es cancerígeno.
El juez Trabal Cuevas adelantó que, si acepta celebrar un juicio contra la empresa, este sería un caso altamente técnico. Requirió a las partes que lleven traductores si van a utilizar peritos que no hablen español. El juez debe decidir — aunque no existe término de tiempo en esta etapa del proceso — si acoge la solicitud de sentencia sumaria de Monsanto para rechazar las peticiones de la agrónoma y sus hijos o si le ordena a la empresa que conteste las alegaciones de la demanda que radicó Pellot.
La abogada Judith Berkan es parte de la Junta de Directores del CPI
